La Digital Markets Act encara su primera revisión formal en un momento incómodo. Mientras Bruselas evalúa el impacto inicial del reglamento sobre las grandes plataformas digitales, la inteligencia artificial y la infraestructura cloud avanzan a una velocidad que desborda las categorías para las que el marco fue diseñado. El resultado no es una crisis abierta del DMA, pero sí una sensación creciente de desajuste entre regulación y realidad tecnológica.
La Comisión Europea ha publicado el resumen y las contribuciones completas recibidas en la consulta pública sobre la revisión en curso del DMA . El gesto es procedimental y estaba previsto en el calendario normativo: el informe de evaluación deberá presentarse antes de mayo de 2026. Sin embargo, el interés informativo no está en el acto, sino en el diagnóstico implícito que emerge de las más de 450 respuestas recopiladas .
Más allá del volumen de participación, el documento refleja un consenso amplio sobre los objetivos del reglamento y, al mismo tiempo, una incomodidad creciente con sus límites. Pocas voces discuten ya la necesidad de intervenir ex ante sobre los grandes intermediarios digitales. La discusión se desplaza hacia otro terreno: si el DMA , concebido para ordenar mercados digitales maduros, puede adaptarse a un ecosistema cada vez más definido por modelos de inteligencia artificial y capas de infraestructura invisibles.
Un consenso que se rompe en la ejecución
Las aportaciones coinciden en algo esencial: el impacto real del DMA depende menos de su arquitectura jurídica que de su aplicación efectiva. SMEs, organizaciones de la sociedad civil y académicos reconocen avances tangibles, desde mayores opciones de elección en navegadores hasta nuevas posibilidades de distribución de aplicaciones. Sin embargo, ese reconocimiento convive con una sensación persistente de que muchas obligaciones se quedan en la superficie.
Interoperabilidad, acceso a datos y portabilidad aparecen de forma recurrente como ámbitos donde la diferencia entre cumplimiento formal y efecto práctico sigue siendo notable. En contraste, los gatekeepers subrayan costes operativos elevados, riesgos para la seguridad y una pérdida de previsibilidad jurídica. No es una discusión sobre si regular, sino sobre cómo hacerlo sin generar efectos colaterales difíciles de revertir.
Este desplazamiento del conflicto es relevante. El DMA ya no se debate en términos ideológicos, sino técnicos y procedimentales. Y eso eleva el nivel de complejidad para el regulador europeo, que debe arbitrar entre demandas contradictorias sin disponer todavía de series largas de datos empíricos.
AI y cloud, los grandes puntos ciegos
Donde el consenso se diluye con mayor rapidez es en la relación entre el DMA y la inteligencia artificial. Una parte significativa de los participantes considera que muchas funcionalidades basadas en AI ya encajan dentro de las categorías existentes de servicios básicos de plataforma, como motores de búsqueda, sistemas operativos o intermediación online. Desde esta perspectiva, no haría falta ampliar el perímetro del reglamento, sino aplicarlo con mayor claridad y rigor.
Otros, en cambio, defienden la creación de nuevas categorías específicas para servicios de AI, alineadas con definiciones del AI Act. El argumento es que los modelos fundacionales y los chatbots generativos introducen dinámicas competitivas distintas, donde el acceso a datos, la integración vertical y la dependencia de infraestructuras subyacentes adquieren un peso estructural.
El cloud aparece como un problema aún más incómodo. Aunque formalmente está contemplado en el DMA, ningún proveedor ha sido designado hasta ahora como gatekeeper en este ámbito. Para muchos SMEs y usuarios empresariales, esta ausencia deja sin abordar cuestiones clave como la interoperabilidad real, los costes de switching o la portabilidad de datos en entornos críticos para la AI. Desde el otro lado, se advierte que los mercados cloud no presentan necesariamente dinámicas de tipping comparables a otros servicios digitales.
El debate deja al descubierto una limitación estructural del marco actual: regular la superficie de los mercados digitales sin entrar en la infraestructura que los hace posibles.
De la política a la ingeniería regulatoria
Otro elemento que emerge con fuerza es la asimetría de información entre regulador y regulados. Muchas contribuciones señalan que la Comisión depende en exceso de datos autodeclarados por los propios gatekeepers, especialmente en fases de designación y verificación de cumplimiento. De ahí las propuestas de auditorías independientes, plantillas estandarizadas y mayor transparencia sobre prioridades de enforcement.
Los gatekeepers, por su parte, reclaman procedimientos más previsibles y menos solapamientos con otras normas europeas, desde el RGPD hasta la Data Act. La acumulación de marcos regulatorios empieza a generar fricciones operativas que no siempre son visibles desde fuera, pero que influyen en decisiones de diseño de producto y despliegue tecnológico.
Esta tensión revela un cambio de fase. El debate ya no gira en torno a grandes principios, sino a la “ingeniería” del cumplimiento: plazos, estándares técnicos, mecanismos de prueba y canales de interlocución. En ese terreno, cada ajuste tiene consecuencias económicas directas.
SMEs frente a ecosistemas integrados
Las diferencias entre SMEs y grandes plataformas atraviesan casi todas las secciones del documento. Para muchas empresas más pequeñas, el DMA sigue sin traducirse en una reducción efectiva del poder de negociación de los grandes ecosistemas digitales. Persisten, según estas aportaciones, prácticas de auto-preferencia menos visibles, integraciones técnicas que favorecen servicios propios y flujos de consentimiento diseñados de forma que limitan la elección real del usuario.
Los gatekeepers responden que muchas de estas decisiones están condicionadas por requisitos de seguridad, privacidad o experiencia de usuario, y que una aplicación excesivamente rígida del DMA puede erosionar estos elementos. El choque no es trivial: enfrenta dos lecturas distintas sobre dónde empieza y termina la responsabilidad regulatoria en sistemas digitales complejos.
Un calendario que añade presión
Todo este debate se produce con un horizonte temporal claro. El informe de revisión debe presentarse antes de mayo de 2026, cuando el DMA apenas habrá acumulado algo más de dos años de aplicación efectiva. Para algunos, este plazo es insuficiente para evaluar impactos estructurales. Para otros, es precisamente ahora cuando conviene ajustar el marco antes de que se consoliden nuevas posiciones dominantes en AI y cloud.
La Comisión se mueve, así, en un equilibrio delicado. Si actúa con demasiada rapidez, corre el riesgo de intervenir en mercados todavía inestables. Si espera demasiado, puede encontrarse regulando dinámicas ya cristalizadas.
Una regulación que llega antes que las respuestas
La publicación del resumen de la consulta no cierra ningún debate, pero sí deja claras las líneas de tensión que marcarán la próxima fase del DMA. La norma parece haber superado su primera prueba política, pero entra ahora en una fase más exigente, donde la adaptación tecnológica y la capacidad de enforcement serán determinantes.
La incógnita no es si el DMA sobrevivirá a esta revisión, sino si será capaz de evolucionar al ritmo de una economía digital cada vez más definida por infraestructuras invisibles y sistemas de inteligencia artificial profundamente integrados. Esa respuesta no llegará con este documento, pero empieza a esbozarse en sus márgenes.
