La digitalización de las admiistraciones públicas en España ha dejado de ser una declaración de intenciones para convertirse en una infraestructura de ejecución diaria. La Abogacía General del Estado ha dado un paso significativo en esta dirección al integrar TEMIS, una aplicación de inteligencia artificial diseñada para localizar y analizar demandas anteriores con una velocidad que la capacidad humana, por pura escala, no puede alcanzar. Este movimiento no solo responde a una necesidad de eficiencia operativa, sino que sitúa a la institución en el centro de un debate latente en el sector legal: cómo delegar la fase de procesamiento de datos en algoritmos sin diluir la responsabilidad del criterio jurídico.
El proyecto nace de una licitación adjudicada en 2025 a Telefónica, que ha actuado como integrador y socio tecnológico principal. El desarrollo se ha ejecutado a través de su unidad de negocios digitales, Telefónica Tech, en estrecha colaboración con IBM. La arquitectura del sistema se apoya en la plataforma IBM watsonx, un motor que permite la organización y clasificación de un volumen documental que, hasta ahora, dependía en gran medida de sistemas de búsqueda más tradicionales o de la memoria institucional de sus profesionales.
La arquitectura de TEMIS no es meramente un repositorio indexado. Utiliza capacidades avanzadas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para identificar casos comparables, extrayendo similitudes y diferencias relevantes entre procesos judiciales actuales y precedentes históricos. En la práctica, esto supone que un abogado del Estado puede enfrentarse a una demanda nueva contando con un análisis previo de cómo se resolvieron conflictos análogos en el pasado. No se trata de una automatización de la decisión, sino de una curación inteligente de la información para fundamentar la respuesta. Sin embargo, esta eficiencia introduce un matiz crítico: la dependencia de la calidad del dato histórico y la capacidad de la IA para interpretar contextos legales que, a menudo, son ambiguos o sujetos a cambios jurisprudenciales.
Almudena Bonet, responsable de producto de IA en Telefónica Tech, señala que la herramienta permite a los profesionales descargarse de tareas repetitivas, reduciendo los tiempos en el análisis de procesos operativos. Esta descarga de trabajo administrativo es, precisamente, uno de los pilares de la competitividad en la Administración Pública actual. Al automatizar el triaje de información, se busca que el valor añadido del funcionario se desplace hacia la estrategia jurídica pura. Jacobo Garnacho, de IBM, apunta en una dirección similar al subrayar que la tecnología debe adaptarse al flujo de trabajo del jurista y no a la inversa, permitiendo que el tiempo se dedique a analizar y decidir.
Desde un punto de vista técnico, TEMIS se asienta sobre la nube de IBM y emplea agentes virtuales configurados para comprender el contenido contextual de los documentos. La escalabilidad es un factor determinante en el diseño; el sistema está concebido para crecer a medida que se incorporan nuevos conjuntos documentales. Pese a esta ambición de crecimiento, el despliegue se ha realizado bajo un estricto marco de seguridad. La plataforma opera sin procesar datos personales, trabajando exclusivamente con información anonimizada o desprovista de identificadores, una exigencia innegociable cuando se trata de expedientes de la Administración Pública.
Este enfoque en la protección de datos refleja una de las tensiones más evidentes en la implementación de IA a gran escala: el equilibrio entre la potencia del modelo y la soberanía del dato. La arquitectura de TEMIS asegura la trazabilidad y la transparencia en el ciclo de vida de los modelos, un aspecto que David Vilas, de la Abogacía del Estado, destaca como parte de una estrategia donde el rigor y la supervisión profesional siguen siendo el eje vertebrador. Aunque la IA generativa tiene el poder de transformar la gestión pública, su éxito en entornos tan sensibles como el jurídico depende de que el sistema sea capaz de mostrar «por qué» ofrece un resultado determinado, permitiendo la auditoría humana constante.
El impacto de esta tecnología en el sector legal español podría actuar como un catalizador para otros organismos. La capacidad de TEMIS para navegar por la complejidad normativa y documental ofrece un precedente sobre cómo las grandes corporaciones tecnológicas pueden hibridar sus soluciones (la conectividad y servicios de Telefónica con la computación cognitiva de IBM) para resolver problemas específicos del sector público.
No obstante, el despliegue de estas herramientas abre interrogantes sobre la homogeneización del criterio jurídico. Si todos los abogados del Estado consultan la misma base de datos procesada por el mismo algoritmo, cabe preguntarse si se corre el riesgo de crear un sesgo de confirmación institucional o si, por el contrario, se logrará una consistencia jurídica sin precedentes que beneficie la seguridad jurídica del Estado.
La implementación de TEMIS es, en esencia, un experimento de escala. La herramienta está diseñada para ser flexible y adaptarse a distintos ámbitos de trabajo dentro de la organización, lo que sugiere que su uso podría extenderse a otras áreas de la asistencia jurídica al Estado. La IA aquí no se presenta como un sustituto del pensamiento crítico, sino como un exoesqueleto informativo que permite al abogado manejar una complejidad que antes era inabarcable en los plazos que exige la justicia moderna.
A medida que la aplicación se asiente en el catálogo de servicios de la Abogacía, la verdadera métrica de su éxito no será solo el tiempo ahorrado en búsquedas, sino la calidad y solidez de las defensas jurídicas presentadas. La tecnología está servida y la estructura de gobernanza parece sólida, pero la evolución de la jurisprudencia en un entorno cada vez más automatizado sigue siendo un terreno por explorar. Queda por ver cómo evolucionará la interacción entre el algoritmo y el jurista cuando surjan casos donde el precedente, precisamente, deba ser desafiado por una nueva interpretación de la ley.
