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EE. UU. estudia entrada en Intel con inversión estatal en plena reorganización industrial

EE. UU. estudia entrada en Intel con inversión estatal en plena reorganización industrial

  • El Gobierno de EE. UU. negocia adquirir una participación en Intel para respaldar su planta en Ohio, en una estrategia de intervención estatal en sectores críticos.
Lip-Bu Tan, CEO, Intel

El Gobierno de Estados Unidos mantiene conversaciones con Intel Corporation para adquirir una participación directa en el fabricante de semiconductores, según personas familiarizadas con las deliberaciones. La posible operación, aún en fase preliminar, forma parte de una estrategia más amplia de intervención estatal en sectores considerados críticos para la seguridad nacional.

La iniciativa busca apuntalar la construcción del centro de fabricación de Intel en Ohio, proyecto que ha sufrido múltiples retrasos y que, en su momento, fue presentado como la futura mayor instalación mundial de producción de chips. Aunque no se ha determinado el volumen de la participación que adquiriría el Estado, fuentes consultadas por Bloomberg indicaron que el gobierno asumiría el coste de la inversión con recursos públicos.

Origen político y tensiones en la cúpula directiva

Las negociaciones se producen tras una semana de fricción entre la Casa Blanca y la cúpula de Intel. El presidente Donald Trump instó recientemente al relevo del actual consejero delegado, Lip-Bu Tan, alegando supuestos conflictos de interés por sus vínculos previos con China. La propuesta de participación estatal se habría planteado en una reunión mantenida entre Trump y Tan, en la que se discutieron varias fórmulas de apoyo gubernamental a la empresa, según las mismas fuentes.

Pese a las presiones públicas, Tan continúa al frente de Intel desde marzo, tras sustituir a Pat Gelsinger. Desde su nombramiento, ha priorizado medidas de ajuste financiero para hacer frente a la pérdida de cuota de mercado y al deterioro de las finanzas corporativas.

Precedentes y estrategia industrial

Esta operación se enmarca en una serie de intervenciones directas del Ejecutivo estadounidense en empresas estratégicas. Bajo la actual administración, el Gobierno ha acordado participar en los ingresos por exportaciones de semiconductores a China, y ha tomado una «acción dorada» en United States Steel Corporation, facilitando así su adquisición por parte de un grupo japonés.

En otro ejemplo reciente, el Departamento de Defensa anunció la adquisición de acciones preferentes valoradas en 400 millones de dólares en MP Materials Corp., empresa especializada en tierras raras. Esta medida convirtió al Pentágono en el principal accionista de la compañía y marcó un giro en la relación tradicional entre el Estado y la industria.

Según declaró Geoffrey Gertz, investigador principal del Center for a New American Security, a Bloomberg Television, el Gobierno está adoptando un enfoque cada vez más activo en la política industrial. “En los últimos meses hemos visto una política económica mucho más intervencionista”, afirmó Gertz, aludiendo al creciente protagonismo estatal en sectores considerados estratégicos.

Impacto bursátil y cautela oficial

Tras conocerse las conversaciones, las acciones de Intel subieron hasta un 8,9% durante la jornada bursátil del jueves y cerraron con un alza del 7,4%, situándose en 23,86 dólares por título. La capitalización bursátil de la empresa alcanzó aproximadamente los 104.400 millones de dólares. En operaciones posteriores al cierre, los títulos avanzaron otro 4%.

Un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, declaró que “las discusiones sobre acuerdos hipotéticos deben considerarse especulativas hasta que exista un anuncio oficial”. Intel, por su parte, evitó comentar sobre la posible participación gubernamental, aunque en un comunicado señaló su disposición a colaborar con la Administración en la mejora del liderazgo tecnológico y productivo de Estados Unidos.

Condiciones financieras y perspectivas del proyecto en Ohio

La compañía estadounidense se había posicionado como uno de los principales receptores de los fondos asignados por la ley Chips and Science Act de 2022. Sin embargo, la implementación de dicho programa ha sido objeto de revisión bajo el nuevo mandato presidencial. El proyecto de Ohio, inicialmente previsto como una de las piezas centrales del plan de recuperación industrial de Intel, ha quedado pospuesto hasta la próxima década.

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En julio, Intel anunció una nueva ralentización del desarrollo del complejo, y desde entonces ha centrado sus esfuerzos en la estabilización de sus finanzas. La construcción del centro de fabricación requería una inversión inicial de decenas de miles de millones de dólares, en un contexto de competencia creciente con fabricantes asiáticos como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). La posibilidad de que TSMC operara las instalaciones como parte de una alianza fue explorada por la administración, aunque finalmente descartada por la propia firma taiwanesa.

Consideraciones políticas en un estado clave

Ohio desempeña un papel relevante en la política estadounidense. Trump ha ganado en este estado en las tres últimas elecciones presidenciales, y los republicanos lograron recuperar un escaño en el Senado en 2024. El actual vicepresidente, JD Vance, fue senador por ese estado. Además, el exsenador demócrata Sherrod Brown ha anunciado su intención de presentarse nuevamente, convirtiendo a Ohio en un escenario de fuerte disputa política.

El impulso a la planta de Intel en Ohio podría tener implicaciones en la dinámica electoral, al tratarse de uno de los proyectos industriales más ambiciosos de los últimos años. No obstante, el respaldo financiero por parte del Estado, si se concreta, supondría también una redefinición del modelo de colaboración público-privado en Estados Unidos.

Modelo híbrido de apoyo estatal

Según fuentes citadas por Bloomberg, algunos funcionarios de la administración están considerando replicar el modelo aplicado en MP Materials, que incluye participación accionarial, compras garantizadas, préstamos y apoyo financiero mixto. La intención sería dotar de mayor credibilidad a los proyectos ante los inversores privados, mientras se ofrece una garantía institucional sobre el uso de recursos públicos.

Este enfoque, sin precedentes en sectores como el de semiconductores, apunta a una mayor implicación del Estado en la orientación de la política industrial, en línea con iniciativas similares adoptadas por otras potencias económicas.

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