La Comisión Europea ha confirmado que el Data Act entrará en vigor el próximo 12 de septiembre, rechazando así las peticiones de la industria tecnológica que reclamaban un retraso de dos años. La normativa, que regula el acceso y uso de datos no personales generados por dispositivos conectados, es una de las piezas clave de la estrategia digital de la UE y tiene implicaciones directas en sectores industriales y de servicios en España.
La presión de la industria tecnológica
Según adelantó Euractiv, en agosto varias compañías tecnológicas, entre ellas SAP, Siemens y Schneider Electric, además de la patronal DigitalEurope y ocho asociaciones nacionales, solicitaron una moratoria en la aplicación del Data Act. Argumentaban que la normativa podría frenar la innovación y, en particular, afectar al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).
Las empresas también pidieron que la Comisión incluyera una revisión del reglamento dentro del futuro paquete legislativo de simplificación digital, conocido como “digital omnibus”, previsto para finales de este año. Según la industria, aplicar el Data Act sin modificaciones podría suponer un obstáculo para la competitividad europea en tecnologías basadas en datos.
La respuesta de Bruselas
La comisaria de Tecnología, Henna Virkkunen, respondió a estas demandas con una carta dirigida al eurodiputado verde Damian Boeselager, uno de los negociadores del Data Act en el Parlamento Europeo. En su misiva, reafirmó su compromiso con el calendario establecido y aseguró que la Comisión garantizará una implantación “suave y efectiva” de la ley desde su entrada en vigor en septiembre.
Boeselager, en una publicación en LinkedIn, interpretó la respuesta de Virkkunen como un claro apoyo a la norma y advirtió contra los intentos de los grandes fabricantes de aprovechar la agenda de simplificación para “reabrir el equilibrio alcanzado” en la negociación parlamentaria.
El alcance del Data Act
El Data Act regula cómo se accede, comparte y utiliza la información no personal generada por dispositivos conectados, desde electrodomésticos inteligentes hasta maquinaria industrial. La norma busca garantizar que los datos puedan ser reutilizados por diferentes actores del ecosistema digital, facilitando así la innovación y la competencia.
Para las empresas españolas, esto supone una oportunidad de acceso más equitativo a datos industriales que hasta ahora quedaban en manos de fabricantes o proveedores concretos. Al mismo tiempo, plantea un reto en términos de cumplimiento normativo y adaptación de modelos de negocio basados en la exclusividad de datos.
Implicaciones para la inteligencia artificial y la innovación
Uno de los puntos más controvertidos es el posible impacto del Data Act en el desarrollo de sistemas de IA entrenados con datos industriales. Las empresas que solicitaron el retraso alertan de que la obligatoriedad de compartir datos podría desincentivar la inversión en innovación y reducir los incentivos para generar ecosistemas propios de valor añadido.
No obstante, desde Bruselas se defiende que el acceso a datos más abierto y regulado puede, en realidad, estimular la innovación, permitiendo a startups y pymes competir en mejores condiciones frente a los grandes fabricantes. En un mercado como el español, donde la digitalización industrial avanza a un ritmo desigual, la norma puede convertirse en un catalizador de competitividad.
La estrategia europea en juego
El rechazo de la Comisión a modificar el calendario refleja una voluntad clara de consolidar el marco normativo digital europeo, que incluye además el AI Act y la Ley de Mercados Digitales (DMA). La apuesta de la UE es construir un espacio único de datos que refuerce la autonomía estratégica frente a Estados Unidos y China.
Para las empresas españolas, este escenario obliga a revisar estrategias de gobernanza de datos, inversión tecnológica y cumplimiento regulatorio. Las compañías que sepan anticipar y adaptarse al marco del Data Act podrán situarse en una posición ventajosa en la nueva economía de datos europea.
