La Comisión Europea ha impuesto a Google una multa récord de 2.950 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad digital, pese a la presión política ejercida desde Washington y las amenazas de represalias comerciales del presidente estadounidense Donald Trump.
La sanción, anunciada hoy en Bruselas, refleja la preocupación del Ejecutivo comunitario por los conflictos de interés derivados del control que ejerce el gigante tecnológico sobre gran parte de la cadena de valor publicitaria en internet.
Según la Comisión, Google habría favorecido sistemáticamente sus propios servicios de publicidad digital frente a los de sus competidores, perjudicando tanto a anunciantes como a medios de comunicación y editores en línea. El organismo comunitario subraya que la integración vertical de la compañía, que controla el software utilizado tanto por anunciantes como por editores para comprar y vender anuncios en la re, crea “conflictos de interés inherentes” que distorsionan el mercado.
POLITICO detalla que la decisión estuvo a punto de retrasarse, después de que el vicepresidente de la Comisión Maroš Šefčovič interviniera para frenar la publicación de la multa, ante las amenazas de nuevos aranceles por parte de la Casa Blanca. No obstante, finalmente la comisaria Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva del Ejecutivo comunitario, confirmó la sanción y advirtió de que Bruselas no dudará en imponer remedios estructurales si la compañía no ofrece soluciones creíbles.
Una disputa con implicaciones transatlánticas
La ofensiva europea contra Google se produce en un contexto de creciente tensión comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Desde su regreso a la presidencia en enero, Trump ha utilizado los aranceles como herramienta de presión en la política internacional, advirtiendo de represalias contra aquellas jurisdicciones que actúen contra las multinacionales estadounidenses.
La decisión de Bruselas no solo desafía esta estrategia, sino que también alinea a la UE con la posición del Departamento de Justicia de EE. UU., que mantiene un caso paralelo contra Google por monopolio en el mercado de la publicidad digital. En abril, un juez federal determinó que la empresa había mantenido ilegalmente su dominio en este sector y fijó para el 22 de septiembre el inicio del juicio, en el que se estudia incluso la posibilidad de obligar a la compañía a desprenderse de parte de sus activos publicitarios.
Posibles medidas estructurales en Europa
En Europa, Google tiene ahora 60 días, hasta principios de noviembre, para presentar un plan que resuelva los conflictos de interés identificados por la Comisión. Bruselas ha señalado que no descarta ordenar una separación obligatoria de los activos de publicidad digital si no considera satisfactorias las propuestas de la empresa.
Esta advertencia supone un paso más en la estrategia regulatoria comunitaria frente a los gigantes tecnológicos, y se enmarca en la aplicación del Reglamento de Mercados Digitales (DMA), en vigor desde marzo de 2024, que busca limitar los abusos de las grandes plataformas en sectores estratégicos como la publicidad, el comercio electrónico o los sistemas operativos móviles.
El precedente inmediato se remonta a 2023, cuando la Comisión ya avanzó que una desinversión parcial podría ser la única solución efectiva para evitar que Google continúe favoreciendo sus propios servicios.
Un historial de sanciones millonarias
La nueva multa se suma a la lista de sanciones impuestas a Google en la última década por la Comisión Europea. En 2017, la compañía fue condenada a pagar 2.420 millones de euros por favorecer su propio servicio de comparación de precios frente a la competencia. En 2018, se enfrentó a otra sanción de 4.340 millones por abusar de su posición dominante con Android, la mayor multa antimonopolio impuesta hasta la fecha en Europa.
La sanción actual, aunque inferior a la de Android, supera la de 2017 y refuerza la idea de que Bruselas busca endurecer su vigilancia sobre la economía digital y en particular sobre el ecosistema publicitario, del que dependen miles de empresas y medios de comunicación en Europa.
Reacción de Google y repercusiones empresariales
La compañía ha anunciado que recurrirá la decisión. Lee-Anne Mulholland, directora global de Asuntos Regulatorios de Google, calificó la sanción como “injustificada” y advirtió de que las medidas exigidas por Bruselas “perjudicarán a miles de empresas europeas al dificultar su capacidad para obtener ingresos”.
Para el tejido empresarial europeo, la resolución de este caso resulta clave. Por un lado, una eventual desinversión de Google en sus divisiones de publicidad podría abrir espacio para la entrada de nuevos competidores y dar más margen de maniobra a medios y anunciantes. Por otro, existe el riesgo de que la fragmentación del ecosistema publicitario complique la operativa y encarezca costes en el corto plazo.
Más allá de las implicaciones para Google, el caso refuerza el papel de la UE como referente regulador global en materia digital y marca un precedente para el futuro de la gobernanza tecnológica en Europa.
