Albania ha nombrado por primera vez a una inteligencia artificial como miembro de su gabinete, en un intento por reducir la corrupción en la adjudicación de contratos públicos. La nueva figura ministerial, denominada Diella, que significa “sol” en albanés, estará encargada de gestionar y resolver todos los procesos de contratación del Estado con empresas privadas, una competencia que, hasta ahora, ha estado marcada por numerosos escándalos en el país balcánico.
El anuncio fue realizado el jueves por el primer ministro Edi Rama durante la presentación de su nuevo Ejecutivo ante la Asamblea del Partido Socialista en Tirana, coincidiendo con el inicio de su cuarto mandato. Según declaró, Diella es “la primera integrante del gabinete que no está físicamente presente, sino que ha sido creada virtualmente mediante inteligencia artificial”.
La función principal de Diella será administrar, evaluar y adjudicar todos los concursos públicos del Gobierno, eliminando la intervención directa de los ministerios implicados. Rama afirmó que este nuevo modelo se implementará de forma gradual, con el objetivo declarado de hacer que los fondos públicos gestionados a través de licitaciones sean “100% legibles” y libres de cualquier interferencia. Fuente: Reuters.
Desvinculación de los ministerios y centralización digital
La plataforma e-Albania, donde Diella ya operaba desde principios de 2025 como asistente virtual, es el soporte técnico a través del cual se formalizará su nueva competencia. Desde su lanzamiento, esta asistente ha estado facilitando a ciudadanos y empresas la obtención de documentos oficiales, resolviendo trámites burocráticos mediante comandos de voz y generando certificados con firma electrónica.
Ahora, su rol se amplía sustancialmente: se convierte en la única responsable de examinar las propuestas presentadas por proveedores privados en las licitaciones públicas. “Diella es la servidora de la contratación pública”, aseguró Rama durante su intervención. El proceso de adjudicación pasará a estar completamente digitalizado y centralizado en este agente virtual, excluyendo la discrecionalidad humana de las decisiones contractuales.
Una medida sin precedentes en un entorno con antecedentes
El uso de inteligencia artificial para asumir tareas ejecutivas en el Gobierno plantea diversas implicaciones jurídicas, políticas y éticas. Albania se convierte así en el primer país del mundo en designar formalmente a una entidad digital como responsable ministerial. A diferencia de otros países que han nombrado ministros dedicados a temas de inteligencia artificial, en este caso la IA no es objeto, sino sujeto activo del cargo.
La contratación pública ha sido uno de los principales focos de corrupción en Albania. Según The Guardian, diversas investigaciones han vinculado estas prácticas con redes de criminalidad organizada dedicadas al tráfico de armas y drogas, que emplearían los contratos estatales como mecanismos de blanqueo de capitales. Esta percepción de corrupción sistémica ha sido reiteradamente señalada por la Comisión Europea en sus informes anuales sobre el Estado de derecho en Albania, y representa un obstáculo clave en las aspiraciones del país para ingresar en la Unión Europea antes de 2030.
Opacidad en los mecanismos de control
A pesar de las declaraciones del primer ministro, el Gobierno no ha facilitado detalles sobre la arquitectura técnica de Diella, ni sobre los mecanismos de supervisión humana o auditoría externa que se aplicarán para verificar la objetividad del algoritmo. Tampoco se ha especificado qué entidad, si alguna, será responsable en caso de errores o malfuncionamientos en los procesos de adjudicación gestionados por la IA.
La falta de transparencia ha suscitado críticas en redes sociales y medios locales. En palabras recogidas por Politico, algunos ciudadanos han mostrado escepticismo, cuestionando que incluso una inteligencia artificial podría acabar “corrompida” en el sistema albanés. Mientras tanto, algunos analistas advierten que el uso de tecnologías automatizadas en funciones gubernamentales sin regulación específica podría derivar en nuevas formas de opacidad, bajo una apariencia de neutralidad técnica.
Referencias tecnológicas y simbolismo visual
Diella mantiene una representación gráfica como avatar femenino vestido con trajes tradicionales albaneses, un diseño que ha sido parte de su interfaz desde su aparición en el portal e-Albania. Esta imagen se conserva en la actual implementación, aunque no se ha confirmado si sufrirá cambios en su nueva función ministerial.
Según Euronews, Diella también tendrá capacidad para incorporar talento internacional a su gestión, sin precisar en qué condiciones se llevaría a cabo dicha colaboración. El discurso gubernamental ha subrayado el carácter “no ficticio” del proyecto, si bien no se han publicado datos técnicos sobre los sistemas de entrenamiento, el modelo de IA empleado o las salvaguardas éticas integradas.
Riesgos y desafíos regulatorios
El caso albanés abre un debate en torno a la gobernanza algorítmica en el sector público. La externalización de decisiones clave del Estado a sistemas automatizados, sin regulación específica ni control institucional detallado, plantea desafíos similares a los que ya han sido discutidos en contextos como la justicia algorítmica o el uso de IA en seguridad pública.
Hasta el momento, no se ha conocido que el Parlamento albanés, elegido en mayo y previsto para reunirse en breve, haya debatido o aprobado un marco legal que regule esta figura, lo que genera incertidumbre sobre la legalidad de su nombramiento y las implicaciones para el equilibrio de poderes.
Implicaciones para el proceso de adhesión a la UE
La lucha contra la corrupción es uno de los requisitos fundamentales exigidos por la Unión Europea para los países candidatos a la adhesión. Albania, que figura actualmente en el puesto 80 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (2024), ha mantenido como prioridad política su ingreso en el bloque comunitario para el año 2030.
En este contexto, la introducción de Diella puede interpretarse como una medida destinada a mostrar avances en el cumplimiento de los estándares europeos de gobernanza, aunque su eficacia dependerá de factores aún desconocidos, como el grado de autonomía real del sistema, la trazabilidad de sus decisiones y la existencia de mecanismos de reclamación accesibles para los afectados por sus dictámenes.
