Dieciséis regiones europeas, responsables de cerca del 20% del PIB de la Unión Europea, han lanzado una advertencia directa a Bruselas: la industria renovable continental atraviesa un momento crítico y necesita apoyo inmediato. La declaración, presentada este martes en una reunión de alto nivel con representantes de la Comisión Europea, reclama medidas concretas para evitar el colapso de la fabricación de tecnologías limpias en Europa.
Navarra ha liderado la iniciativa, que cuenta con el respaldo de regiones como Baden-Württemberg, Emilia-Romagna, Nouvelle-Aquitaine o Cataluña. Todas ellas coinciden en un diagnóstico común: pese al crecimiento de la capacidad renovable instalada, la industria europea que debería sostener esa transición está siendo desplazada por fabricantes extracomunitarios, especialmente de China, India y Estados Unidos.
Según datos compartidos en la reunión, ni la Net Zero Industry Act (NZIA), ni el Wind Power Action Plan (WPAP), ni el European Solar Charter (ESC) han conseguido frenar la pérdida de competitividad. Las regiones denuncian que la regulación actual no garantiza una competencia equitativa, no protege la cadena de valor europea y no ofrece incentivos comparables a los de otras potencias industriales.
“Estamos siendo expulsados de nuestro propio mercado”, advierten los firmantes. Una afirmación que, aunque contundente, refleja una preocupación creciente en los sectores industriales europeos: la deslocalización de capacidades estratégicas y la pérdida de empleo en sectores clave como el eólico o el fotovoltaico.
La reunión, celebrada en Bruselas, contó con la presencia de Laia Pinós, asesora del vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, y Valvanera Ulargui, del gabinete de la vicepresidenta primera para una Transición Limpia y Competitiva, Teresa Ribera. Según Mikel Irujo, consejero de Industria del Gobierno de Navarra, la declaración fue bien recibida y se animó a las regiones a ampliar la coalición con más apoyos de Estados miembros.
El núcleo de la propuesta gira en torno al Clean Industrial Deal, una iniciativa aún en fase de definición que las regiones quieren convertir en un instrumento real de protección para la industria renovable europea. Entre las medidas reclamadas figuran mecanismos de apoyo directo a la fabricación, cláusulas de igualdad de condiciones en contratación pública, y una arquitectura industrial que refuerce la independencia energética de la UE.
El planteamiento conecta con uno de los debates más sensibles en la política industrial europea: cómo mantener la autonomía estratégica sin caer en proteccionismos que contravengan las normas de la OMC. La presión de los subsidios estadounidenses bajo la Inflation Reduction Act y la expansión tecnológica china han reconfigurado el tablero global, obligando a Europa a reconsiderar su modelo de apoyo a la industria.
En este contexto, las regiones firmantes insisten en que no se trata solo de proteger empleos, sino de preservar capacidades tecnológicas y de innovación que han tardado décadas en consolidarse. “Europa no puede liderar la transición energética si depende totalmente de tecnologías fabricadas fuera de sus fronteras”, reza el documento.
Navarra, con más de tres décadas de experiencia en el sector eólico, ha asumido un papel protagonista en esta ofensiva institucional. El consejero Irujo lo expresó sin rodeos: “El sector está en estado agonizante, se muere y ya no puede más”. Añadió que el tejido industrial renovable europeo combina pymes, grandes operadores, centros tecnológicos y universidades, y que todos ellos están en riesgo si no se actúa con rapidez.
Lo que está en juego, según los promotores de la declaración, no es solo la competitividad, sino la soberanía industrial de Europa. Un concepto que ha ganado tracción en los últimos años, especialmente tras la pandemia y la guerra en Ucrania, que evidenciaron la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales.
Pese a la gravedad del diagnóstico, las regiones no se limitan a señalar carencias. Proponen una hoja de ruta con medidas específicas, aplicables a corto plazo, que podrían integrarse en el diseño final del Clean Industrial Deal. Entre ellas, destacan incentivos a la producción local, criterios de sostenibilidad y origen en las licitaciones públicas, y fondos específicos para proteger el know-how europeo.
El reto, sin embargo, es político. La Comisión Europea deberá equilibrar las demandas de las regiones con las restricciones presupuestarias, las normas de competencia y las tensiones internas entre Estados miembros con intereses industriales divergentes. Alemania, por ejemplo, ha mostrado reticencias en el pasado a medidas que puedan interpretarse como ayudas de Estado encubiertas.
La declaración firmada en Bruselas es, en ese sentido, un intento de construir una base común desde el nivel regional, con el objetivo de influir en el diseño de la política industrial europea del próximo ciclo. “Seguiremos trabajando junto al clúster hasta conseguirlo”, afirmó Irujo, en referencia al Enercluster navarro, uno de los impulsores técnicos de la iniciativa.
En paralelo, el debate sobre el Clean Industrial Deal se intensificará en los próximos meses, a medida que se acerquen las elecciones europeas y se definan las prioridades del nuevo mandato. Las regiones firmantes esperan que su voz no quede diluida en ese proceso. Porque, como advirtió uno de los asistentes a la reunión, “la transición energética no puede construirse sobre una industria que desaparece”.
