El pasado 8 de enero, Irán ejecutó un apagón total de internet que dejó a sus 85 millones de habitantes sin conexión digital ni acceso a redes móviles, líneas fijas o servicios satelitales. La medida, según datos de la plataforma NetBlocks, recogidos por El País, alcanzó al 99% del tráfico nacional y coincidió con una nueva ola de protestas provocadas por el colapso del rial y una inflación descontrolada. A diferencia de cortes anteriores, esta vez el Gobierno iraní también bloqueó señales GPS e interrumpió el acceso a Starlink, el servicio de internet por satélite de SpaceX.
La sofisticación técnica del apagón sugiere una evolución en las capacidades represivas del régimen. Aunque no es la primera vez que Irán recurre a esta herramienta —hubo precedentes en 2019 y 2022—, la escala y profundidad del corte de este año ha sorprendido incluso a los expertos. Amir Rashidi, analista de seguridad digital, ha señalado que en algunas regiones del país se registró una pérdida de hasta el 80% en los paquetes de datos de Starlink, debido a interferencias deliberadas mediante técnicas de jamming. Estas interferencias, según diversas fuentes, podrían haber sido facilitadas con tecnología militar de origen ruso o chino.
El apagón no solo afectó a los canales tradicionales de comunicación. También inutilizó las VPN, una de las herramientas más comunes para sortear la censura. Proton VPN, proveedor suizo especializado en privacidad, confirmó una caída abrupta del tráfico desde Irán tras el inicio del corte. “La infraestructura que permite a la gente acceder a internet está siendo apagada por completo”, indicó la compañía en un comunicado.
La capacidad de ejecutar un apagón total depende, en gran medida, de la arquitectura de red del país. En sistemas altamente centralizados como el iraní, donde el Estado controla los principales proveedores de telecomunicaciones, basta con manipular el protocolo BGP (Border Gateway Protocol) para aislar digitalmente al país. A través del null routing, los routers descartan todo el tráfico destinado al exterior, haciendo que los datos desaparezcan antes de salir de la red nacional.
Esta estrategia no es exclusiva de Irán. Según el informe de 2024 de la ONG Access Now, el año pasado se registraron 296 apagones de internet en 54 países. India lideró la lista con 84 cortes, seguida de Myanmar (85) y Pakistán (21). África vivió su peor año en este ámbito, con 21 apagones en 15 países. Etiopía, con más de 30 cortes en la última década, encabeza el historial del continente.
Las motivaciones detrás de estos apagones varían. En algunos casos responden a conflictos armados, como en Ucrania o Gaza. En otros, a procesos electorales o protestas sociales. Incluso se han documentado cortes preventivos durante exámenes escolares, como ocurrió en Argelia, Jordania o Siria. En todos los casos, el patrón es similar: controlar el flujo de información en momentos de tensión política o social.
Rebecca White, portavoz de Amnistía Internacional, lo resume así: “Los cortes de internet sumergen a la gente en oscuridad digital, bloqueando a quienes están dentro del país de recibir información o compartirla con el mundo exterior”. La organización recuerda que estas medidas son desproporcionadas según el derecho internacional y no deberían aplicarse ni siquiera en situaciones de emergencia.
A pesar de ello, las consecuencias legales para los gobiernos que imponen estos apagones son escasas. El caso de Nigeria representa una excepción: tras un litigio impulsado por la sociedad civil, los tribunales declararon ilegal un apagón decretado por el Ejecutivo y ordenaron su levantamiento. Sin embargo, este tipo de resoluciones son poco frecuentes y rara vez se replican en contextos autoritarios.
El caso iraní pone de relieve una tendencia preocupante: la creciente sofisticación tecnológica de los regímenes autoritarios para controlar el acceso a la información. Lo que antes eran cortes intermitentes o bloqueos parciales, ahora se ha convertido en apagones totales, capaces de inutilizar incluso redes satelitales. Y aunque las herramientas para sortear la censura siguen existiendo, su eficacia se reduce cuando el Estado controla cada nodo de la infraestructura digital.
En este escenario, el papel de las empresas tecnológicas y de los organismos internacionales se vuelve más complejo. Starlink, por ejemplo, ha ofrecido una vía de escape en algunos contextos, pero su efectividad depende de la capacidad de los usuarios para acceder al hardware necesario y de la posibilidad de evitar interferencias. En paralelo, las organizaciones de derechos digitales reclaman una mayor presión diplomática y legal contra los gobiernos que recurren a estos cortes como forma de represión.
El apagón de enero en Irán no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia global que combina control tecnológico, represión política y aislamiento informativo. Para los profesionales del sector tecnológico, plantea preguntas incómodas sobre la neutralidad de las infraestructuras, la resiliencia de las redes y el papel que pueden —o deben— jugar las empresas en contextos de censura masiva.
