La soberanía digital ha dejado de ser un concepto reservado a documentos estratégicos o debates académicos y empieza a ocupar un espacio central en las decisiones tecnológicas de gobiernos y grandes empresas europeas. No como una aspiración abstracta, sino como una cuestión operativa que afecta a dónde se almacenan los datos, quién los gestiona y bajo qué marcos legales. Esa es la lectura que hace Zscaler, que sitúa los próximos doce meses como un periodo especialmente sensible para traducir ese discurso en arquitectura tecnológica real.
La advertencia no llega en un vacío. El endurecimiento del contexto geopolítico, la fragmentación regulatoria y la creciente dependencia de infraestructuras digitales globales han reabierto preguntas que durante años parecían resueltas. ¿Hasta qué punto pueden las organizaciones europeas confiar en plataformas transnacionales para gestionar información crítica? ¿Qué significa, en términos prácticos, mantener el control efectivo de los datos?
Para Casper Klynge, vicepresidente y responsable de alianzas gubernamentales y política pública para EMEA en Zscaler, el cambio es visible tanto en Bruselas como en los consejos de administración. “Estamos siendo testigos de un giro estratégico entre los responsables políticos europeos en materia de tecnología e independencia digital. Hay un cambio claro en la psicología y en la percepción de los actores clave, tanto tecnológicos como políticos”, explica. No se trata solo de nuevas normas, sino de una forma distinta de evaluar riesgos y dependencias.
De la preocupación conceptual al impacto real
Durante años, la soberanía digital se abordó como un ideal a largo plazo, estrechamente vinculado a iniciativas industriales o a la promoción de campeones tecnológicos europeos. Sin embargo, ese enfoque empieza a mostrar sus límites. La interconexión de las cadenas digitales, la ubicuidad del cloud y la externalización masiva de servicios críticos han hecho evidente que la cuestión no es únicamente quién desarrolla la tecnología, sino cómo se gobierna su uso cotidiano.
“Las preocupaciones en torno a la soberanía digital son reales y están bien fundamentadas”, insiste Klynge. En su análisis, la incertidumbre geopolítica no actúa como un telón de fondo difuso, sino como un factor con consecuencias directas sobre infraestructuras, flujos de datos y continuidad operativa. La dependencia de cables submarinos, proveedores globales o jurisdicciones externas deja de ser un detalle técnico para convertirse en un elemento de riesgo estratégico.
Este replanteamiento afecta de forma especial a sectores regulados y a organizaciones que manejan información sensible, desde administraciones públicas hasta entidades financieras o empresas industriales con operaciones críticas. La pregunta ya no es si adoptar modelos en la nube, sino bajo qué condiciones y con qué garantías de control.
Datos privados, seguros y bajo control europeo
Uno de los ejes centrales de este debate es la localización y protección de la información. En un entorno donde los datos circulan entre múltiples plataformas y países, mantener la trazabilidad y el control efectivo se vuelve más complejo. Klynge lo resume de forma directa: “Los datos de Europa deben ser privados, seguros y locales”. Una formulación sencilla que, sin embargo, implica profundas transformaciones técnicas y organizativas.
Local no significa necesariamente aislado, matiza el directivo, sino gobernado bajo criterios claros de acceso, cifrado y cumplimiento normativo. La preocupación no se limita a la privacidad, sino que abarca la resiliencia frente a ciberataques, interrupciones derivadas de crisis internacionales o fallos en infraestructuras críticas. En ese contexto, la soberanía digital se cruza con la continuidad de negocio y la seguridad nacional.
Para las empresas, este enfoque exige revisar contratos, arquitecturas y dependencias heredadas. Muchas organizaciones descubren ahora hasta qué punto sus procesos clave dependen de servicios que operan fuera de su ámbito regulatorio natural. El ajuste no es inmediato ni trivial, y plantea tensiones entre eficiencia, coste y control.
Un mercado lleno de promesas “soberanas”
Zscaler anticipa que 2026 marcará un punto de inflexión. “Durante los próximos doce meses, la soberanía digital pasará decisivamente del nivel conceptual al nivel operativo”, señala Klynge. Ese tránsito, sin embargo, no estará exento de ruido. A medida que la demanda crece, también proliferan soluciones que se presentan como “soberanas” sin ofrecer garantías claras sobre su alcance real.
El riesgo, desde el punto de vista empresarial, es confundir etiquetado con sustancia. No todas las propuestas que prometen soberanía abordan de forma efectiva cuestiones como la gestión de claves, la visibilidad sobre los flujos de datos o la separación real de jurisdicciones. La carga de evaluar esas diferencias recae cada vez más en los clientes, que deben desarrollar criterio técnico y estratégico para no quedarse en el plano declarativo.
Aquí aparece una paradoja. Aunque el debate se articula en términos de autonomía europea, el ecosistema tecnológico sigue siendo global por definición. Excluir de forma indiscriminada a proveedores no europeos puede generar efectos contraproducentes, tanto en innovación como en seguridad.
Proveedores de confianza en un entorno fragmentado
Klynge advierte contra una lectura simplista del concepto de soberanía. “Es esencial evitar que todas las empresas tecnológicas no europeas sean tratadas de la misma forma, haciéndoles imposible operar en Europa”, sostiene. En su opinión, el foco debería ponerse en la capacidad real de los proveedores para alinearse con los objetivos europeos, más allá de su origen geográfico.
Esto introduce una distinción relevante entre dependencia y colaboración. Existen empresas globales que adaptan sus modelos para cumplir con requisitos estrictos de control de datos, transparencia y gobernanza. Para Zscaler, el reto regulatorio consiste en identificar y habilitar a esos actores que contribuyen a la soberanía “en la práctica y no solo en el discurso”.
La discusión no es menor. Un exceso de proteccionismo puede limitar el acceso a tecnologías avanzadas en un momento en el que las amenazas cibernéticas evolucionan con rapidez. Al mismo tiempo, una apertura sin condiciones puede socavar los objetivos de control que persigue la propia soberanía digital.
Empresas ante decisiones estructurales
Más allá del marco político, el impacto se deja sentir en la agenda de los CIO y CISO. La soberanía digital introduce una capa adicional de complejidad en decisiones que ya eran difíciles: migraciones a la nube, consolidación de proveedores, adopción de arquitecturas zero trust. La diferencia es que ahora esas decisiones se evalúan también en términos de autonomía estratégica.
Muchas organizaciones se enfrentan a un dilema práctico. Reconfigurar infraestructuras para ganar control puede implicar inversiones relevantes y cambios culturales. No hacerlo expone a riesgos difíciles de cuantificar, pero potencialmente críticos. Entre ambos extremos, se abre un espacio de soluciones híbridas y graduales, donde la soberanía no se plantea como un estado final, sino como un proceso continuo.
Un debate que no se cerrará en 2026
Aunque Zscaler sitúa el próximo año como decisivo, pocos actores esperan una resolución rápida. La soberanía digital no es un proyecto con fecha de entrega, sino un marco en evolución, condicionado por la tecnología, la política y la economía global. Las decisiones que se tomen ahora marcarán la capacidad de adaptación futura, pero no eliminarán la incertidumbre.
La cuestión de fondo sigue abierta. Hasta dónde puede y debe llegar Europa en la búsqueda de control sin renunciar a la interconexión que define la economía digital. En ese equilibrio inestable, gobiernos y empresas empiezan a asumir que la soberanía ya no es un concepto teórico. Es una variable más en la gestión del riesgo, y una que gana peso a medida que el entorno se vuelve menos predecible.
