La Comisión Europea se dispone a aprobar la próxima semana la Digital Networks Act (DNA), una norma largamente anticipada que altera de forma sustancial el equilibrio regulatorio que ha marcado al sector de las telecomunicaciones en Europa durante más de dos décadas.
Según el borrador de la Digital Networks Act al que han tenido acceso medios económicos europeos como elEconomista.es, el Ejecutivo comunitario asume buena parte de las demandas que la industria viene trasladando desde hace años para facilitar la consolidación y ganar escala operativa en el mercado único.
El debate que ha recorrido Bruselas en los últimos años gira en torno a la vigencia de un marco normativo concebido para maximizar las opciones del consumidor en un escenario muy distinto al actual, marcado por redes cada vez más intensivas en capital, una fragmentación nacional persistente y una presión competitiva creciente desde Estados Unidos y Asia. La Digital Networks Act toma partido por un cambio de orientación, aunque lo hace abriendo nuevas fricciones políticas y regulatorias.
Del consumidor al inversor: una inflexión doctrinal
Desde la liberalización del sector en los años noventa, la política comunitaria ha priorizado la reducción de precios y la entrada de nuevos operadores mediante una regulación intensiva. El Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, que ahora será derogado, cristalizó ese enfoque con un uso sistemático de remedios de competencia, obligaciones mayoristas y controles ex ante. El resultado ha sido un mercado con múltiples operadores por país, precios contenidos y, según reconoce la propia Comisión, retornos de inversión limitados.
La Digital Networks Act invierte ese razonamiento. El borrador plantea que no todas las infraestructuras pueden sostenerse económicamente en todos los mercados y que la consolidación, incluida la transfronteriza, puede ser una condición para mantener la calidad y el ritmo de despliegue. En consecuencia, se instruye a los reguladores a aplicar “medidas menos intrusivas” en operaciones de fusión y a evaluar explícitamente los incentivos de inversión y la resiliencia de las redes, no solo el impacto inmediato en la competencia minorista.
Este cambio responde a una presión sostenida de los grandes operadores europeos, que llevan años defendiendo la necesidad de ganar escala para competir con grupos estadounidenses o chinos, tanto en capacidad financiera como en músculo tecnológico. Informes sectoriales y análisis internos de la Comisión coinciden en que Europa invierte menos por habitante en redes que otras regiones avanzadas, pese a mantener una cobertura amplia.
Compras y fusiones: un terreno menos hostil
Uno de los efectos más visibles de la nueva ley será la reducción de las barreras regulatorias a las compras y fusiones entre telecos dentro de la Unión. Aunque la normativa de competencia seguirá vigente, la DNA suaviza el uso automático de remedios estructurales, como la obligación de vender activos o crear nuevos operadores virtuales, prácticas habituales en el pasado.
El texto propone un reequilibrio que tiene implicaciones directas para operaciones de gran calado, incluidas las de carácter paneuropeo, hasta ahora excepcionales. La Comisión reconoce que la fragmentación nacional ha limitado la aparición de grupos con capacidad de inversión comparable a la de sus homólogos globales, una debilidad que se vuelve más evidente con la llegada de tecnologías como el 5G avanzado, el edge computing o las futuras redes 6G.
El espectro como activo estratégico a largo plazo
El espectro radioeléctrico se convierte en uno de los pilares del nuevo enfoque. Según el borrador citado por Reuters, la regla general pasará a ser la concesión de derechos de uso por tiempo indefinido, una ruptura con el modelo europeo tradicional de licencias limitadas y subastadas periódicamente.
El argumento de Bruselas es que la previsibilidad regulatoria es clave para inversiones que se amortizan en décadas. “Una duración suficientemente larga de los derechos de uso del espectro debería aumentar la previsibilidad de la inversión”, señala el documento, que vincula este enfoque a un despliegue más rápido de redes y a la estabilidad necesaria para desarrollar mercados secundarios de compraventa y alquiler de frecuencias.
Para evitar el acaparamiento, la Comisión contempla salvaguardas como condiciones de use-it-or-share-it o lose-it, junto con obligaciones de despliegue. La intención es permitir flexibilidad sin bloquear el acceso a operadores más eficientes o innovadores, un equilibrio delicado que previsiblemente será objeto de debate en el Consejo y el Parlamento.
Neutralidad de la red: continuidad con matices
Pese a las presiones de parte de la industria, la DNA reafirma el principio de neutralidad de la red en Europa. El borrador mantiene la obligación de tratar todo el tráfico de Internet de forma equitativa, aunque introduce una flexibilidad limitada para servicios optimizados bajo condiciones estrictas, un matiz que podría abrir la puerta a ofertas especializadas sin alterar el marco general.
Esta continuidad responde, en parte, a las advertencias de organizaciones de consumidores y de la sociedad civil, que han señalado el riesgo de que la revisión del marco de telecomunicaciones reavive disputas ya zanjadas en torno al tráfico priorizado. La Comisión parece buscar una actualización técnica sin reabrir un frente político sensible.
Big Tech, fuera del foco coercitivo
Uno de los debates más intensos en los últimos años ha sido el llamado network cost contribution o fair share, la idea de que las grandes plataformas generadoras de tráfico contribuyan directamente a financiar las redes. El borrador de la DNA, según fuentes citadas por EUToday, se aparta de esa vía.
No habrá obligaciones vinculantes ni tasas específicas para los grandes proveedores de contenidos y servicios en la nube. En su lugar, la Comisión propone un marco voluntario de mejores prácticas, moderado por el regulador europeo, para fomentar la cooperación técnica en áreas como la resiliencia de red o la gestión de incidentes. Empresas como Google, Meta o Amazon quedan así fuera de un régimen coercitivo que había generado tensiones transatlánticas.
Este enfoque coincide con la posición expresada por la Comisión en 2025, cuando concluyó que imponer pagos obligatorios no era una solución viable para financiar el despliegue de 5G y banda ancha. Medios como Semafor han interpretado este giro como una desescalada regulatoria en un contexto geopolítico más sensible.
Seguridad y cadena de suministro: líneas rojas
El texto es más tajante en el ámbito de la seguridad, donde la Digital Networks Act introduce un criterio transversal que condiciona el acceso y la operativa en el mercado europeo a la solidez de la cadena de suministro. La norma vincula de forma explícita el uso de infraestructuras críticas y del espectro radioeléctrico al cumplimiento de exigencias reforzadas en materia de ciberseguridad, alineadas con la futura revisión de la legislación europea en este ámbito.
En ese marco, los proveedores considerados de alto riesgo podrían quedar sujetos a restricciones severas o directamente excluidos, una aproximación que busca homogeneizar criterios que hasta ahora se han aplicado de forma desigual entre Estados miembros y reducir vulnerabilidades en redes fijas y móviles de alcance estratégico.
Menos poder nacional, más coordinación europea
La DNA también redefine el reparto de competencias. La Comisión se reserva la capacidad de imponer obligaciones directamente a los operadores, un paso inédito que reduce el margen de maniobra de los reguladores nacionales. Estos pasarán a desempeñar un papel más centrado en la supervisión y el cumplimiento.
En paralelo, el organismo que agrupa a los reguladores, BEREC, verá reforzado su papel y se transformará en la Oficina de Redes Digitales. Entre sus nuevas funciones figuran la gestión de bases de datos de espectro y numeración, así como el Pasaporte Único Europeo, un mecanismo destinado a simplificar la entrada de operadores en varios Estados miembros mediante una única notificación administrativa.
Infraestructura, planificación y satélites
El texto incorpora además un Plan de Preparación de la Unión para Infraestructuras Digitales, concebido para identificar cuellos de botella, riesgos y necesidades de resiliencia a escala europea. En el ámbito de las redes fijas, introduce flexibilidad en el objetivo de sustituir el cobre por fibra antes de 2030, permitiendo prórrogas justificadas por circunstancias nacionales.
Otra novedad es la creación de un marco de autorización unificado para el espectro satelital, con el objetivo de facilitar servicios paneuropeos y reducir la fragmentación normativa en un segmento cada vez más relevante para la conectividad rural y la resiliencia.
El telón de fondo económico
El debate no se produce en el vacío. Según datos de la GSMA, las redes móviles europeas generaron en 2023 alrededor de 1,1 billones de euros en valor económico y más de tres millones de empleos, cerca del 5 % del PIB del continente. Sin embargo, el mismo informe señala que Europa avanza más lentamente que Norteamérica y Asia Oriental en adopción de 5G, en parte por barreras regulatorias y presión sobre los retornos de inversión.
La Comisión parece haber asumido que mantener el statu quo puede agravar ese desfase. El liderazgo político del giro corresponde al actual ejecutivo comunitario, presidido por Ursula von der Leyen, con la presentación formal del texto a cargo de la comisaria de Tecnología, Henna Virkkunen.
Un proceso legislativo con incógnitas
Tras su adopción por la Comisión, la propuesta iniciará el procedimiento legislativo ordinario. El Consejo y el Parlamento Europeo introducirán enmiendas, y no se descarta que Estados miembros recelen de una mayor centralización en ámbitos tradicionalmente nacionales, como el espectro. Algunas autoridades regulatorias ya han advertido, según Reuters, de un posible “asalto competencial”.
El calendario apunta a una entrada en vigor en torno a un año después de su aprobación definitiva. Para entonces, quedará por ver si el nuevo equilibrio entre competencia, inversión y seguridad logra el objetivo declarado de reforzar la competitividad europea sin reabrir conflictos sobre neutralidad de la red o soberanía regulatoria. La DNA no cierra el debate; lo desplaza a un terreno distinto, donde la escala y la resiliencia pesan tanto como el precio final para el usuario.
