La innovación en España atraviesa un momento de madurez contradictoria. Tras décadas de crecimiento gradual, el sistema ha alcanzado hitos presupuestarios sin precedentes, pero se enfrenta ahora a un techo de cristal que no depende de la disponibilidad de capital, sino de la capacidad operativa para digerirlo. Según los datos analizados por Zabala Innovation en su informe Radar 2026, la inversión en I+D alcanzó un máximo de 23.981 millones de euros en 2024, lo que representa un 1,5% del PIB.
Sin embargo, esta cifra, aunque histórica en términos nominales, palidece ante el objetivo europeo del 3% y el umbral del 2,12% fijado por la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) para 2027. El problema ya no parece ser cuánto dinero se pone sobre la mesa, sino con qué agilidad se transforma en impacto industrial y social.
El informe, que integra por primera vez análisis avanzados de la plataforma inteligente Kaila, revela una brecha de eficiencia que las estadísticas agregadas suelen enmascarar. España figura de manera recurrente entre los líderes de la Unión Europea en volumen absoluto de fondos captados, situándose en la tercera posición del ranking de retorno, solo por detrás de Alemania y Francia. No obstante, este liderato se desvanece cuando la métrica se ajusta al tamaño de la economía. En términos de retorno relativo al PIB o por población, España pierde posiciones frente a economías que demuestran una mayor «madurez estratégica».
Erik Zabala, CEO de Zabala Innovation, es tajante en este diagnóstico: «Captar mucho no es lo mismo que captar bien. Cuando el retorno se mide en relación con el PIB o la población es cuando se ve la verdadera madurez de un ecosistema». Según el directivo, es en la calidad de la ejecución y en la capacidad de convertir esos fondos en proyectos sólidos y escalables donde el país tiene su mayor margen de mejora. Esta visión coincide con la de Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria, quien defiende que la colaboración público-privada es la única palanca capaz de lograr que los fondos públicos «se traduzcan en proyectos reales, mayor autonomía tecnológica y competitividad empresarial».
La hegemonía de la periferia eficiente
El mapa autonómico de la innovación refuerza esta tesis de que el tamaño no es garantía de impacto. Mientras Madrid y Cataluña lideran las cifras absolutas de financiación lograda, con más de 3.000 y 2.200 millones de euros respectivamente entre finales de 2024 y 2025, el análisis de intensidad inversora dibuja una jerarquía distinta. Navarra, con un 2,34% de inversión en I+D sobre su PIB, y el País Vasco, con un 2,30%, se consolidan como los verdaderos motores de intensidad del país, superando la media nacional y situándose en estándares de regiones líderes europeas.
Esta especialización inteligente de los territorios del norte no es un fenómeno coyuntural. Responde a una arquitectura de colaboración público-privada que ha dejado de entenderse como un requisito burocrático para convertirse en una capacidad competitiva estructural. En estos ecosistemas, la I+D actúa como una infraestructura económica invisible que permite atraer talento y sostener sectores de alto valor añadido. En contraste, regiones como las Illes Balears o Canarias, a pesar de su dinamismo económico general, presentan niveles de intensidad innovadora por debajo del 0,5%, evidenciando una brecha estructural que condiciona su resiliencia ante crisis externas.
La correlación entre esta inversión y el bienestar social es nítida. Los datos cruzados entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Radar 2026 muestran que los territorios con mayor esfuerzo en conocimiento, como País Vasco, Madrid y Navarra, concentran simultáneamente los salarios medios más elevados del mercado laboral. Esta línea de tendencia ascendente confirma que la innovación es, ante todo, un determinante social: a mayor complejidad industrial, mayor productividad y, consecuentemente, mejores retribuciones.
Estos territorios han logrado lo que el Radar 2026 define como una «conexión sistémica». Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación, destaca que el modelo español debe ser capaz de «conectar la generación de conocimiento con los grandes retos económicos, sociales y geoestratégicos». En Navarra y País Vasco, esa conexión no es teórica; se traduce en una alineación estrecha entre las estrategias públicas y el tejido empresarial, lo que permite que la I+D actúe como una infraestructura económica invisible que sostiene salarios más altos y sectores industriales más resilientes.
El fin de la lógica de proyectos aislados
Uno de los cambios de paradigma más profundos que identifica el Radar 2026 es el tránsito de la financiación de proyectos aislados hacia la financiación de transformaciones sistémicas. Durante años, el sistema se basó en convocatorias competitivas de alcance limitado y duración anual. El nuevo ciclo, impulsado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y los fondos NextGenerationEU, ha forzado un giro hacia misiones estratégicas y grandes cadenas de valor.
Esta nueva lógica exige instrumentos financieros más sofisticados. La subvención a fondo perdido ya no es suficiente para abordar retos de escalado industrial. El actual mix financiero debe integrar préstamos, incentivos fiscales y mecanismos de coinversión. Daniel Calleja, director general de la Representación de la Comisión Europea en España, sitúa este reto en un tablero geopolítico mayor. «Cerrar la brecha que separa a Europa de otros actores globales es clave para nuestra competitividad», afirma Calleja, recordando que el Fondo Europeo para la Competitividad propuesto para el próximo marco financiero busca precisamente consolidar esa independencia tecnológica mediante un impulso continuado y masivo.
Sin embargo, el despliegue de estos fondos ha sido desigual. En el reparto de los fondos NextGenerationEU por comunidades autónomas, Cataluña lidera con más de 9.500 millones de euros, seguida por Madrid (8.620 millones) y Andalucía (7.974 millones). La clave para 2026, año que marca el cierre del periodo del MRR, será la capacidad de las administraciones para agilizar la tramitación de permisos y licencias que permitan que estas inversiones se traduzcan en proyectos ejecutables antes de que finalicen los plazos europeos.
Inteligencia Artificial: de la táctica a la estrategia soberana
En el centro de esta transformación se sitúa la Inteligencia Artificial (IA), que ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en una prioridad presupuestaria. El análisis sectorial del Radar 2026 muestra un repunte drástico en la aprobación de proyectos vinculados al ámbito digital y climático a partir de 2022, coincidiendo con el nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE. La IA no solo está optimizando procesos internos de las empresas, sino que está redefiniendo sectores completos, desde la salud hasta la energía.
A pesar del optimismo tecnológico, el informe advierte de una ralentización en la inversión empresarial europea en I+D, que creció apenas un 2,9% en 2024, un ritmo inferior al de sus principales competidores en Estados Unidos y Asia. Esta brecha de velocidad plantea un riesgo de soberanía tecnológica para el continente. Europa es excelente «haciendo ciencia con dinero», pero sigue encontrando dificultades para «hacer dinero con la ciencia», es decir, para escalar sus hallazgos de laboratorio hacia liderazgos industriales globales.
La oportunidad para España radica en su capacidad de coordinación. La arquitectura de programas como Horizonte Europa 2026-2027 evolucionará hacia una mayor simplificación y un enfoque más ambicioso basado en el impacto real. En este escenario, la competitividad territorial ya no se jugará en la capacidad de presentar muchas propuestas, sino en la habilidad para orquestar consorcios complejos que integren visión estratégica y ejecución rigurosa.
Un horizonte de incertidumbre operativa
El futuro de la innovación en España queda así vinculado a una incógnita de capacidad operativa. Con la vista puesta en el presupuesto europeo 2028-2034, que propone alcanzar los 2 billones de euros y centralizar los esfuerzos en un Fondo de Competitividad, las regiones deben fortalecer sus estructuras de gobernanza. La innovación ya no puede ser una política sectorial aislada; debe ser el eje vertebrador de una política industrial que combine descarbonización, digitalización y resiliencia.
Cuarenta años después del inicio de los primeros programas marco europeos, España ha demostrado que sabe construir un sistema científico de primer nivel. El reto para la próxima década es demostrar que puede liderar la ejecución de las grandes transiciones energéticas y digitales, convirtiendo la inversión récord actual en un bienestar duradero y una ventaja industrial indiscutible en el tablero global
