El ecosistema tecnológico continental atraviesa una fase de introspección forzada por la pérdida de terreno frente a potencias como Estados Unidos o China. En este escenario, la industria digital española ha decidido tomar la iniciativa para definir los contornos de lo que será la futura Ley Europea de Innovación.
El movimiento no es casual ni puramente administrativo; responde a una urgencia estructural que los informes de Mario Draghi y Enrico Letta ya señalaron con crudeza: Europa innova, pero no sabe escalar. El próximo 19 de marzo, Madrid se convertirá en el centro neurálgico de este debate con la celebración del I Foro Europeo de Innovación y Emprendimiento, una cita que plantea de forma implícita si el marco normativo actual es un soporte o un grillete para las compañías de crecimiento rápido.
La fragmentación del mercado único sigue siendo el principal obstáculo para que una startup nacida en Barcelona o Madrid compita en igualdad de condiciones con una de Silicon Valley. Para atajar esta disfunción, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa el denominado Régimen 28.
Esta iniciativa busca crear un marco regulatorio homogéneo que funcione como una «vía rápida» para el escalado transfronterizo, permitiendo que las empresas operen bajo un sello europeo único en lugar de lidiar con 27 legislaciones nacionales distintas. Es una propuesta ambiciosa que, sin embargo, despierta interrogantes sobre su implementación real y la cesión de soberanía regulatoria que implica para los Estados miembros.
El interés de las empresas españolas en este proceso es pragmático. Actualmente, cerca de un tercio de la inversión privada en I+D+i en España proviene del sector digital, un dato que otorga a la industria nacional una autoridad particular para exigir cambios en la arquitectura de gobernanza de la Unión. La alineación con el Innovation Act se percibe no solo como una necesidad burocrática, sino como la última oportunidad para que tecnologías estratégicas como la computación cuántica, los semiconductores y la deep tech encuentren un mercado de capitales y una regulación que no penalice el riesgo.
El dilema del escalado y la autonomía estratégica
La discusión en torno a la competitividad europea ha mutado. Ya no se trata únicamente de subvenciones o fondos de cohesión, sino de la supervivencia de un modelo económico que garantice la autonomía estratégica. El Foro que se celebrará en la sede de las instituciones europeas en Madrid llega en un momento donde la configuración de Horizonte Europa y el nuevo Fondo Europeo de Competitividad están en pleno proceso de diseño. Aquí es donde aparecen las tensiones: mientras las instituciones buscan armonizar, las empresas demandan agilidad.
Empresas de sectores críticos como la microelectrónica o la fotónica se enfrentan a ciclos de inversión masivos. Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, sostiene que Europa se encuentra en un punto de inflexión donde el entorno regulatorio debe favorecer la innovación en lugar de simplemente tutelarla. Esta visión choca a veces con la lentitud de los procesos legislativos en Bruselas, aunque la urgencia geoestratégica parece haber acelerado los calendarios. La participación de figuras como Manuel Heitor, responsable de la evaluación intermedia de Horizonte Europa, o Pierre Chastanet, de la unidad de microelectrónica de la Comisión, sugiere que el diálogo entre el regulador y el ejecutante tecnológico es ahora más estrecho que en legislaturas anteriores.
No obstante, el éxito del «Innovation Act» dependerá de su capacidad para integrar instrumentos horizontales que hasta ahora han funcionado de forma estanca. La compra pública innovadora, los incentivos fiscales y el acceso a financiación a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) son piezas de un rompecabezas que España intenta ensamblar desde una posición de liderazgo en el sur de Europa. La presencia en el foro de actores como el Grupo BEI y representantes de la Secretaría General de Innovación indica que la estrategia no solo es técnica, sino que cuenta con un respaldo financiero y político que busca trascender las fronteras nacionales.
Microchips y soberanía: el papel de la tecnología profunda
El enfoque en las deep tech y los semiconductores revela una preocupación latente por la dependencia externa. Si bien el Perte Chip en España ha intentado movilizar recursos, la verdadera escala se juega en el tablero europeo. El debate en Madrid abordará cómo las empresas españolas —desde gigantes de la ingeniería hasta startups especializadas en diseño de chips— pueden integrarse en las cadenas de valor que el «Innovation Act» pretende blindar.
Es una transición compleja. Por un lado, existe la voluntad de crear campeones europeos; por otro, la realidad de un mercado de capitales todavía inmaduro en comparación con el estadounidense. Las intervenciones de líderes de compañías como Semidynamics o Multiverse Computing en el foro aportarán la visión de quienes ya operan en la frontera del conocimiento y sufren, en primera persona, las fricciones de un sistema que a menudo prioriza la protección del dato sobre la velocidad de la computación.
La paradoja es evidente: Europa produce una cantidad ingente de conocimiento académico y patentes, pero la transferencia al mercado sigue siendo el talón de Aquiles del continente. El «Régimen 28» se presenta como la herramienta para romper esa inercia, aunque su éxito no está garantizado. La resistencia a la homogeneización fiscal o laboral en ciertos sectores de la UE podría diluir la eficacia de una ley que nace con la ambición de ser el equivalente tecnológico al mercado único de bienes y servicios.
Un nuevo mapa de alianzas en la industria digital
La colaboración entre centros tecnológicos como Eurecat o Vicomtech y empresas privadas como GMV o Inetum subraya un cambio de paradigma en la innovación española. Ya no se entiende la investigación como un proceso aislado, sino como una simbiosis necesaria para alcanzar la masa crítica exigida por Bruselas. Este alineamiento busca proyectar una voz única en la definición de las políticas que marcarán la próxima década, especialmente ante la renovación de los marcos de ayuda estatal y los criterios de concesión de los fondos de recuperación.
El I Foro Europeo de Innovación y Emprendimiento no parece ser un evento aislado, sino el inicio de una plataforma estable de presión y propuesta. La meta es transformar el conocimiento en crecimiento económico real, un objetivo que ha eludido a Europa durante las últimas dos décadas de revolución digital. El peso de la industria española en este debate podría determinar no solo el acceso a fondos, sino la capacidad de las empresas locales para liderar consorcios internacionales en áreas donde España ya destaca, como la ciberseguridad o la digitalización industrial.
Queda por ver si la arquitectura de gobernanza propuesta por la nueva Ley de Innovación será capaz de adaptarse a la velocidad del mercado o si, por el contrario, añadirá una nueva capa de complejidad a un ecosistema ya saturado de normativas. La incógnita sobre cómo se articulará finalmente el «Régimen 28» y si logrará vencer las inercias burocráticas nacionales sigue siendo el gran interrogante de la política industrial europea. El camino hacia una autonomía estratégica real pasa, irremediablemente, por resolver estas tensiones antes de que la brecha con el exterior se vuelva insalvable.
