La Casa Blanca ha materializado una de las intervenciones más relevantes en una empresa tecnológica estadounidense desde la crisis financiera de 2008. El Gobierno de Estados Unidos ha adquirido un 9,9% de Intel a cambio de 8.900 millones de dólares en fondos ya comprometidos bajo la CHIPS and Science Act y el programa Secure Enclave.
La operación, anunciada oficialmente por Intel y confirmada por la Administración Trump el 22 de agosto, supone que el Ejecutivo se convierta en el mayor accionista individual de la compañía sin asumir representación en el consejo ni derechos de gobierno corporativo.
Conversión de subvenciones en capital accionario
El acuerdo se financia con los 5.700 millones de dólares en subvenciones de la CHIPS Act previamente adjudicadas pero aún no entregadas, junto a 3.200 millones adicionales del programa Secure Enclave. Con esta operación, los fondos públicos pasan de ser subvenciones condicionadas a convertirse en acciones ordinarias de libre disposición para la empresa. Según la agencia Reuters, el precio pagado por acción se fijó en 20,47 dólares, unos cuatro dólares por debajo de la cotización bursátil de Intel al cierre del viernes, lo que generó un beneficio contable inmediato para el Gobierno.
La transacción también elimina las cláusulas de devolución y reparto de beneficios asociadas a los 2.200 millones en ayudas ya entregadas a Intel en fases previas de la CHIPS Act, según reconoció la propia compañía. Emilio García, analista del sector, destacó en LinkedIn que el acuerdo supone “una operación de rescate comparable a las de la industria automovilística”, ya que transforma ayudas condicionadas en capital incondicional y otorga al Gobierno una “acción de oro” con capacidad de veto en circunstancias limitadas. Además, recalcó que Intel queda liberada de las responsabilidades ligadas a las subvenciones previas y que, pese a esta inyección, necesitaría “hasta 40.000 millones adicionales para asegurar su salvación”.
Una operación sin precedentes recientes
El acuerdo ha sido descrito por The New York Times como una de las mayores intervenciones públicas en una corporación estadounidense desde el rescate de General Motors y Chrysler en 2008. La diferencia es que, en este caso, no existe un colapso financiero generalizado, sino el intento de reflotar a una compañía estratégica que atraviesa un largo periodo de pérdida de cuota de mercado y rentabilidad.
La magnitud de la operación y su carácter poco ortodoxo han generado debate. Bloomberg subrayó que el movimiento rompe con los principios tradicionales del capitalismo de libre mercado en EE.UU., y que podría sentar un precedente en la forma en que el Estado utiliza los fondos industriales. El presidente Trump, sin embargo, defendió la medida afirmando que los contribuyentes obtendrán una participación directa en lugar de subvenciones “sin retorno” y aseguró que la operación “revitalizará” a Intel.
Implicaciones de gobernanza y compromisos de Intel
A pesar de convertirse en accionista relevante, el Gobierno no dispondrá de asiento en el consejo ni de derechos de voto independientes. Según informó la cadena CNBC, Washington se compromete a votar en línea con el consejo de Intel en las cuestiones que requieran aprobación de los accionistas, salvo en las excepciones limitadas establecidas en el contrato. Además, el Ejecutivo obtiene un warrant de cinco años que le permitiría adquirir hasta un 5% adicional de acciones si la compañía deja de controlar al menos el 51% de su negocio de fundición.
La intervención incluye una condición clave: Intel deberá mantener la mayoría de su unidad de fabricación durante cinco años, lo que limita la posibilidad de desprenderse de su negocio de fundición en este periodo. Según Wired, varios expertos en derecho corporativo han cuestionado que el Gobierno haya optado por acciones ordinarias en lugar de preferentes, ya que estas últimas habrían garantizado dividendos obligatorios y una devolución más clara a los contribuyentes.
La situación financiera de Intel y sus planes de expansión
Intel atraviesa un proceso de reestructuración interno tras años de retrocesos tecnológicos frente a rivales como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Nvidia y AMD. La empresa cerró 2024 con pérdidas de 18.800 millones de dólares, su primera pérdida anual desde 1986, según datos citados por Reuters. Además, el negocio de fundición arrastra pérdidas de 3.200 millones solo en el último trimestre.
La compañía, fundada en 1968, ha invertido más de 100.000 millones en ampliar su capacidad de fabricación en EE.UU., con proyectos en Arizona, Nuevo México, Ohio y Oregón. Sin embargo, el ritmo de construcción ha sido ralentizado por dificultades financieras y de demanda. CNBC recordó que la apertura de su gran complejo fabril en Ohio se ha pospuesto hasta 2030.
El nuevo consejero delegado, Lip-Bu Tan, nombrado en marzo, ha impulsado una estrategia centrada en disciplina financiera y reactivación de la cultura de ingeniería. La operación con el Gobierno refuerza la liquidez de Intel, pero no resuelve, según analistas, el desafío de atraer clientes a sus fábricas. Bloomberg citó al analista de Bernstein, Stacy Rasgon, advirtiendo que “financiar una expansión sin clientes probablemente no acabe bien para los accionistas, incluido ahora el Gobierno estadounidense”.
AP añadió que la compañía ha iniciado un plan de reducción de plantilla que afectará a más de 20.000 empleados como parte de su estrategia de ajuste. Mientras tanto, el valor bursátil de Intel ronda los 108.000 millones de dólares, muy lejos de los 4,3 billones de Nvidia.
Apoyo del sector y críticas al modelo de intervención
Varios líderes empresariales respaldaron públicamente el acuerdo. Satya Nadella (Microsoft), Michael Dell (Dell Technologies), Enrique Lores (HP) y Matt Garman (AWS) emitieron declaraciones en favor de Intel y de la estrategia de la Administración para reforzar la cadena de suministro nacional de semiconductores, según recogió el comunicado oficial de la compañía.
No obstante, también hay voces críticas. El profesor Timothy Meyer, de la Universidad de Duke, declaró a Wired que esta no es una crisis sistémica que justifique una inyección pública de capital comparable a 2008, sino “una empresa que necesita recuperar cuota de mercado”. Desde el ámbito financiero, Nancy Tengler, directora ejecutiva de Laffer Tengler Investments, expresó en declaraciones a Associated Press que no aprecia beneficios claros para el contribuyente y alertó sobre el riesgo de “injerencia política” en las operaciones de Intel.
Riesgos políticos y legales
El acuerdo se fraguó en pocas semanas tras una etapa de tensiones entre Trump y Tan. A principios de agosto, el presidente llegó a pedir la dimisión del directivo por sus vínculos con inversiones en China, pero tras una reunión en la Casa Blanca el tono cambió radicalmente. The Wall Street Journal relató que el 11 de agosto Tan viajó a Washington para negociar directamente con Trump, lo que desembocó en la oferta de ceder un 10% del capital al Estado.
El New York Times informó que algunos juristas cuestionan la legalidad de convertir subvenciones en participaciones, dado que la CHIPS Act no prevé explícitamente ese mecanismo. Este punto abre la puerta a potenciales litigios de accionistas o competidores. Además, Bloomberg y Reuters advirtieron de que la medida podría distorsionar el mercado, favorecer indirectamente a Intel frente a otros fabricantes y generar pérdidas masivas si la acción de la compañía sigue depreciándose.
Comparación histórica y proyección futura
El paralelismo con la intervención pública en General Motors tras la crisis de 2008 ha sido recurrente en los análisis. AP recordó que en aquel caso el Estado llegó a controlar un 60% del capital del fabricante de automóviles, pero terminó perdiendo 10.000 millones de dólares al vender su participación. La diferencia, según críticos, es que Intel no se encuentra en quiebra inminente, sino en una fase de debilidad estructural prolongada.
El futuro de la compañía dependerá no solo de la inyección de capital, sino de su capacidad para recuperar la competitividad frente a TSMC y Nvidia. Como subrayó el Wall Street Journal, algunos analistas creen que el Gobierno podría jugar un papel en incentivar a grandes tecnológicas a contratar a Intel como proveedor, aunque ello conllevaría riesgos de mercado y tensiones regulatorias.
Intervencionismo estatal y sus posibles efectos
El acuerdo con Intel se enmarca en una estrategia más amplia de la Administración Trump para rediseñar la relación entre el Estado y las grandes corporaciones. En las últimas semanas se han anunciado medidas similares: una “acción de oro” sobre U.S. Steel en la operación con Nippon Steel, un 15% de los ingresos de Nvidia y AMD por ventas en China, y una participación en la minera MP Materials para asegurar el suministro de tierras raras.
Según el análisis de The Wall Street Journal, estos movimientos configuran un nuevo modelo de política industrial en el que la Casa Blanca no solo otorga subvenciones, sino que adquiere participaciones o derechos especiales sobre compañías estratégicas. El debate abierto es si este intervencionismo fortalecerá a largo plazo la base tecnológica de Estados Unidos o si generará distorsiones en el sector privado difíciles de revertir.
