El Gobierno del Reino Unido ha confirmado el despliegue de un sistema de identidad digital obligatoria para todas las personas que quieran trabajar en el país, como parte de su estrategia para frenar la inmigración irregular y mejorar el acceso a los servicios públicos. La nueva medida será exigible antes del final de la presente legislatura, que concluirá como tarde en agosto de 2029.
Según informó la BBC, el sistema estará disponible para toda la ciudadanía británica y residentes legales, aunque su uso solo será obligatorio como prueba del derecho a trabajar. La identificación digital se almacenará en los teléfonos móviles mediante una aplicación oficial, en un formato similar al utilizado por la app del NHS o las tarjetas de pago digitales.
El diario The Guardian señala que esta credencial digital incluirá datos como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad o estatus de residencia y una fotografía. También se evalúa incorporar la dirección como dato adicional, lo cual será objeto de consulta pública. El Ejecutivo asegura que el sistema está diseñado con altos estándares de seguridad y que la información estará cifrada y almacenada localmente en los dispositivos.
Según ha declarado el primer ministro Sir Keir Starmer, la medida tiene como objetivo principal dificultar el acceso al mercado laboral a quienes no tienen derecho a residir en el país, uno de los denominados “factores de atracción” para las entradas irregulares. “No se podrá trabajar en el Reino Unido sin identidad digital. Así de simple”, afirmó durante su intervención en la conferencia Global Progressive Action en Londres.
Uso obligatorio para trabajar, pero no para otros servicios
El sistema será obligatorio exclusivamente para trabajar, pero opcional para otros segmentos de la población, como estudiantes, jubilados o personas fuera del mercado laboral. El Ejecutivo ha descartado por el momento que sea necesario para acceder a servicios como la atención sanitaria o las prestaciones sociales, aunque se plantea como una herramienta que en el futuro podría facilitar trámites como la solicitud de carnet de conducir, ayudas infantiles o el acceso a los registros fiscales.
Los empresarios deberán verificar el derecho a trabajar de los candidatos mediante esta identificación digital, eliminando la posibilidad de utilizar números de la Seguridad Social o documentos en papel, que según el Gobierno pueden prestarse o falsificarse con facilidad.
Modelo basado en sistemas de otros países
La propuesta británica se inspira en sistemas de identificación digital ya operativos en países como Estonia, Australia, Dinamarca o India. En todos ellos, los ciudadanos utilizan credenciales digitales para acceder a servicios públicos y privados de forma centralizada y segura. Por ejemplo:
- En Estonia, la identidad digital permite votar, gestionar historiales médicos y acceder a servicios educativos sin repetir datos.
- En Australia y Dinamarca, los usuarios emplean apps oficiales para identificarse en organismos públicos o bancos.
- En India, el sistema Aadhaar ha permitido reducir fraudes en programas sociales y ahorrar más de 10.000 millones de dólares anuales, según cifras oficiales.
Accesibilidad y consulta pública
El Gobierno ha asegurado que el sistema tendrá un diseño inclusivo, con alternativas para quienes no disponen de teléfonos inteligentes, pasaporte o acceso estable a internet. En este sentido, se contempla la posibilidad de emitir tarjetas físicas y ofrecer asistencia presencial, especialmente a colectivos como personas mayores o en situación de exclusión.
Una consulta pública de tres meses se pondrá en marcha antes de final de año para recabar opiniones de la ciudadanía, empresas y grupos vulnerables. Posteriormente, se espera introducir legislación específica en el Parlamento a comienzos de 2026.
Críticas desde la oposición y organizaciones civiles
La propuesta ha recibido una fuerte contestación desde sectores políticos y de la sociedad civil. Más de 1,6 millones de personas han firmado una petición para frenar la implantación de la identidad digital, alegando riesgos de vigilancia masiva y pérdida de libertades. Según The Guardian, organizaciones como Big Brother Watch han advertido de que el sistema podría “convertirse en una infraestructura de control que se extienda a impuestos, salud e incluso navegación por internet”.
La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, cuestionó la utilidad real de la medida frente a la inmigración irregular y alertó de que “acabará afectando a los ciudadanos respetuosos con la ley mientras los delincuentes encuentran la manera de esquivarla”. En la misma línea, el Partido Liberal Demócrata anunció que se opondrá “con firmeza” a un sistema que podría aumentar la burocracia sin resolver el problema de las llegadas por el Canal de la Mancha.
Desde Escocia, el gobierno liderado por el SNP también ha rechazado frontalmente cualquier tipo de documento de identidad obligatorio, ya sea físico o digital. En Irlanda del Norte, la primera ministra Michelle O’Neill tildó la propuesta de “mal concebida” y aseguró que atenta contra el Acuerdo de Viernes Santo.
Riesgos técnicos y preocupaciones sobre ciberseguridad
Diversos expertos en tecnología han manifestado dudas sobre la viabilidad técnica del sistema. Gianvito Lanzolla, profesor de estrategia en la Bayes Business School de Londres, alertó sobre posibles errores en los datos que podrían “propagarse” a servicios como sanidad o fiscalidad, bloqueando el acceso de ciudadanos a derechos fundamentales.
Asimismo, profesionales del sector tecnológico han advertido de que concentrar tanta información en un solo sistema podría atraer ciberataques, y han expresado recelos ante una posible colaboración con grandes corporaciones tecnológicas extranjeras, lo que podría comprometer la soberanía digital y la protección de datos.
El Ejecutivo, por su parte, defiende que las credenciales digitales estarán almacenadas en los propios dispositivos de los usuarios, no en una base de datos centralizada, y que se emplearán tecnologías de cifrado y autenticación de última generación, ya presentes en millones de transacciones digitales diarias. En caso de pérdida o robo del dispositivo, las credenciales podrán ser revocadas y reemitidas de forma inmediata.
Un sistema con implicaciones estructurales
Más allá del debate sobre inmigración, desde el propio Gobierno se han señalado posibles usos estructurales de la identidad digital como base para una transformación administrativa más amplia. El ministro Darren Jones la calificó como “la piedra angular del Estado moderno” y un posible catalizador de futuras reformas en los servicios públicos.
Sin embargo, analistas coinciden en que el éxito del sistema dependerá del nivel de confianza ciudadana, la robustez técnica de la infraestructura y la claridad legal con la que se delimite su uso.
Debate abierto y consecuencias a largo plazo
Aunque el Gobierno defiende que no se tratará de un documento obligatorio para portar en todo momento ni de una “tarjeta de identidad” al uso, críticos temen que esta primera implantación como prueba obligatoria para trabajar pueda derivar en una expansión progresiva hacia otras áreas de la vida social y económica.
La falta de debate parlamentario previo, el uso de la medida como respuesta a presiones migratorias y la escasa claridad sobre su alcance futuro generan inquietud entre partidos, ciudadanos y expertos en derechos digitales.
