Durante las dos últimas décadas, España ha multiplicado por más de cuatro sus solicitudes de patentes europeas procedentes de organismos públicos de investigación (OPI), pasando de 57 en 2001 a 265 en 2020. Este crecimiento del 365%, el mayor entre los países europeos analizados, sitúa al país como uno de los cinco más activos en este ámbito, según un estudio conjunto de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y el instituto Fraunhofer ISI.
El informe, que abarca 39 Estados miembros, contabiliza cerca de 3.000 solicitudes de patentes europeas originadas en centros públicos de investigación españoles entre 2001 y 2020. En términos absolutos, España ocupa el quinto lugar, por detrás de Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica. Sin embargo, el ritmo de crecimiento español contrasta con el de otros países con mayor volumen histórico: mientras Alemania aumentó un 45% sus solicitudes en el mismo periodo, España lo hizo en más de un 360%.
De acuerdo con los datos del estudio, los OPI europeos han generado casi 63.000 invenciones patentadas en las últimas dos décadas. Francia lidera el ranking con más de 25.000 solicitudes, seguida de Alemania (18.276), Países Bajos (3.803), Bélgica (3.084) y España (2.994). Aunque el volumen total es menor, la proporción de patentes de origen público respecto al total nacional es especialmente alta en España (11,9%), solo superada por Francia (13,9%).
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) destaca como el principal actor español en este ecosistema. Con 1.069 solicitudes de patentes europeas entre 2001 y 2020, el CSIC se sitúa entre los diez organismos públicos de investigación más activos del continente. Solo instituciones como el CNRS francés, la Fraunhofer-Gesellschaft alemana o la CEA superan su volumen. A nivel nacional, le siguen la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), con 266 solicitudes, y el consorcio CIBER, con 182.
Más allá del volumen, el estudio pone el foco en la dimensión colaborativa de la investigación pública española. Más de la mitad de las patentes solicitadas por OPI nacionales (54,8%) incluyen varios solicitantes, lo que sugiere una elevada participación en redes internacionales. En concreto, el 17% de estas solicitudes reflejan colaboraciones exclusivamente europeas, y otro 7,8% implican socios fuera del continente.
Este dinamismo también se refleja en el tejido emprendedor. España cuenta con 97 startups vinculadas a instituciones de investigación europeas a través de solicitudes de patente ante la OEP. Además, 37 nuevas empresas en otros países europeos mantienen vínculos con centros de investigación españoles, lo que refuerza la proyección internacional del ecosistema.
El informe también analiza el papel de los hospitales de investigación como generadores de innovación médica. En total, estos centros han contribuido con más de 17.400 solicitudes de patentes europeas entre 2001 y 2020. España ocupa el séptimo puesto, con 726 solicitudes procedentes de hospitales de investigación, por detrás de Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Italia y Suecia.
En cuanto a los campos tecnológicos, la biotecnología y los productos farmacéuticos concentran la mayor parte de las invenciones patentadas por los OPI europeos. Les siguen las tecnologías de medición, los semiconductores y la informática. Esta concentración en áreas estratégicas sugiere una orientación hacia la investigación aplicada con potencial de transferencia al mercado.
Uno de los datos más llamativos del estudio es la adopción del sistema de Patente Unitaria. España, pese a no formar parte aún del sistema jurisdiccional unificado, ha alcanzado una tasa de adopción del 75% entre sus OPI y hospitales de investigación, frente a una media europea del 41%. Este dato, basado en las patentes concedidas entre enero y junio de 2025, apunta a una estrategia activa de protección y valorización de la propiedad intelectual.
El presidente de la OEP, António Campinos, subraya que “la investigación pública es una de las mayores fortalezas de Europa” y que para aprovechar su potencial es necesario “acelerar la transferencia de la investigación a tecnologías con aplicación práctica”. La afirmación, aunque institucional, apunta a una tensión persistente: el desfase entre la generación de conocimiento y su explotación comercial.
Pese al avance cuantitativo, el informe no aborda en profundidad la conversión de estas patentes en productos o servicios. Tampoco se detiene en los mecanismos de transferencia tecnológica, que siguen siendo un punto débil en muchos sistemas públicos de I+D. En este sentido, la alta adopción de la Patente Unitaria podría interpretarse como una señal de madurez, aunque no garantiza por sí sola un impacto económico directo.
La posición de España, tanto en crecimiento como en adopción de nuevas herramientas de protección, sugiere un cambio de ciclo en la relación entre ciencia pública y mercado. El reto, como en otros países europeos, pasa ahora por consolidar estructuras de transferencia eficaces, fomentar la inversión privada en deep tech y evitar que el conocimiento generado en el sector público quede atrapado en el limbo de la propiedad intelectual sin explotar.
