La consolidación de la soberanía de datos como un eje clave de la estrategia digital europea está impulsando un cambio estructural en la forma en que las organizaciones gestionan su infraestructura tecnológica.
Ante el endurecimiento de las regulaciones sobre privacidad, protección de infraestructuras críticas y transferencia internacional de datos, la necesidad de asegurar que la información sensible permanezca bajo jurisdicción de la Unión Europea se ha convertido en una exigencia operativa.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en vigor desde 2018, establece restricciones claras sobre la transferencia de datos personales fuera del Espacio Económico Europeo. Además, recientes resoluciones judiciales, como la anulación del acuerdo “Privacy Shield” (Schrems II), han puesto en cuestión la legalidad de determinados flujos transatlánticos de información. Esta situación ha llevado a numerosas organizaciones —tanto del sector público como privado— a revisar la localización de sus centros de procesamiento y almacenamiento de datos.
Localización física y jurídica de los datos
Mantener los datos dentro de la UE o incluso dentro de fronteras nacionales es ahora una condición crítica para asegurar el cumplimiento legal. Este enfoque responde no solo a exigencias del RGPD, sino también a normativas nacionales en materia de seguridad nacional, infraestructuras críticas o defensa. La posibilidad de que actores estatales externos accedan a datos bajo determinadas legislaciones extranjeras ha generado preocupación en gobiernos y empresas que operan con información clasificada, sanitaria o financiera.
A este contexto se suma la creciente complejidad de los entornos digitales modernos, donde los servicios en la nube y las plataformas SaaS implican, en muchos casos, una dispersión geográfica del tratamiento de datos. Esto plantea nuevos riesgos regulatorios y estratégicos que deben abordarse desde la planificación de la infraestructura.
Plataformas de seguridad que priorizan la soberanía
Ante esta realidad, los proveedores de servicios digitales están adoptando arquitecturas técnicas que permiten a las organizaciones controlar la ubicación exacta de sus datos. Un ejemplo reciente es el caso de Zscaler, empresa especializada en seguridad en la nube, cuya plataforma Zero Trust Exchange está diseñada para permitir el procesamiento de datos en infraestructuras ubicadas exclusivamente dentro de Europa.
Zscaler cuenta con 25 centros de datos en Europa, 19 de ellos situados dentro de la Unión Europea, lo que permite a los clientes cumplir con los requisitos de localización de datos establecidos por las autoridades reguladoras. La plataforma no retiene contenido del cliente salvo requerimiento expreso y permite configurar el almacenamiento de registros —como metadatos, direcciones IP o amenazas detectadas— según las políticas internas de cada organización. También ofrece opciones de alojamiento local o propio de servidores de registros.
Su infraestructura incluye medidas de conmutación por error, selección dinámica de nodos y recuperación ante desastres, garantizando continuidad operativa sin comprometer el cumplimiento legal. Además, ofrece controles granulares de prevención de pérdida de datos que permiten identificar información sensible sin procesar los datos originales del cliente.
Riesgos de acceso extraterritorial y necesidad de respuesta técnica
Uno de los factores que ha acelerado la adopción de infraestructuras regionales es el riesgo de acceso extraterritorial a los datos, especialmente en el contexto de leyes como el Cloud Act de Estados Unidos, que podría obligar a empresas norteamericanas a entregar datos almacenados en el extranjero bajo ciertas condiciones judiciales. Esta posibilidad ha generado un debate sobre la necesidad de mantener el control físico, técnico y jurídico sobre los activos digitales.
Los marcos regulatorios nacionales también han evolucionado para responder a este entorno. En España, por ejemplo, las entidades que operan infraestructuras críticas están sujetas a la Ley 8/2011, que obliga a establecer medidas específicas de seguridad y colaboración con las autoridades, incluyendo la gestión del flujo de información crítica. Estas exigencias refuerzan la necesidad de disponer de plataformas digitales que operen completamente dentro de los límites normativos europeos.
Impacto en el diseño de las arquitecturas tecnológicas
El concepto de soberanía digital está influyendo directamente en las decisiones de arquitectura tecnológica. Las organizaciones buscan proveedores que les permitan configurar entornos operativos acordes a sus requisitos de cumplimiento y rendimiento, sin delegar aspectos clave como la ubicación de los datos o los protocolos de acceso.
Esto incluye la posibilidad de elegir entre distintos centros de datos regionales, establecer reglas de procesamiento local y aplicar medidas de protección como análisis de contenido sensible en tiempo real sin exposición del dato original. La integración de estas capacidades dentro de una plataforma de ciberseguridad permite equilibrar las exigencias legales con las necesidades técnicas de rendimiento, escalabilidad y continuidad del servicio.
Tendencia hacia la digitalización con control jurisdiccional
En el contexto actual, la soberanía de datos se está consolidando como un componente esencial de la estrategia digital europea. No se trata solo de una obligación legal, sino de una medida proactiva para preservar la autonomía tecnológica y reducir la dependencia de infraestructuras foráneas. A medida que aumentan las tensiones geopolíticas y se intensifica el escrutinio regulatorio, las organizaciones que gestionan datos sensibles están reevaluando su infraestructura para garantizar que el control permanezca en territorio europeo.
El modelo de plataformas diseñadas desde la base para respetar la soberanía de datos se perfila como una solución viable en este escenario. Frente a un entorno digital globalizado, las soluciones que permiten operar con seguridad, eficiencia y conformidad normativa dentro de las fronteras europeas están ganando terreno como parte integral de la resiliencia organizativa y del cumplimiento regulatorio.
