La decisión de Nvidia de exigir el pago íntegro por adelantado a los clientes chinos que quieran adquirir sus chips H200 introduce una variable poco habitual en el comercio global de semiconductores avanzados. No se trata solo de una condición financiera más estricta, sino de un reflejo directo de la incertidumbre regulatoria que rodea a cada envío de tecnología crítica a China. En un mercado acostumbrado a depósitos parciales y ajustes contractuales, el mensaje es claro: el riesgo ya no lo asume el proveedor.
Según fuentes citadas por Reuters, la compañía ha eliminado cualquier margen de cancelación, reembolso o modificación una vez realizado el pedido. En casos excepcionales, se admite el uso de seguros comerciales o activos como garantía, pero la norma general es el desembolso completo en efectivo. La medida, que no se había aplicado con este nivel de rigidez en generaciones anteriores, responde a la falta de claridad sobre si Pekín aprobará finalmente las importaciones del H200 y bajo qué condiciones.
El contexto es especialmente delicado. China ha pedido en los últimos días a varias empresas tecnológicas locales que congelen temporalmente sus pedidos de H200 mientras los reguladores determinan cuántos chips nacionales deberán comprarse de forma paralela por cada unidad importada. No se trata de una prohibición explícita, sino de un mecanismo de control que introduce fricción administrativa y financiera en un momento en el que la demanda está lejos de ser marginal.
Las cifras ilustran esa tensión. Empresas chinas habrían solicitado más de dos millones de unidades del H200, un volumen que supera ampliamente el inventario disponible de Nvidia, estimado en unas 700.000 unidades. Cada chip ronda los 27.000 dólares, lo que convierte cualquier retraso o bloqueo en un problema de balance, no solo de ventas futuras. Para Nvidia, exigir el pago anticipado funciona como un cortafuegos contable frente a posibles vetos de última hora.
La paradoja es que esta prudencia financiera convive con un discurso público de fuerte tracción comercial. Su consejero delegado, Jensen Huang, reconocía recientemente que la demanda del H200 en China es “bastante alta” y que la cadena de suministro se ha activado para aumentar la producción. Sin embargo, el propio Huang admitía que no espera una declaración formal de aprobación por parte del Gobierno chino: si llegan los pedidos, decía, será porque pueden cursarse, no porque exista un aval explícito.
Esa ambigüedad es precisamente la que está redefiniendo la relación contractual. En el pasado, los clientes chinos podían cubrir parte del importe como depósito. Hoy deben comprometer capital sin la certeza de que podrán recibir el producto o desplegarlo según sus planes iniciales. En la práctica, Nvidia traslada el riesgo regulatorio a sus compradores, muchos de ellos gigantes de internet con balances sólidos, pero también con una exposición creciente al escrutinio estatal.
El atractivo del H200 explica por qué aceptan esas condiciones. Aunque China ha acelerado el desarrollo de procesadores propios, como la familia Ascend de Huawei, el rendimiento de estas soluciones sigue quedando por detrás en tareas de entrenamiento a gran escala de modelos avanzados. El H200, segundo chip más potente de Nvidia tras Blackwell, multiplica por seis la capacidad del H20, un modelo diseñado específicamente para China y posteriormente vetado.
Bloomberg adelantó que Pekín podría autorizar algunas importaciones del H200 ya este trimestre, limitándolas a usos comerciales concretos y excluyendo al ejército, agencias sensibles, infraestructuras críticas y empresas estatales. Entre las compañías interesadas figuran Alibaba Group Holding y ByteDance, que habrían comunicado a Nvidia su intención de comprar más de 200.000 unidades cada una. El matiz está en qué se considera “infraestructura crítica” en un ecosistema donde los grandes proveedores privados dan servicio también a organismos públicos.
La decisión final de las autoridades chinas no se limita al control de riesgos de seguridad. Forma parte de una estrategia más amplia de autosuficiencia tecnológica, reforzada con nuevos incentivos multimillonarios al sector de los semiconductores. Obligar a las empresas a adquirir chips nacionales junto a los importados actúa como palanca para sostener a fabricantes locales, incluso si su tecnología no alcanza todavía los estándares de Nvidia.
Para el grupo estadounidense, el recuerdo reciente pesa. El año pasado tuvo que provisionar 5.500 millones de dólares en inventario tras el veto repentino a la venta del chip H20, entonces su oferta más avanzada permitida en China. Aquella experiencia explica en parte por qué ahora se protege con condiciones de pago inflexibles. Aunque Washington ha suavizado su postura y permite la exportación del H200 con un recargo del 25 %, la última palabra sobre la entrada física del producto la sigue teniendo Pekín.
La logística añade otra capa de complejidad. Nvidia planea servir los primeros pedidos desde stock existente, con entregas previstas antes del Año Nuevo Lunar, a mediados de febrero. Al mismo tiempo, ha contactado con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. para aumentar la producción del H200 y atender la demanda china, con capacidad adicional prevista a partir del segundo trimestre de 2026. Esa ampliación coincide con una transición interna compleja, del actual Blackwell a la futura arquitectura Rubin, y con una competencia feroz por capacidad de fabricación frente a actores como Google.
Desde el punto de vista de los clientes chinos, el pago anticipado no es solo un coste financiero. Supone inmovilizar recursos en un entorno en el que el uso final del chip puede verse restringido o condicionado por nuevas directrices. Algunas compañías ya han vivido situaciones similares, como la recomendación de evitar el H20 o la paralización de pedidos de ciertos chips profesionales susceptibles de reutilizarse para IA.
El equilibrio es frágil. Nvidia necesita China para sostener su crecimiento a largo plazo en centros de datos, pero no puede permitirse otra sacudida contable por decisiones políticas abruptas. China, por su parte, quiere acceder a tecnología que acelere el desarrollo de modelos propios sin frenar su apuesta por campeones nacionales. Entre ambos intereses, el contrato de compraventa se convierte en un instrumento de gestión del riesgo geopolítico.
Que esta fórmula sea sostenible dependerá de cómo evolucionen las autorizaciones en los próximos meses y de si los clientes aceptan seguir adelantando capital en un marco tan volátil. De momento, el H200 se ha transformado en algo más que un chip: es una prueba de hasta qué punto la fricción regulatoria está reconfigurando las reglas básicas del comercio tecnológico global.
