Europa ha identificado sus carencias digitales: fragmentación del mercado, pérdida de escala, falta de inversión y dependencia tecnológica externa. Lo ha hecho en múltiples documentos, informes estratégicos y discursos institucionales. Sin embargo, el sistema regulador vigente sigue operando bajo lógicas incompatibles con esos mismos diagnósticos.
Esa contradicción fue el eje central de dos de las sesiones más densas del FT Connect Europe Forum: Building value through scale and strategic consolidation y How is the new rulebook for connectivity evolving?. Aunque separadas en el programa, compartieron un punto de partida común y una conclusión implícita: sin una revisión estructural del marco legal, el discurso de escala y autonomía europea no pasará del plano retórico.
El problema no es la inversión, es la estructura del mercado
La intervención de los representantes del sector privado fue inequívoca: Europa no puede sostener la inversión necesaria en infraestructuras digitales bajo el actual modelo de mercado, dividido en múltiples jurisdicciones, con rentabilidades bajas y una regulación que desincentiva la escala.
Dennis Okhuijsen, CEO de Altice, fue el primero en verbalizar el problema con crudeza: “El sector no está generando los retornos suficientes como para asumir las inversiones que se le exigen. Y no es por falta de voluntad, sino por falta de condiciones estructurales”. La referencia no era solo a márgenes estrechos o presión de costes, sino a la imposibilidad de articular estrategias a largo plazo en un entorno donde cada país aplica normas distintas, los procesos de fusión duran años y las decisiones regulatorias se toman sin horizonte industrial.
Esta preocupación fue reforzada por Thomas Reynaud, CEO del grupo Iliad, quien introdujo el componente comparativo internacional: “Estados Unidos tiene tres grandes operadores nacionales; nosotros, más de cien. Y aun así seguimos discutiendo si consolidar o no. Eso no es sostenibilidad, es fragmentación autoinfligida”. En su análisis, el mercado europeo sigue atado a un modelo que prioriza la protección de la competencia a nivel local, sin considerar el impacto que esta atomización tiene en la capacidad de competir con plataformas y proveedores de infraestructuras globales.
La consolidación no es una amenaza, es un prerrequisito
Uno de los ejes que articuló ambos debates fue la necesidad de permitir fusiones y adquisiciones como mecanismo para alcanzar masa crítica. Pero mientras los representantes del sector privado expusieron razones estratégicas para defender esa posición, desde las instituciones las respuestas fueron, en el mejor de los casos, ambivalentes.
Para Okhuijsen, el argumento económico es evidente: sin escala, no hay apalancamiento financiero ni capacidad para innovar. Pero también hay un componente geopolítico. “Mientras nosotros debatimos durante años una operación local, los hyperscalers anuncian inversiones de miles de millones en centros de datos o redes troncales. No podemos responder con operadores fragmentados y redes sobrerreguladas”.
Desde el plano técnico, Enrique Blanco, CTO global de Telefónica, introdujo una capa más operativa al debate. Su defensa de la consolidación no era únicamente financiera, sino tecnológica: “No podemos hablar de redes virtualizadas, edge computing o slicing en un entorno que aún nos exige replicar infraestructuras y procesos en cada país donde operamos”. Blanco propuso evaluar las operaciones de fusión bajo un nuevo criterio: su capacidad para acelerar el despliegue de tecnologías críticas, como el 5G o las redes basadas en software.
El marco normativo como obstáculo estructural
El nudo del problema, según se evidenció en ambas sesiones, es que la legislación europea actual sigue tratándose como una colección de normativas nacionales con ambición comunitaria, pero sin coherencia ejecutiva. La transposición fragmentada del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC) es un ejemplo claro: aprobado en 2018, su implementación real sigue siendo desigual y, en algunos casos, contradictoria entre países.
Dominique Leroy, vicepresidenta ejecutiva de Orange, puso el foco en las consecuencias de este mosaico legal: “Estamos obligados a gestionar 27 interpretaciones distintas del mismo código. Eso no solo encarece la operación, también introduce incertidumbre jurídica y retrasa decisiones de inversión”. Según Leroy, lo que la industria necesita no es más regulación, sino una regulación única, estable y tecnológicamente neutra, que no penalice a quienes deciden apostar por nuevas arquitecturas de red o modelos operativos transversales.
La política de competencia: un anclaje del pasado
Uno de los puntos más controvertidos fue el rol de la política de competencia como freno o habilitador de la consolidación. Varios ponentes, tanto del ámbito industrial como regulatorio, coincidieron en que las merger guidelines actuales no están adaptadas a la dinámica de un sector tecnológico globalizado.
Anna Cavazzini, presidenta de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo, reconoció que existe una tensión entre la preservación de la competencia y la necesidad de escalar. Sin embargo, defendió que cualquier modificación del marco regulador debe garantizar que los consumidores no resulten perjudicados, ni por concentración de mercado ni por aumentos injustificados de precios.
Esta posición fue cuestionada por el sector, que considera que la defensa del consumidor no puede ser incompatible con el objetivo industrial europeo. Para Blanco, “lo que hoy protege al consumidor es una red fiable, con cobertura suficiente, servicios avanzados y seguridad integrada. Y eso requiere inversión, no fragmentación”.
El Digital Networks Act: una promesa aún por concretar
Como posible punto de inflexión, se mencionó el futuro Digital Networks Act (DNA), actualmente en preparación por parte de la Comisión. El DNA aspira a convertirse en un marco regulador único, armonizado y simplificado, que permita operar bajo condiciones homogéneas en toda la UE. Pero más allá del anuncio, los detalles siguen siendo escasos.
Cavazzini aseguró que el DNA ofrecerá a los operadores una vía voluntaria para acogerse a un «28th regime», es decir, un conjunto de reglas comunes que funcionen como alternativa a la normativa nacional. Pero desde la industria se teme que este nuevo marco termine siendo una capa adicional en lugar de una sustitución real de las reglas preexistentes.
Patrick Johansson, director de redes de Ericsson, fue particularmente escéptico: “Llevamos años oyendo hablar de simplificación. Lo que necesitamos es ejecución. Hoy, el verdadero obstáculo no es el reglamento, sino la capacidad técnica y administrativa para aplicarlo”.
Una autoridad técnica europea: propuesta aún implícita
En el tramo final de las sesiones surgió una propuesta que, sin nombrarse como tal, apuntaba a una posible autoridad técnica europea para redes y conectividad. La idea sería crear un ente independiente, con mandato regulador supranacional, que pueda coordinar despliegues, unificar criterios técnicos y acelerar autorizaciones.
Aunque ningún ponente institucional la formuló de forma explícita, varios reconocieron la necesidad de unificar capacidades reguladoras. Johansson lo resumió con una metáfora clara: “Cuando cada país tiene su propio manual de instrucciones, el resultado es un rompecabezas, no una red”.
Entre el consenso técnico y la parálisis política
Las dos sesiones dejaron clara una paradoja que atraviesa el ecosistema digital europeo: el diagnóstico está asumido por todos los actores relevantes, pero las respuestas siguen atascadas en lógicas institucionales y competencias nacionales que impiden avanzar.
La industria pide escala y condiciones estables. Las instituciones reconocen la necesidad, pero se mueven con cautela, fragmentadas entre direcciones generales, parlamentos nacionales y agencias reguladoras. El Digital Networks Act puede convertirse en una palanca de cambio, pero solo si va acompañado de una revisión profunda del marco de competencia y de un calendario de aplicación verificable.
De lo contrario, Europa seguirá sabiendo lo que le falta, pero sin capacidad de actuar para conseguirlo.
