La posibilidad de sanciones de EE. UU. por la DSA abre un nuevo frente en la disputa transatlántica sobre la regulación tecnológica. Según avanzó Reuters, la Administración Trump considera imponer medidas punitivas —previsiblemente restricciones de visado— contra funcionarios de la UE o de Estados miembro implicados en la implementación de la Ley de Servicios Digitales (DSA), una norma que Washington califica de censora y onerosa para plataformas estadounidenses. No hay decisión final, pero el Departamento de Estado mantuvo reuniones internas la semana pasada, de acuerdo con fuentes citadas por la agencia Reuters.
En este contexto, Trump redobló la presión al amenazar con “aranceles sustanciales” y posibles restricciones de exportación de chips a países con impuestos o reglas digitales que considere discriminatorias. La advertencia, lanzada en su red social, fue recogida por medios como POLITICO, que además conectan el aviso con los roces por la DSA.
Qué se sabe y qué falta por decidir
El paquete en estudio incluiría vetos de visado dirigidos a autoridades europeas con responsabilidades directas en la DSA. La medida sería inusual en disputas regulatorias entre aliados y supondría una escalada en una relación ya tensionada por las amenazas arancelarias y las críticas a la regulación europea de contenidos y mercados digitales. El Departamento de Estado, preguntado por la prensa, dijo estar “monitorizando” la censura en Europa pero no confirmó acciones concretas.
A la vez, la Casa Blanca ha impulsado una campaña diplomática contra la DSA —con directrices a embajadas y contactos regulares con autoridades europeas— y ha reactivado el frente de los impuestos a los servicios digitales (DST) al ordenar a la USTR evaluar la renovación de investigaciones bajo la Sección 301 contra países europeos con DST, entre ellos España.
DSA: qué exige y por qué está en el centro del choque
La Ley de Servicios Digitales obliga a intermediarios y, con mayor intensidad, a las plataformas y buscadores muy grandes (más de 45 millones de usuarios en la UE) a evaluar y mitigar riesgos sistémicos —desde la difusión de contenidos ilegales hasta daños a menores—, con multas de hasta el 6% del volumen mundial por incumplimientos. La Comisión Europea aplica directamente a VLOPs/VLOSEs, mientras que los Estados miembro supervisan al resto mediante sus Coordinadores de Servicios Digitales.
En España, el Gobierno designó a la CNMC como Coordinador nacional, con funciones de supervisión e inspección y potestad sancionadora sobre los prestadores establecidos en el país, en coordinación con Bruselas para los casos de muy gran tamaño. Este encaje institucional es relevante si EE.UU. focaliza medidas en autoridades que “aplican” la DSA.
Implicaciones para empresas españolas
Riesgo arancelario y de represalias cruzadas
La amenaza de nuevos aranceles de EE. UU. a países con DST o normas digitales “discriminatorias” podría afectar a exportadores españoles —automoción, agroalimentario, química, bienes de consumo— si Washington materializa medidas amplias. La UE, por su parte, dispone del Instrumento Anticoerción para responder a presiones económicas de terceros países, con un abanico que va de aranceles a restricciones en contratación pública o servicios. La lógica de escalada sugiere que sectores no digitales también podrían verse involucrados.
Incertidumbre regulatoria y de cumplimiento
Las grandes plataformas y marketplaces que operan en España (y sus proveedores) deben mantener inversiones sostenidas en moderación de contenidos, trazabilidad de vendedores, gestión de riesgos y reporting bajo la DSA. Un choque político mayúsculo no altera esas obligaciones, pero sí puede introducir incertidumbre operativa en compañías matrices con sede en EE. UU., con efectos en calendarios de producto, políticas de moderación o prioridades de inversión.
Exposición indirecta del ecosistema digital
Medidas estadounidenses adicionales —por ejemplo, controles a la exportación de tecnología y semiconductores ligados a países “discriminatorios”— podrían ralentizar despliegues de IA, cloud o publicidad digital en Europa si afectan a cadenas de suministro o a licencias de software de origen estadounidense. Las pymes españolas dependientes de plataformas o adtech norteamericanas serían las primeras en notar fricciones.
¿Cómo podría reaccionar la UE?
Bruselas ha rechazado que la DSA sea un instrumento de censura y la presenta como un marco de seguridad y derechos fundamentales en línea con la tradición jurídica europea. Si Washington concretara sanciones contra funcionarios, el Instrumento Anticoerción (Reglamento 2023/2675) habilita a la UE a investigar y, con mayoría cualificada de los Estados, adoptar medidas de respuesta proporcionadas orientadas a revertir la coerción. Aunque está concebido como disuasión y no se ha utilizado hasta ahora, su sola activación elevaría el coste político y económico de una escalada.
Además del ACI, la Comisión podría explorar otras herramientas de defensa comercial y, llegado el caso, llevar el contencioso al terreno de la OMC si lo estima compatible. Para las empresas, la lectura práctica es clara: conviene mapear dependencias de exportación a EE.UU., revisar cláusulas contractuales sobre cambios regulatorios y preparar escenarios de contingencia en logística, aprovisionamiento tecnológico y compliance.
Claves para directivos en España
- No bajar la guardia en DSA. Los requisitos permanecen. Mantener la gobernanza de riesgos, auditorías y transparencia es esencial para evitar sanciones (hasta el 6% del volumen global).
- Evaluar exposición a EE. UU. Identificar líneas de negocio, mercados y proveedores sensibles a aranceles o a nuevas licencias/export controls.
- Relacionamiento institucional. Para empresas afectadas por la DSA con operaciones en España, resulta clave coordinarse con la CNMC (DSC) y seguir la interlocución de la Comisión en casos transfronterizos.
- Vigilar el calendario político. Reuters sitúa las discusiones internas en Washington “la semana pasada” y no hay decisión final: el riesgo está vivo y puede activarse sin preaviso.
Qué mirar a corto plazo
Señales del Departamento de Estado o la Casa Blanca que concreten criterios y alcance de posibles restricciones de visado. 2) Movimientos de la USTR sobre DSTs y su interacción con una eventual agenda arancelaria. 3) Reacción coordinada de la UE —investigación ACI— y posición de los grandes Estados miembro. 4) Cambios de política de las principales plataformas sujetas a la DSA (VLOPs/VLOSEs) que afecten a producto, moderación o acceso a datos.
