El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de una tasa anual de 100.000 dólares para las solicitudes de visado H-1B, uno de los programas de inmigración más utilizados por el sector tecnológico para contratar trabajadores extranjeros especializados. La medida, que entrará en vigor de inmediato, ha generado preocupación entre grandes corporaciones y abre la puerta a litigios legales contra la administración estadounidense.
El H-1B, un pilar en riesgo para Silicon Valley
El programa H-1B, creado en 1990, permite a empresas estadounidenses contratar a trabajadores extranjeros con titulaciones universitarias para puestos altamente especializados. Cada año se emiten unas 85.000 visas —65.000 para solicitantes generales y 20.000 adicionales para graduados con másteres en universidades de EE. UU.—, aunque la demanda supera con creces la oferta: en 2023 se recibieron más de 446.000 solicitudes.
Compañías como Amazon, Microsoft, Google, Meta y Apple se encuentran entre las principales beneficiarias del sistema. Según datos de la National Foundation for American Policy, Amazon incorporó a 3.871 empleados con H-1B solo en el último ejercicio fiscal. Estas cifras reflejan la relevancia de un programa que, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, emplea actualmente a unas 500.000 personas en EE. UU., mayoritariamente procedentes de India y China.
La decisión de elevar la tasa a 100.000 dólares anuales supone un incremento drástico frente a los costes actuales, que rara vez superan los 5.000 dólares en total entre tasas administrativas y servicios legales.
Impacto inmediato en empresas y trabajadores
Según correos internos revisados por Reuters, Microsoft, JPMorgan y Amazon recomendaron a sus empleados con visado H-1B que permanecieran en Estados Unidos y evitaran viajes internacionales hasta que hubiera mayor claridad sobre el alcance de la normativa.
La incertidumbre también afecta a los trabajadores que ya se encuentran en el país, muchos de los cuales están a la espera de obtener la residencia permanente. El nuevo requisito podría suponer que las empresas tengan que valorar si el talento de un empleado justifica el pago anual de 100.000 dólares.
“El empleador debe decidir si la persona es suficientemente valiosa como para asumir ese coste, o bien contratar a un trabajador estadounidense”, afirmó el secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante la presentación oficial.
Controversia legal sobre la constitucionalidad de la tasa
Juristas especializados en inmigración han cuestionado la legalidad de la medida. De acuerdo con Bloomberg, varios abogados sostienen que no existe base legislativa para imponer un cargo de esta magnitud sin autorización expresa del Congreso.
El decreto presidencial se ampara en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al presidente amplios poderes para restringir la entrada de extranjeros por razones de interés nacional. Sin embargo, expertos como Angelo Paparelli, socio del despacho Vialto.US, advierten de que esta disposición no autoriza la creación de cargas económicas de gran escala. “Es legislación presidencial frente a legislación congresual, y dudo que resista una revisión judicial”, señaló.
Organizaciones como la American Immigration Lawyers Association han calificado la medida de “nota de rescate” al vincular la entrada de profesionales extranjeros al pago de un tributo tan elevado.
Argumentos a favor y en contra
Los defensores del programa subrayan que el H-1B ha sido fundamental para la competitividad de la economía estadounidense, al atraer ingenieros, científicos y especialistas que han impulsado proyectos en empresas como Tesla, SpaceX o Instagram. Elon Musk, que inició su carrera en EE. UU. con una visa H-1B, advirtió en redes sociales que restringir la llegada de talento podría perjudicar la capacidad del país para liderar sectores estratégicos como la inteligencia artificial.
Por el contrario, críticos de la medida, entre ellos asociaciones de trabajadores tecnológicos estadounidenses, argumentan que el programa ha sido utilizado para contener salarios y desplazar empleo local, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información. Investigaciones de Bloomberg han documentado prácticas de subcontratación y abusos en el sistema, donde empresas intermediarias acumulan visados y luego asignan a los trabajadores en condiciones inferiores a las del mercado.
Un mercado paralelo de “gold cards”
Paralelamente, Trump anunció la creación de un visado alternativo denominado “gold card”, con un coste de un millón de dólares para extranjeros adinerados que busquen residencia en EE. UU. Además, se ofrecerá una modalidad corporativa por dos millones de dólares, que permitirá a empresas patrocinar a uno o varios empleados. Según informó The Washington Post, también está previsto un programa “platinum” por cinco millones de dólares, pendiente de aprobación en el Congreso, que otorgaría residencia temporal sin obligación fiscal sobre ingresos extranjeros.
El gobierno estima que estas iniciativas podrían recaudar hasta 100.000 millones de dólares, aunque analistas consideran esas cifras poco realistas y advierten de posibles riesgos en materia de seguridad nacional, especialmente si el programa atrae capitales de países como China, Rusia o Arabia Saudí.
Posibles efectos en la industria y en la educación superior
Más allá de la tecnología, la medida afecta a sectores como la manufactura, las finanzas, la educación, el comercio minorista y la sanidad, que también recurren a este visado para suplir la falta de talento especializado.
Las universidades, exentas del cupo anual de 85.000, utilizan el H-1B para contratar profesores en áreas de alta demanda, particularmente en STEM. La American Council on Education ha advertido de que la nueva tasa “restringirá la capacidad de atraer a los mejores perfiles académicos en campos críticos”.
Asimismo, firmas de capital riesgo, como la National Venture Capital Association, alertan de que dificultar el acceso a visados especializados puede limitar la creación de startups fundadas por inmigrantes, históricamente relevantes para el dinamismo empresarial en EE. UU.
Repercusiones internacionales
La imposición de un tributo de esta magnitud puede empujar a multinacionales a trasladar proyectos y operaciones a otros países con marcos regulatorios más flexibles. India y Canadá ya figuran entre los destinos preferentes para profesionales altamente cualificados que no logran establecerse en Estados Unidos.
Expertos como David Bier, del Cato Institute, consideran que la medida podría “acabar de facto con el programa H-1B” y acelerar procesos de deslocalización contrarios al objetivo declarado de reforzar el empleo nacional.
Próximos pasos judiciales y políticos
Los tribunales federales serán escenario clave para determinar el futuro del H-1B bajo las nuevas condiciones. En paralelo, el Congreso debate propuestas alternativas como la presentada por el senador republicano Jim Banks, que plantea cambios al programa con rango legal.
A corto plazo, la industria tecnológica mantiene una postura de cautela, sin las críticas públicas que marcaron la primera presidencia de Trump, cuando Silicon Valley fue uno de los principales opositores a sus políticas migratorias.
