El anuncio se formalizó este lunes cuando el gobierno de Estados Unidos lanzó, según Reuters, una campaña de captación dirigida a perfiles de ingeniería de software, IA, ciberseguridad y análisis de datos. Los seleccionados trabajarán en proyectos concretos dentro de las agencias, desde plataformas digitales en el Tesoro hasta iniciativas de modernización en defensa y servicios públicos. El objetivo es cerrar la primera tanda de contrataciones antes del 31 de marzo.
Reuters añade un detalle operativo que revela la orientación práctica del programa: esos ingenieros se integrarán en proyectos concretos dentro de las agencias, como la construcción de una plataforma digital para las cuentas de ahorro para niños que impulsa la administración. El objetivo declarado es contratar la primera ronda de ingenieros antes del 31 de marzo.
CNBC presenta la iniciativa como la creación de un nuevo cuerpo de unos 1.000 especialistas destinados a proyectos de infraestructura de inteligencia artificial y otras tecnologías clave, distribuidos por todo el aparato federal y con una relación directa con el liderazgo de las agencias, además de vínculos explícitos con grandes compañías del sector.
The New York Times amplía ese encuadre y sitúa el programa como un intento de recomponer las filas de trabajadores tecnológicos del Estado, una de las primeras campañas de captación selectiva de una administración que inició su mandato incentivando salidas y ejecutando despidos en el sector público.
The Register, por su parte, adopta un tono más crítico y resume el movimiento con un subtítulo casi irónico: Washington “redescubre que el IT moderno no se sostiene solo”.
US Tech Force y el giro de plantilla que intenta explicar dos movimientos opuestos
El diseño del programa, tal como lo presenta la web de la propia iniciativa, es directo: US Tech Force busca reclutar un “cuerpo de élite” de ingenieros para construir “la próxima generación” de tecnología gubernamental.
Habla de desafíos cívicos y de defensa, desde “infraestructura financiera crítica” en el Departamento del Tesoro hasta programas en el Departamento de Defensa. El formato es un compromiso de dos años, trabajando en equipos que reportan directamente al liderazgo de cada agencia. En paralelo, habrá formación técnica, interacción con líderes de industria y trabajo “cercano” con directivos de compañías socias.
Esa arquitectura pretende resolver un problema clásico del sector público, la dificultad para competir con el sector privado en ritmo, salarios y trayectorias, sin renunciar a la autoridad formal del Estado. Pero aparece una tensión inmediata: el programa nace después de recortes, cierres y reestructuraciones que, según Nextgov, desmantelaron “muchas unidades de tecnología del gobierno” y empujaron a miles de empleados a salir bajo diferentes esfuerzos de reducción de plantilla. The New York Times también subraya que el déficit de especialistas “probablemente empeoró este año”, cuando un número desconocido de trabajadores se marchó.
En otras palabras, US Tech Force se presenta como refuerzo, aunque opera sobre un terreno donde parte del músculo institucional ha sido debilitado. Esa contradicción no es solo política, también es operativa: la administración necesita ejecutar proyectos digitales complejos mientras reordena o vacía estructuras que acumulaban conocimiento interno sobre sistemas heredados, adquisiciones y cumplimiento normativo.
Kupor, según CNBC, lo resume como un intento de “reformar la fuerza laboral” para poner “el talento adecuado en los problemas adecuados”. La frase es lo bastante amplia como para incluir dos tácticas que en ocasiones chocan: contratar desde fuera con incentivos fuertes y, a la vez, retener el know how de quienes ya estaban dentro.
Qué perfiles, qué condiciones y qué narrativa de “misión”
La web de Tech Force detalla las áreas buscadas: ingeniería de software, inteligencia artificial, ciberseguridad, analítica de datos y gestión técnica de proyectos. También insiste en un punto que rompe con parte de la cultura tradicional del empleo federal: no exige un mínimo fijo de experiencia laboral y afirma que no es imprescindible un título tradicional, siempre que se cumplan las cualificaciones mínimas de cada convocatoria y, sobre todo, “la capacidad” para abordar desafíos tecnológicos críticos.
Ese enfoque es coherente con el mercado tecnológico, donde señales como portafolios, experiencia práctica y desempeño pueden pesar más que credenciales formales. Sin embargo, trasladado al Estado federal, plantea preguntas sobre cómo se acreditan competencias cuando los sistemas a proteger son sensibles y cuando la tolerancia al error es, por definición, menor.
En cuanto a condiciones económicas, Nextgov y CNBC coinciden: sueldos anuales previstos entre 150.000 y 200.000 dólares, más beneficios. Para el ecosistema federal, esos rangos son llamativos y buscan competir en una liga donde la escasez de perfiles de IA y ciberseguridad se traduce en primas salariales. A la vez, pueden tensionar escalas internas y comparativas con personal de carrera, especialmente si los nuevos fichajes llegan con condiciones diferenciales y equipos “que reportan directamente” a liderazgo de agencia, un camino más corto hacia la toma de decisiones que el que suele existir en estructuras burocráticas.
La narrativa de “misión” aparece repetida en varias fuentes. En Nextgov, Kupor interpela con un “We need you” y promete proyectos de “importancia nacional” junto con oportunidades futuras en el sector privado. En Reuters, el argumento es casi heroico: problemas “de los más complejos y difíciles del mundo”. En la web del programa, la promesa se concreta en un puente explícito entre servicio civil y carrera tecnológica: al terminar, los participantes “pueden buscar empleo” en las compañías asociadas.
Ese puente es, de hecho, una de las piezas más distintivas del programa y también el origen de la discusión ética que lo rodea.
La participación del sector privado: socios, cantera y la frontera difusa de incentivos
El listado de compañías asociadas es amplio y heterogéneo, según la web de la iniciativa: incluye Adobe, Amazon Web Services, AMD, Anduril, Apple, Box, C3.ai, Coinbase, Databricks, Dell Technologies, DocuSign, Google Public Sector, IBM, Meta, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle, Palantir, Salesforce, SAP, ServiceNow, Snowflake, Robinhood, Uber, Workday, xAI y Zoom, entre otras. Reuters menciona como ejemplos Apple, Google y Nvidia, en el marco de la promesa de considerar a los “alumni” del programa para puestos. CNBC añade a Microsoft y AWS en el grupo de “private sector partners”.
Nextgov aporta un matiz crucial: algunas incorporaciones, especialmente perfiles de gestión, podrían estar en “leave of absence” desde empresas privadas mientras trabajan para el gobierno. Es decir, no solo se busca captar talento externo que entra y sale, sino también atraer a gestores del sector privado que temporalmente pasan a ser empleados federales. Kupor, citado por Nextgov, lo formula con claridad: esos ingenieros gestores “efectivamente tomarán una excedencia” para convertirse en empleados a tiempo completo durante el programa.
En un entorno de compras públicas, contratos, licencias y decisiones sobre arquitectura tecnológica, este diseño dispara una alarma clásica: conflicto de interés. Nextgov recoge la pregunta de Rob Shriver, exdirector interino de OPM y hoy en Democracy Forward: “¿Cuáles son las reglas” para protegerse de conflictos? La misma pieza añade que, según Kupor, esos gestores no estarán obligados a desinvertir de sus acciones.
La combinación de tres elementos, excedencias, ausencia de desinversión y participación de compañías que venden tecnología al Estado, crea una zona gris. Incluso si se establecen cortafuegos internos, la percepción pública y el riesgo reputacional son difíciles de evitar. Que el programa subraye en su web que no tiene una “misión política” muestra que la administración anticipa críticas, aunque el punto más delicado no es ideológico sino de gobernanza: quién decide, con qué intereses y con qué trazabilidad.
The Register va más lejos en su lectura: con una fuerza tecnológica federal “diezmada”, el peso de rearmar sistemas recaería más en el sector privado, potencialmente “en línea con su propia visión” y “sus propios productos”. Es una interpretación, pero conecta con un hecho que sí aparece en varias fuentes: el programa se apoya de forma explícita en empresas para formación, mentoría, nominación de empleados y salidas profesionales posteriores.
Agencias destino y naturaleza del trabajo: del Tesoro al Departamento de Defensa, y más
El alcance institucional es amplio. Según Nextgov, OPM lidera el programa con otras agencias, incluyendo la Office of Management and Budget, la General Services Administration y la White House Office of Science and Technology Policy. Los tecnólogos se desplegarían en agencias como Defensa, Trabajo, el IRS y otras. The New York Times menciona IRS y Defensa como ejemplos de destinos y sitúa los perfiles buscados en software, datos y gestión de producto.
La web de Tech Force amplía el mapa de colocación a un conjunto grande de departamentos y organismos, desde Tesoro, Estado o Energía hasta Homeland Security, Veterans Affairs, la Small Business Administration, Centers for Medicaid and Medicare Services, además de OPM y GSA. Ese listado, por sí solo, sugiere que el programa no está pensado como una unidad central con producto único, sino como un mecanismo de inyección de talento distribuido.
Pero la distribución trae una dificultad conocida: si cada agencia opera con sistemas heredados, regulaciones específicas y culturas internas distintas, la promesa de impacto rápido depende de una coordinación fuerte, de acceso a datos y sistemas bajo procedimientos formales y de un gobierno del cambio que evite “soluciones isla”.
La web enumera categorías de proyectos, IA, desarrollo de aplicaciones, modernización de datos y entrega de servicios digitales. Reuters aporta un caso concreto, la plataforma digital para las cuentas de ahorro para niños. Es el tipo de proyecto que parece simple desde fuera y que, en el Estado, suele tocar identidad digital, seguridad, pagos, interoperabilidad y auditoría. Ahí el reto no es solo técnico, también es jurídico y procedimental.
Precedentes cercanos: Biden, USDS, Digital Corps y el espejo de 18F
Varios textos sitúan US Tech Force como una versión ampliada o reempaquetada de esfuerzos anteriores. Reuters recuerda que el expresidente Joe Biden impulsó una iniciativa similar para traer profesionales de IA al gobierno, con unos 200 fichajes según una declaración de 2024, y añade un dato que funciona como termómetro de retención: alrededor de 75 de esos empleados siguen en roles gubernamentales, según Kupor.
The New York Times menciona la U.S. Digital Corps, lanzada en 2022, como programa de dos años orientado a perfiles más tempranos en su carrera, con el propósito de modernizar tecnología antes de saltar a empleos mejor pagados. También recuerda la U.S. Digital Service (USDS), creada en 2014, y su transformación bajo Trump para alojar DOGE, renombrada como U.S. DOGE Service. En ese recorrido aparece 18F, una agencia de servicios digitales creada en 2014 que fue eliminada, con casi 100 empleados, y cuya disolución se asocia a un mensaje de Elon Musk en X.
Nextgov concreta parte de ese historial reciente: en marzo, GSA desmanteló 18F después de que Musk publicara que el grupo había sido “deleted”. También describe cierres y pérdidas en otras áreas, el cierre de la Office of Transformation de la Social Security Administration en febrero, el cierre de Defense Digital Service tras renuncias masivas, y la pérdida de más de 2.000 trabajadores tecnológicos en el IRS hasta junio, según ese medio.
Aquí aparece una tensión difícil de maquillar: la administración impulsa un programa para traer “lo mejor” del talento tecnológico, mientras el ecosistema público que formaba, retenía y gobernaba parte de ese talento se ha reducido. Donald Moynihan, profesor en la Universidad de Michigan, lo plantea en Nextgov con una frase que apunta al núcleo: hay valor en atraer talento, “dicho eso”, parte de la necesidad existe porque DOGE empujó fuera a gente muy capacitada que ya estaba dentro.
The Register también establece el paralelismo con USDS y 18F y cita un memo en el que Kupor asegura que Tech Force operará a una escala que le da “masa crítica” y un “rango de habilidades” que iniciativas previas no tenían. La promesa de escala funciona como argumento para justificar el nuevo marco: no sería “otra” unidad pequeña, sino un programa lo bastante grande como para desplegar equipos “suficientemente grandes” en agencias participantes.
DOGE como telón de fondo: velocidad, acceso y litigios
En el relato de Nextgov, DOGE aparece como un actor que condiciona la recepción pública del programa. Trump lo creó el primer día de su mandato con un enfoque nominal en tecnología, pero derivó en un foco de controversia por recortes, cierres y acceso a datos sensibles. El medio menciona que la aproximación de DOGE a los datos, entrar y acceder a sistemas “sin pasar por los procedimientos regulares”, está en el centro de varias demandas.
Ese contexto es relevante porque US Tech Force, al prometer impacto en IA y modernización, necesariamente tocará datos, sistemas, integraciones y permisos. Si el gobierno pretende acelerar entregas sin repetir prácticas cuestionadas, la diferencia estará en los procedimientos, en la trazabilidad y en el cumplimiento.
Moynihan añade otra preocupación, que el programa “recree” aspectos problemáticos de los primeros días de DOGE, incorporando gente que no entiende o no respeta las restricciones legales del trabajo público. No es un matiz menor: la ingeniería en el Estado no es solo construir, también es documentar, auditar, asegurar, comprar con reglas y operar con continuidad.
La promesa del “retorno” al sector privado: un incentivo potente, y un riesgo de captura
Que empresas se comprometan a “considerar” a los graduados del programa, como recogen Reuters y CNBC, es un incentivo directo para atraer candidatos que no quieren “encerrarse” en el Estado. Al mismo tiempo, establece un canal formalizado por el que el sector privado se convierte en destino natural tras el paso por la administración.
Hay dos lecturas posibles, ambas plausibles con la información disponible aquí. La primera es que el gobierno utiliza al sector privado como ancla de carrera: entra, aprende, entrega, sale, sin que la barrera salarial sea un obstáculo total. La segunda es que el programa puede favorecer una dinámica de “puerta giratoria” acelerada: se trabaja dos años sobre proyectos de alto impacto, se generan relaciones internas, se vuelve a empresas que potencialmente venden servicios o productos a esas mismas agencias.
La discusión sobre desinversión y excedencias intensifica esa segunda lectura. Si además algunos gestores vienen “prestados” por empresas y regresan después, el diseño se acerca a un modelo de intercambio de personal que, en el ámbito corporativo, sería normal, pero en lo público exige controles más rígidos.
El propio programa intenta situarse fuera de la política partidista. Su web insiste en que es distinto de United States DOGE Service y de programas gestionados por GSA, y que difieren en mandato, estructura, habilidades y capacidad de convertir a “competitive service”. Esa precisión administrativa busca marcar distancia. Pero la distancia formal no elimina el debate sobre dependencias prácticas.
Qué se sabrá pronto, y qué puede quedar oculto
El calendario ofrece un punto de verificación rápido: Kupor, según Reuters, quiere cerrar una primera ronda de contrataciones antes del 31 de marzo. Nextgov dice que el primer contingente podría desplegarse “tan pronto como marzo”. Si ese cronograma se cumple, habrá señales tempranas sobre cuántos candidatos se presentan, de dónde vienen, qué agencias logran atraerlos y qué proyectos se priorizan.
Aun así, hay piezas que no quedan resueltas con la información disponible. Por ejemplo:
- Cómo se gestionará, caso por caso, el conflicto de interés, más allá de la afirmación de Kupor en Nextgov de que han revisado los problemas y no creen que impidan la llegada de gente.
- Qué límites concretos tendrán quienes llegan desde empresas en excedencia, especialmente si sus compañías son proveedoras o potenciales proveedoras.
- Cómo se integrarán equipos temporales con personal de carrera, sin duplicar funciones o romper cadenas de responsabilidad.
- Qué métricas usará el gobierno para demostrar que “modernización” no significa solo prototipos, sino sistemas operativos con mantenimiento y seguridad.
En paralelo, el programa pretende ser continuo, no una tanda única, según su propia web. Eso amplía el riesgo y la oportunidad: si funciona, puede convertirse en una tubería estable de talento; si falla, puede consolidar la idea de que el Estado solo puede innovar alquilando capacidad al mercado.
Lo que queda por ver, en última instancia, es si US Tech Force logra algo más difícil que contratar. Construir tecnología pública implica operar dentro de límites legales y de seguridad, sostener servicios en el tiempo y rendir cuentas. La administración ha puesto el foco en la velocidad y en el tamaño de la cohorte. La fricción real aparecerá cuando esos 1.000 omgemieros, o los que finalmente sean, se encuentren con sistemas heredados, datos sensibles, compras públicas y una cadena de mando donde “reportar directamente” no siempre equivale a poder ejecutar sin intermediaciones.
