La adhesión de Telefónica a la nueva Guía para la planificación de la transición climática para empresas de telecomunicaciones de GSMA abre una fase distinta en la estrategia ambiental de un sector que, pese a su reducido peso directo en emisiones, sostiene una parte esencial del funcionamiento económico.
El movimiento no es menor: implica revisar el Plan de Transición Climática ya existente para alinearlo con un marco metodológico que aspira a estandarizar cómo debe prepararse una teleco para operar en un escenario de descarbonización acelerada. La palabra clave, transición climática, reaparece de forma continua en el documento de GSMA y se ha convertido en la referencia obligada para los operadores que buscan aportar credibilidad a sus compromisos.
Según la organización, que agrupa a un millar de operadores y compañías vinculadas al ecosistema móvil, la conectividad es infraestructura crítica. No se trata solo de redes; es la base sobre la que se apoya el resto de sectores, incluidos los que afrontan mayores presiones para reducir su huella ambiental.
En paralelo, estudios citados por GSMA, como el del Foro Económico Mundial, advierten de un escenario en el que las empresas que ignoran los riesgos del clima podrían perder hasta un 7% de sus beneficios en 2035. Lo llamativo es la contrapartida: quienes invierten en resiliencia y descarbonización podrían obtener retornos de hasta 19 dólares por cada uno invertido, una cifra que, aunque suene ambiciosa, está empezando a aparecer en los análisis financieros orientados a clima.
La guía de GSMA como referencia sectorial
La guía proporciona una estructura que va más allá de los compromisos de reducción. Propone que los operadores revisen la gobernanza de sus decisiones climáticas, integren la planificación financiera y elaboren una ruta de implementación verificable. Aunque en apariencia podría parecer un marco más de cumplimiento, el alcance es más transversal. Incluye principios aplicables a redes móviles y fijas, pero también a los proveedores de la cadena de suministro, que en muchos casos concentran la mayor parte de las emisiones indirectas del sector.
La conexión con iniciativas como las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad vinculadas a la Directiva CSRD, los estándares NIIF S2 o los requerimientos del CDP muestra que la guía no aparece en un vacío. En realidad, se integra en un ecosistema regulatorio que está obligando a las compañías europeas a ofrecer información detallada y comparable. Para una operadora como Telefónica, presente en mercados con regímenes regulatorios distintos, la convergencia metodológica evita disonancias entre informes, auditorías y expectativas de inversores.
La compañía española ha participado en la elaboración del documento desde el Grupo de Trabajo sobre Acción Climática de GSMA, donde operan 77 compañías de más de 150 países que suman el 80% de las conexiones móviles globales. El borrador ha contado también con la intervención de organizaciones como Carbon Trust y la ITU, una combinación que mezcla experiencia técnica y capacidad de estandarización internacional. No se trata solo de un ejercicio consultivo; el sector necesita un lenguaje común para medir avances y para enfrentarse a las exigencias de transparencia que llegan desde los reguladores y los mercados financieros.
COP30, un giro de presión hacia la ejecución
La coincidencia temporal entre la publicación de esta guía y la celebración de la COP30 no es casual. La cumbre, orientada este año a pasar de los compromisos a los planes ejecutables, ha situado la financiación de la transición, la reducción de combustibles fósiles y la ampliación de tecnologías limpias entre sus prioridades. Telefónica ha aprovechado este espacio para reforzar su mensaje en torno a la resiliencia. Lo interesante no es solo la idea de que la conectividad es un engranaje crítico durante emergencias climáticas; lo determinante es cómo se despliegan tecnologías como 5G, IoT o drones para asegurar comunicaciones estables en situaciones límite y facilitar operaciones de rescate.
Este enfoque introduce un matiz relevante. Las telecomunicaciones no solo deben reducir su impacto; también deben permitir que otros sectores —desde infraestructuras energéticas hasta servicios de protección civil— operen con mayor margen frente a los riesgos climáticos. Es una relación que, aunque a veces se menciona de forma tangencial, está ganando peso en los análisis que evalúan la contribución digital a la adaptación climática.
La compañía ha reforzado asimismo su participación en la Green Digital Action, iniciativa de la ITU que impulsa una hoja de ruta para reducir la huella ambiental del sector tecnológico y expandir el acceso a soluciones digitales sostenibles. El lanzamiento del nuevo GDA Hub pretende agrupar herramientas y conocimiento para acelerar la implementación de estas tecnologías a escala estatal. Puede parecer un vector secundario en comparación con la descarbonización, aunque en realidad conecta con la dimensión social de la transición: sin acceso a soluciones digitales, muchos países no podrán desplegar estrategias climáticas eficaces.
El Plan de Acción Climática de Telefónica, en revisión
Telefónica cuenta desde 2022 con un Plan de Acción Climática que fija objetivos para alcanzar cero emisiones netas en 2040. El documento incorpora indicadores de seguimiento y detalla responsabilidades internas de supervisión y rendición de cuentas. Un elemento que rara vez se destaca es su contribución a la reducción de emisiones en terceros sectores mediante servicios de conectividad y digitalización. Esta idea, a veces difícil de medir, aparece cada vez con mayor frecuencia en los informes de sostenibilidad porque permite explicar cómo la tecnología reduce desplazamientos, optimiza consumos o evita ineficiencias en sistemas industriales.
La compañía afirma haber reducido sus emisiones de CO₂ y las de su cadena de valor en un 52% durante la última década. La cifra refleja avances en varios frentes: eficiencia energética en redes, migración a electricidad renovable —ya del 100% en sus principales mercados— y medidas de circularidad aplicadas al diseño de productos, reciclaje de equipos y gestión de residuos. Aunque todas estas iniciativas avanzan a velocidades distintas, la integración de criterios de circularidad está adquiriendo un peso creciente porque reduce dependencias de materias primas críticas, un asunto especialmente sensible para operadores con cadenas de suministro extensas y dispersas.
Lo interesante es cómo la guía de GSMA podría obligar a precisar y estructurar aún más estas iniciativas. Una empresa puede tener objetivos ambiciosos, pero lo determinante es si están alineados con metodologías verificables, cómo se integran en la planificación financiera y qué mecanismos de seguimiento permiten corregir desviaciones. La adhesión a un estándar sectorial puede facilitar comparaciones y evitar que los compromisos se perciban como declaraciones aisladas que cambian según el mercado o el ciclo regulatorio.
Perspectiva a medio plazo
La adopción de la guía plantea un escenario operativo más exigente para Telefónica y el resto de operadores que se unan. A pesar de ello, introduce cierta claridad en un momento en el que la presión para demostrar avances reales es creciente. Las telecos se encuentran en una posición compleja: deben ampliar redes, gestionar incrementos sostenidos de tráfico y, simultáneamente, reducir su consumo energético y su impacto ambiental. Esa tensión, a veces invisibilizada, explica por qué la planificación climática ha pasado de ser un ejercicio de responsabilidad social a un componente estratégico de negocio.
En los próximos años, la combinación de requisitos regulatorios, expectativas de inversores y necesidad de resiliencia podría consolidar estos marcos como estándares comunes. Para Telefónica, que ya opera con un plan propio y acumula cierta experiencia en reducción de emisiones, la integración de la nueva guía puede funcionar como un mecanismo de coherencia interna y externa.
En última instancia, el valor de estos documentos no se mide solo por su ambición, sino por la capacidad de transformar decisiones operativas y de inversión en un sector donde cada despliegue de red implica compromisos energéticos que condicionan la década siguiente.
