Orange ha alcanzado un acuerdo con Lorca, el vehículo de inversión de los fondos KKR, Cinven y Providence, para adquirir por 4.250 millones de euros el 50% de MasOrange que aún no controlaba. La operación, anunciada oficialmente por la compañía francesa, supone que el grupo pasará a ser el propietario único del mayor operador de telecomunicaciones en España por número de clientes.
El acuerdo es, por el momento, no vinculante. Según el comunicado de Orange, la firma del contrato definitivo se prevé antes de que termine 2025 y estará sujeta al visto bueno de los órganos de representación de los trabajadores y de las autoridades regulatorias, tanto españolas como europeas. Si no surgen retrasos, la transacción se cerrará durante el primer semestre de 2026.
Una compra anticipada por el mercado
La operación culmina un proceso que, según adelantaron Expansión y Cinco Días, se interpretaba desde el inicio de la fusión entre Orange España y MásMóvil como una “compra diferida”. Cuando en marzo de 2024 se constituyó MasOrange —una sociedad participada al 50% por ambas partes y valorada entonces en unos 19.000 millones de euros— ya se contemplaba la posibilidad de que Orange ejerciera su derecho de compra antes de una eventual salida a Bolsa de la nueva compañía.
Las condiciones de mercado y la necesidad de liquidez de los fondos han acelerado el movimiento. Fuentes próximas a las negociaciones confirman que Providence presionó para cerrar la venta antes de 2026, mientras que KKR y Cinven aceptaron una valoración final inferior a la inicialmente prevista. En total, los tres fondos obtendrán unas plusvalías cercanas a los 5.800 millones de euros, tras haber invertido alrededor de 2.000 millones cuando lanzaron su opa sobre MásMóvil en 2020.
Valor y condiciones de la transacción
El precio pactado se sitúa entre los 4.250 y 4.300 millones de euros, según las fuentes consultadas. A esa cifra se añade un dividendo extraordinario de unos 50 millones de euros y la asunción por parte de Orange del plan de incentivos de la cúpula directiva de MasOrange, estimado en unos 100 millones. La operación se abonará íntegramente en efectivo.
El grupo francés, controlado en un 23% por el Estado, asumirá también la deuda de MasOrange, que alcanzaba los 12.636 millones de euros a cierre de 2024. Esta carga financiera elevará significativamente el apalancamiento del conjunto del grupo, cuya deuda neta ronda actualmente los 34.000 millones. No obstante, la dirección de Orange sostiene que la integración total de su filial española permitirá optimizar costes y mejorar las condiciones de financiación a medio plazo.
España, segundo pilar estratégico de Orange
Con esta adquisición, España se consolida como el segundo mercado más relevante del grupo después de Francia. MasOrange, que cuenta con una base combinada de más de 30 millones de clientes, generó unos ingresos cercanos a los 8.000 millones de euros en 2024. La compañía asegura haber identificado sinergias por valor de 500 millones anuales, aunque los últimos resultados reflejan pérdidas de 582 millones en su primer ejercicio completo debido a los costes financieros derivados de su elevada deuda.
Para Orange, la compra refuerza su plan estratégico Lead the Future, que busca simplificar su estructura, estabilizar márgenes y ganar peso en los mercados donde ya posee posiciones de liderazgo. “Con la plena propiedad, el grupo confirma su compromiso industrial a largo plazo en España y su confianza en el equipo de gestión de MasOrange”, señaló en su comunicado oficial Christel Heydemann, consejera delegada del grupo.
Ganancias para los fondos y salida de Spenger
Los fondos controladores de Lorca —KKR, Cinven y Providence— junto con el equipo directivo de MasOrange obtendrán importantes plusvalías. Según Cinco Días, además de los 4.300 millones de euros derivados de la venta, recibirán unos 412 millones por la participación de casi el 10% que conservaban en la sociedad. El consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, será uno de los principales beneficiarios, con una ganancia próxima a los 120 millones de euros entre su participación y los incentivos.
Pese a que Orange ha asegurado públicamente que el equipo de gestión continuará al frente de la compañía, fuentes cercanas citadas por Expansión consideran probable que Spenger abandone la dirección una vez consumada la operación y recibida su parte como accionista. Su salida marcaría el final de un ciclo iniciado con la compra de Yoigo por MásMóvil en 2016 y culminado ahora con la absorción completa por parte del grupo francés.
Una operación bajo la lupa
El proceso de autorización no será inmediato. El Gobierno español deberá validar la transacción al tratarse de una inversión extranjera en un sector considerado estratégico, mientras que la Comisión Europea evaluará su impacto en la competencia. Pese a que la fusión original ya fue aprobada en 2024 con condiciones, los reguladores podrían exigir compromisos adicionales si consideran que la concentración de mercado se amplía con esta compra.
En paralelo, Orange busca reducir su deuda global mediante la venta parcial de activos no esenciales. La reciente entrada del fondo soberano de Singapur GIC en PremiumFiber —la sociedad conjunta de fibra óptica de Orange y Vodafone— ha permitido rebajar el ratio deuda/ebitda del grupo del 4,5 al 2,7, un requisito clave para proceder a la adquisición del 50% restante de MasOrange.
Un liderazgo con desafíos
MasOrange lidera el mercado español por volumen de clientes, pero no por rentabilidad. Desde su fusión, ha perdido cerca de un millón de usuarios de banda ancha y móvil, presionada por la competencia de bajo coste y los costes financieros. La dirección confía en revertir esa tendencia con una estrategia de integración comercial y de red, apoyada en la infraestructura conjunta de fibra y 5G.
Para Orange, el control total de MasOrange no solo consolida su posición en España, sino que refuerza su papel como operador paneuropeo capaz de competir en escala con Deutsche Telekom o Vodafone. Sin embargo, la compañía deberá convencer a sus accionistas —entre ellos el Estado francés— de que el desembolso de más de 4.000 millones y la absorción de una deuda de 12.600 millones son sostenibles en un entorno de márgenes ajustados y presión regulatoria creciente.
