La construcción de un espacio digital seguro se ha convertido en el eje de la diplomacia tecnológica contemporánea, situando a la regulación no como un obstáculo, sino como un estándar de calidad democrática. Sin embargo, este marco de protección de derechos fundamentales enfrenta hoy una paradoja operativa: la robustez legal de regiones como la Unión Europea y socios como Canadá choca con la hegemonía comercial de plataformas que operan bajo lógicas de «compañías-estado». El debate ya no gira únicamente en torno a qué leyes deben regir el código, sino a cómo evitar que la norma sea el único activo de un continente que necesita músculo industrial para sostener su propia ética.
Esta semana, durante la jornada Derechos Digitales: un diálogo necesario entre la Unión Europea y Canadá organizada por la Universidad CEU San Pablo, el embajador de Canadá en España, Jefrey Marder, subrayó la importancia de una gobernanza responsable que no comprometa la innovación. Según el diplomático, España actúa como un socio estratégico en áreas críticas como la Inteligencia Artificial ética y la protección de datos. Esta sintonía bilateral busca consolidar un frente común ante un escenario global donde la tecnología a menudo desborda los límites geográficos y jurídicos tradicionales.
La narrativa que contrapone la regulación a la capacidad de innovar ha sido cuestionada por las voces académicas presentes en el encuentro. José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo, sostiene que es un error conceptual considerar que las leyes frenan el progreso técnico. El experto defiende que la innovación europea se desarrolla en un marco plenamente alineado con los derechos fundamentales, aunque admite un matiz determinante: la brecha de inversión. La normativa existe y es avanzada, pero el despliegue tecnológico requiere de un flujo de capital que permita a las empresas locales competir en igualdad de condiciones con los gigantes estadounidenses o asiáticos.
En este punto, el análisis de Karim Benyekhlef, director del Laboratorio de Ciberjusticia de la Universidad de Montreal, introduce una variable de tensión necesaria. Benyekhlef advierte que las grandes tecnológicas ejercen una presión constante, a menudo apoyada por la administración de Estados Unidos, calificando la regulación europea como una limitación artificial para sus modelos de negocio. El catedrático canadiense señala que la ley, por sí sola, es insuficiente si no va acompañada de inversiones masivas que transformen a Europa en una verdadera potencia industrial. Sin esa base económica, el marco regulador corre el riesgo de convertirse en un manual de buenas intenciones sobre tecnologías diseñadas y controladas fuera de sus fronteras.
Juan Miguel Márquez, subdirector del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), incidió en la necesidad de recuperar el consenso sobre la defensa de los derechos fundamentales en el entorno digital. La colaboración entre instituciones, canalizada a través del Observatorio de Derechos Digitales —una iniciativa impulsada por Red.es en colaboración con entidades como la Universidad CEU San Pablo—, pretende que la gobernanza tecnológica sirva al bien común y no solo a intereses corporativos. La convergencia entre España y Canadá en esta materia no es casual; ambos países comparten una visión del espacio digital como una extensión de la esfera pública donde las garantías ciudadanas deben ser innegociables.
La operatividad de estas ideas depende de un diálogo fluido entre perfiles que históricamente han trabajado en compartimentos estancos. Piñar destaca que un jurista ya no puede avanzar sin el técnico, ni el ingeniero puede actuar de espaldas a la norma. Esta simbiosis es crítica en sectores como la ciberjusticia, donde Nicolas Vermeys y Valentin Callipel, del laboratorio de Montreal, analizan cómo las tecnologías disruptivas impactan directamente en el acceso a la tutela judicial efectiva y otros derechos básicos. El reto técnico es, en última instancia, un desafío de diseño legal preventivo.
A pesar del optimismo diplomático, el escenario actual muestra fisuras en la capacidad de ejecución. Mientras la Unión Europea lidera la creación de estándares globales como el Reglamento de Inteligencia Artificial, la realidad del mercado indica que la implementación de estas soluciones a escala industrial sigue dependiendo de infraestructuras de computación y almacenamiento que son, en su mayoría, extranjeras. La soberanía digital se juega, por tanto, en la capacidad de generar alternativas viables que respeten el marco de derechos sin sacrificar la eficiencia competitiva.
La jornada en Casa de América deja abierta una cuestión que marcará la agenda de la próxima década: si el modelo de «innovación con valores» que defienden Canadá y España será capaz de atraer el volumen de capital necesario para no ser meros consumidores de tecnología regulada. La arquitectura de los derechos digitales ya está trazada; falta determinar quién construirá los cimientos físicos sobre los que se apoyará esa estructura en un mercado global cada vez más fragmentado.
