La inclusión de jueces del Tribunal Penal Internacional en listas de sanciones económicas por parte del gobierno de Donald Trump ha reactivado en Europa un debate que llevaba años latente: la dependencia estructural del continente respecto a la tecnología estadounidense.
El caso de Kimberly Prost, magistrada canadiense sancionada tras autorizar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán, ha puesto rostro a una vulnerabilidad que trasciende lo judicial. Su exclusión de servicios financieros y digitales operados desde EE. UU. ilustra hasta qué punto la infraestructura tecnológica global sigue anclada en decisiones políticas unilaterales.
Aunque la Unión Europea ha planteado desde hace tiempo la necesidad de reforzar su soberanía digital, los últimos movimientos de Washington han acelerado esa reflexión. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 22 de enero un informe que insta a la Comisión a identificar sectores críticos donde reducir la dependencia de proveedores no comunitarios. La resolución, aunque no vinculante, coincide con iniciativas gubernamentales concretas. Francia, por ejemplo, ha anunciado que sustituirá Zoom y Microsoft Teams por Visio, una herramienta de videoconferencia desarrollada localmente.
La preocupación no es nueva. Desde la aprobación del Patriot Act en 2001, que otorgó a las agencias de inteligencia estadounidenses amplios poderes de vigilancia extraterritorial, los gobiernos europeos han intentado equilibrar sus compromisos transatlánticos con las exigencias de privacidad de sus ciudadanos. Sin embargo, los hechos revelados por Edward Snowden en 2013 confirmaron que los datos de millones de europeos estaban al alcance de la NSA, incluso cuando eran almacenados por empresas con sede en la UE pero matriz en EE. UU. Microsoft reconoció en 2011 que podía verse obligada a entregar datos europeos en virtud de órdenes secretas del gobierno estadounidense.
Miguel De Bruycker, director del Centro de Ciberseguridad de Bélgica, lo expresó con crudeza en una entrevista reciente: “Hemos perdido internet”. Según De Bruycker, es “actualmente imposible” almacenar datos exclusivamente en Europa debido al dominio estadounidense sobre las infraestructuras digitales. Su diagnóstico no apunta solo a la nube o al hardware, sino a un ecosistema completo de servicios, estándares y dependencias que condicionan la autonomía tecnológica del continente.
Los datos respaldan esa percepción. Más del 80% de los productos, servicios e infraestructuras digitales utilizados en la UE provienen de fuera del bloque, según cifras citadas por el Parlamento Europeo. Esta asimetría no solo plantea riesgos en términos de privacidad o competencia, sino que también deja a gobiernos e instituciones expuestos a decisiones políticas ajenas. La instrumentalización de las sanciones económicas por parte de la administración Trump, incluso contra funcionarios de organismos internacionales, ha puesto de relieve esa exposición.
En paralelo, han surgido movimientos ciudadanos y profesionales que promueven el abandono de servicios tecnológicos estadounidenses. Iniciativas como switch-to.eu o European Alternatives ofrecen recursos para migrar hacia herramientas de código abierto o desarrolladas en Europa. Aunque su impacto es aún limitado, reflejan una inquietud creciente entre usuarios y desarrolladores.
La Comisión Europea ha intentado responder con proyectos como Gaia-X, una infraestructura de datos federada impulsada por Alemania y Francia que busca ofrecer una alternativa europea a los grandes proveedores de nube. Sin embargo, el avance ha sido desigual y la participación de empresas estadounidenses en el consorcio ha generado tensiones internas. La paradoja es evidente: para construir una nube europea, se ha recurrido a actores que representan precisamente la dependencia que se pretende superar.
Más allá de la infraestructura, la cuestión de la soberanía digital también atraviesa el terreno normativo. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha sido una de las pocas herramientas con las que la UE ha logrado influir en el diseño global de políticas de privacidad. No obstante, su aplicación frente a gigantes tecnológicos sigue siendo desigual, y los litigios por transferencia de datos a EE. UU. han generado incertidumbre jurídica persistente.
El contexto geopolítico añade una capa de urgencia. Las amenazas de Trump de invadir países aliados de la OTAN o de capturar líderes extranjeros han desdibujado los límites tradicionales de la diplomacia. En ese clima, la dependencia tecnológica se percibe no solo como una cuestión económica o de competitividad, sino como un factor de seguridad nacional.
Europa afronta ahora el reto de traducir esta toma de conciencia en capacidades reales. Durante años, la fragmentación del mercado digital europeo, la ausencia de campeones tecnológicos comparables a los de Silicon Valley y la lentitud regulatoria han lastrado los intentos de autonomía. El contexto actual, sin embargo, apunta a una posible convergencia de intereses inédita entre gobiernos, instituciones y una parte del sector privado.
La sustitución de herramientas estadounidenses por soluciones locales, como el caso de Visio en Francia, podría marcar un punto de inflexión si se consolida como tendencia. Pero también podría quedarse en gesto simbólico si no va acompañado de inversiones sostenidas, marcos regulatorios coherentes y una estrategia industrial común. La soberanía digital, en última instancia, no se decreta: se construye.
