Barcelona se ha convertido en el primer laboratorio urbano del proyecto CRETA, una iniciativa tecnológica que busca redefinir la gestión del tráfico rodado mediante el uso combinado de redes 5G, inteligencia artificial y sensores de emisiones.
El consorcio responsable, formado por MasOrange, Abertis, Cellnex, Indra, Opus RSE, Vinces y Alpha Syltec Ingeniería, ha iniciado las pruebas en la C-32 con un enfoque que va más allá de la eficiencia vial: se trata de medir y modular la movilidad en función del impacto ambiental real de cada vehículo.
La tecnología desplegada permite detectar en tiempo real las emisiones de los coches en circulación, anticipar situaciones de congestión y ajustar dinámicamente las condiciones del tráfico. Según los responsables del piloto, el sistema no solo mejora el flujo de vehículos, sino que también incentiva el uso de modelos menos contaminantes. La clave está en la tarificación variable: una propuesta que ajusta el coste de acceso a la ciudad según las emisiones reales del vehículo, no según su etiqueta ambiental teórica.
El proyecto se apoya en la tecnología de medición remota de emisiones desarrollada por Opus RSE, instalada en la C-32, y en la red 5G SA de MasOrange, que permite la transmisión de datos en tiempo real. La app AWAI de Autopistas y los sistemas C-V2X desplegados por Cellnex completan la infraestructura, enviando recomendaciones de velocidad a los conductores en función del nivel de emisiones, la calidad del aire y el riesgo de accidentes previsto por los algoritmos.
Aunque el enfoque puede parecer futurista, la regulación europea está avanzando en esa dirección. El pasado mes se publicó el borrador de una directiva que obligará a los Estados miembros a medir anualmente las emisiones reales del 30% de su parque móvil a partir de 2026. Esta tecnología, hasta ahora marginal, pasará a ser obligatoria en toda la UE. En este sentido, el piloto de CRETA no solo anticipa el marco normativo, sino que ofrece un modelo operativo que podría escalarse a otras ciudades.
Además de Barcelona, el consorcio está desarrollando pruebas en Madrid e Irún. En la capital, el foco está en la gestión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), donde el sistema analiza trayectos, ocupación de vehículos y emisiones para controlar el acceso. En Irún, el objetivo es testar la capacidad del sistema para discriminar vehículos pesados en función de sus emisiones y detectar manipulaciones en tiempo real en el paso fronterizo.
El proyecto ha recibido una subvención de 2,7 millones de euros del programa UNICO-5G Sectorial, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. Esta financiación ha permitido integrar tecnologías que, hasta ahora, se desarrollaban de forma aislada: sensores de emisiones, comunicaciones C-V2X, redes 5G SA y analítica avanzada.
Uno de los elementos más significativos del sistema es el algoritmo de tarificación dinámica desarrollado por Abertis. Este permite ajustar las tarifas de uso de infraestructuras viarias en función de la congestión y las emisiones reales, alineándose con el Real Decreto 205/2025, que regula la tarificación diferenciada por impacto ambiental, y con la Directiva (UE) 2022/362, que exige la incorporación de costes externos en los peajes.
La aplicación práctica de estas normativas, sin embargo, plantea retos técnicos y políticos. Por un lado, requiere una infraestructura de medición y comunicación robusta. Por otro, implica decisiones sobre cómo aplicar tarifas diferenciadas sin generar desigualdades o conflictos sociales. El piloto de CRETA no resuelve estas tensiones, pero ofrece un banco de pruebas para explorarlas con datos reales.
Más allá de la tarificación, el sistema también mejora la capacidad de respuesta ante incidentes. Gracias a la sensorización del tráfico y la conectividad 5G, se pueden enviar alertas en tiempo real a los conductores, lo que reduce los tiempos de reacción y mejora la seguridad vial. Esta capacidad de supervisión dinámica también facilita la toma de decisiones por parte de las Administraciones Públicas, que disponen de datos precisos para diseñar políticas de movilidad basadas en evidencia.
La integración de la comunicación vehicular C-V2X con la red 5G SA representa otro avance relevante. Esta combinación permite que los vehículos se comuniquen entre sí y con la infraestructura, lo que abre la puerta a nuevas aplicaciones de movilidad inteligente. Desde la gestión de semáforos hasta la coordinación de flotas, las posibilidades son amplias, aunque su despliegue masivo aún está en fase incipiente.
El proyecto CRETA se alinea con las estrategias de movilidad de la Unión Europea y del Gobierno de España, que promueven la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio de “quien contamina paga”. También anticipa la futura Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en trámite parlamentario, que podría consolidar este tipo de enfoques como estándar regulatorio.
En última instancia, CRETA no es solo un experimento tecnológico. Es una prueba de concepto sobre cómo podría funcionar una movilidad basada en datos, emisiones reales y decisiones dinámicas. Su éxito dependerá tanto de la robustez técnica como de la capacidad de las instituciones para integrar estos sistemas en sus políticas públicas.
La implicación de empresas como MasOrange, Abertis, Cellnex o Indra, con experiencia en telecomunicaciones, infraestructuras y digitalización, refuerza la viabilidad del proyecto. Pero también plantea preguntas sobre el papel del sector privado en la gestión de la movilidad urbana, un ámbito tradicionalmente reservado a las administraciones.
Por ahora, el piloto de Barcelona ofrece una muestra tangible de lo que podría ser una movilidad más eficiente y menos contaminante. A medida que avance la regulación europea y se amplíen las pruebas, el modelo CRETA podría convertirse en referencia para otras ciudades que buscan equilibrar sostenibilidad, tecnología y gobernanza.
