En marzo de 2025, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó a Atos el contrato para el mantenimiento y evolución de su plataforma de inteligencia artificial, en el marco de la iniciativa Madrid Inteligencia Artificial (MAIA) . El acuerdo, con una duración inicial de tres años y posibilidad de prórroga, contempla tanto el soporte técnico como el desarrollo de nuevos casos de uso que integren IA generativa en los servicios municipales.
El proyecto no parte de cero. Desde hace años, el consistorio madrileño ha explorado la automatización de procesos administrativos, pero la incorporación de capacidades generativas marca un cambio de escala. Según el contrato, Atos será responsable del mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de los sistemas, así como del soporte operativo a los usuarios y al Servicio de Informática y Comunicaciones del Ayuntamiento (Easydro).
Entre los objetivos declarados: mejorar la eficiencia interna, ofrecer servicios más personalizados a la ciudadanía y facilitar la toma de decisiones basada en datos. Pero también, según fuentes municipales, garantizar que el despliegue de la IA se ajuste a criterios de responsabilidad, ética y transparencia. Un equilibrio que no siempre resulta sencillo, especialmente cuando se trata de algoritmos que interactúan directamente con el ciudadano.
Uno de los desarrollos más avanzados es el sistema Comunicación Clara, diseñado para revisar y reformular textos administrativos. Utiliza modelos de lenguaje que analizan el contexto y proponen redacciones más comprensibles, alineadas con la Guía de Comunicación Clara del Ayuntamiento. El objetivo no es solo lingüístico: se trata de reducir ambigüedades, evitar tecnicismos innecesarios y facilitar el acceso a la información pública.
Otro caso de uso destacado es el denominado Pipeline de objetos documentales. Este sistema permite procesar automáticamente archivos de texto, audio y vídeo, extrayendo información estructurada mediante técnicas de transcripción, OCR y generación de embeddings vectoriales. Estas representaciones semánticas permiten búsquedas más precisas y la integración con sistemas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG), una arquitectura que combina IA generativa con recuperación de información para ofrecer respuestas contextualizadas.
La colaboración entre Atos y el Ayuntamiento también incluye un laboratorio de innovación, formación especializada para empleados públicos y una red de conocimiento compartido. Según José Miguel González Aguilera, subdirector general de Innovación y Servicios Emergentes del consistorio, “el uso de la inteligencia artificial representa una oportunidad única de transformación en la forma de relación y prestación de servicios a la ciudadanía”.
Desde Atos, Diego Padilla, director del proyecto, subraya que el contrato refuerza su apuesta por una IA “fiable, ética y útil para la ciudadanía”. La compañía, con presencia en 61 países y cerca de 67.000 empleados, opera en España desde hace décadas y ha participado en múltiples proyectos de digitalización del sector público.
Sin embargo, la implantación de IA en la administración pública no está exenta de tensiones. La automatización de procesos plantea desafíos en términos de supervisión humana, protección de datos y equidad algorítmica. Aunque el contrato menciona estándares éticos y de eficiencia, no detalla qué mecanismos de auditoría o rendición de cuentas se aplicarán a los sistemas desplegados.
Tampoco está claro hasta qué punto los ciudadanos serán informados cuando interactúen con agentes automatizados. La transparencia algorítmica, aunque mencionada en términos generales, sigue siendo un terreno en construcción. En este sentido, la experiencia de Madrid podría convertirse en un banco de pruebas para otras ciudades españolas que estudian integrar IA en sus servicios públicos.
El contexto regulatorio europeo añade otra capa de complejidad. El futuro Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, aún en fase de tramitación, podría imponer nuevas obligaciones a las administraciones que utilicen sistemas de IA en funciones públicas. Dependiendo de su clasificación de riesgo, algunas aplicaciones podrían requerir evaluaciones de impacto, documentación técnica detallada o incluso prohibiciones específicas.
A pesar de estas incertidumbres, el proyecto MAIA avanza con una hoja de ruta definida. La combinación de vigilancia tecnológica, soporte operativo y desarrollo de casos de uso apunta a una estrategia de despliegue progresivo, más que a una transformación disruptiva. Una aproximación que, al menos por ahora, parece alinearse con la cautela institucional y la necesidad de generar confianza en el uso de tecnologías emergentes.
En paralelo, el Ayuntamiento de Madrid continúa explorando nuevas aplicaciones. Según fuentes cercanas al proyecto, se estudian iniciativas en ámbitos como la gestión del tráfico, la atención social o la planificación urbana, aunque aún no se han hecho públicos los detalles. Lo que sí está claro es que la IA ha dejado de ser una promesa abstracta para convertirse en una herramienta operativa dentro de la administración local.
