El Gobierno ha puesto en circulación una nueva pieza dentro de su estrategia de inteligencia artificial: ALIA 40B Instruido. El anuncio, realizado en Madrid durante la jornada Impulsando el ecosistema de IA, introduce un modelo de lenguaje de 40.000 millones de parámetros alineado con el contexto sociocultural español y disponible para el conjunto del ecosistema.
La pregunta que sobrevuela no es solo qué puede hacer este modelo, sino hasta qué punto una infraestructura pública de IA puede influir en la competitividad, la soberanía tecnológica y el uso responsable de la computación en España.
La presentación corrió a cargo de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, en un encuentro que sirvió también como escenario para el primer prompt-a-thon asociado a la Comunidad de IA de Código Abierto impulsada desde la SEDIA. El evento combinó demostraciones técnicas, debates estratégicos y una competición orientada a la eficiencia energética, un enfoque poco habitual en este tipo de lanzamientos y que ofrece pistas sobre las prioridades políticas que rodean a ALIA.
ALIA 40B Instruido representa un salto cuantitativo y funcional respecto a versiones anteriores. Frente al modelo de 7.000 millones de parámetros disponible hasta ahora, esta nueva iteración amplía su capacidad de interacción y razonamiento, apoyándose en un proceso de alineamiento que combina traducciones humanas y generación sintética supervisada. El objetivo declarado es adaptar el comportamiento del modelo a las realidades lingüísticas y culturales de España, un aspecto que suele quedar diluido en los grandes modelos comerciales entrenados con datos globales.
El énfasis en la diversidad cultural y lingüística no es accesorio. Desde su origen, ALIA se ha presentado como una familia de modelos orientada a cubrir un vacío específico: la representación de las lenguas oficiales y cooficiales, así como de los marcos normativos y administrativos propios del país. En ese recorrido se encuadran otros desarrollos previos, como el modelo Roberta Multilingüe o SalamandraTA 7B, centrado en traducción automática para lenguas del Estado y de la Unión Europea. El 40B Instruido se apoya en ese trabajo acumulado, pero añade una capa de interacción que lo acerca a los grandes modelos conversacionales.
Durante su intervención, González Veracruz insistió en la lógica de continuidad del proyecto. “ALIA es un proyecto abierto, un proceso continuo en el que se va sumando experiencia, investigación, formación y nuevo conocimiento”, afirmó, subrayando que la infraestructura no se concibe como un producto cerrado sino como una base evolutiva. En ese discurso aparece de forma recurrente la idea de soberanía tecnológica, entendida no solo como control de infraestructuras, sino como capacidad de generar conocimiento propio y talento especializado.
La referencia a la Comisión Europea y a Open Europe LLM apunta a una dimensión más amplia. España fue uno de los primeros países en desplegar una infraestructura pública y abierta de recursos de IA, y ahora ese planteamiento empieza a replicarse en otros contextos comunitarios. Sin embargo, el paralelismo también introduce una tensión: hasta qué punto estos modelos públicos pueden competir, complementar o condicionar la adopción de soluciones privadas dominadas por grandes proveedores internacionales.
El evento permitió observar cómo ALIA empieza a materializarse en aplicaciones concretas. Seis centros demostradores, de naturaleza pública y privada, presentaron casos de uso ya en desarrollo sobre ámbitos como el jurídico, la atención a la ciudadanía, la gestión de emergencias o la verificación de noticias. Más allá de la variedad temática, los ejemplos compartían un denominador común: la utilización de modelos de lenguaje entrenados o adaptados a contextos normativos y operativos españoles, un terreno donde los modelos generalistas suelen mostrar carencias.
Estas demostraciones no resolvieron todas las incógnitas sobre escalabilidad o adopción real, pero sí mostraron un primer aterrizaje práctico. En la Administración pública, por ejemplo, la promesa de eficiencia y accesibilidad convive con exigencias de trazabilidad, seguridad y cumplimiento normativo. En ese sentido, disponer de un modelo público y auditable puede reducir fricciones, aunque también traslada al sector público la responsabilidad de su mantenimiento y evolución.
Uno de los elementos más singulares de la jornada fue la clausura del Programa Nacional de Algoritmos Verdes a través de un “prompt-a-thon”. Más de 30 finalistas interactuaron con ALIA 40B Instruido con un objetivo concreto: obtener respuestas válidas y coherentes utilizando la menor cantidad de computación posible. El criterio de evaluación no se centró solo en la calidad del resultado, sino en la eficiencia energética asociada al diseño de los prompts, una señal clara de hacia dónde quiere orientar el debate el Ejecutivo.
Esta preocupación por el consumo energético atravesó también las mesas redondas del programa. En la primera, dedicada a la IA como cuestión estratégica de soberanía tecnológica, se introdujo la norma UNE para medir y optimizar el consumo energético de los algoritmos. La discusión, en la que participaron representantes del ámbito académico y empresarial, evidenció que la eficiencia empieza a considerarse una variable estratégica, no solo técnica, en el despliegue de sistemas de IA.
La segunda mesa abordó el estado actual de la inteligencia artificial desde una perspectiva más amplia, combinando voces de universidades, startups y grandes proveedores tecnológicos. El intercambio puso sobre la mesa tanto el valor tangible que ya aportan los sistemas de IA como sus límites actuales, especialmente en términos de fiabilidad, sesgos y costes operativos. En ese contraste, los modelos públicos como ALIA aparecieron como una alternativa con potencial, aunque todavía en fase de consolidación frente a soluciones comerciales maduras.
La última mesa se centró en la incorporación de la IA en la Administración pública, con ejemplos ya en funcionamiento en defensa, justicia, administraciones autonómicas y entidades locales. Los ponentes coincidieron en que la adopción no es homogénea y que los proyectos avanzan a diferentes velocidades, condicionados por recursos, capacidades internas y marcos regulatorios. La existencia de una infraestructura común como ALIA puede facilitar ese proceso, aunque no elimina las barreras organizativas.
El acto concluyó con la entrega de premios del Desafío ALIA, en el que se reconoció a los participantes capaces de optimizar la interacción con el modelo desde una lógica de eficiencia computacional. Más allá de los nombres propios, el mensaje fue claro: la sostenibilidad ya forma parte del relato oficial de la IA pública en España, no como añadido, sino como criterio de diseño.
Con ALIA 40B Instruido ya disponible, el ecosistema español de inteligencia artificial se enfrenta a una nueva fase. El modelo amplía capacidades y refuerza la narrativa de soberanía y apertura, pero también plantea interrogantes sobre su adopción real, su evolución técnica y su convivencia con un mercado dominado por actores globales. La infraestructura está ahí. La cuestión ahora es cómo, y hasta dónde, será utilizada.
