El despliegue masivo de la inteligencia artificial ha dejado de ser un reto exclusivamente tecnológico para convertirse en un examen de integridad estructural para las empresas en España. La velocidad a la que se integran sistemas de aprendizaje automático y modelos generativos está tensionando los marcos de privacidad existentes, forzando una mutación en departamentos que antes se limitaban a la gestión pasiva del cumplimiento.
Según se desprende del estudio Cisco 2026 Data and Privacy Benchmark Study, el 94% de las organizaciones españolas han tenido que ampliar el alcance de sus programas de privacidad como respuesta directa al auge de esta tecnología, una cifra que supera ligeramente la media global del 90%. Esta expansión no es solo teórica; se traduce en una movilización de recursos sin precedentes: el 93% de las firmas nacionales prevé incrementar su presupuesto en gobernanza de datos en los próximos dos años para no perder el ritmo de la innovación ni la confianza del mercado.
La inversión en privacidad ha dejado de percibirse como un coste hundido para consolidarse como un catalizador de agilidad operativa. En el entorno empresarial español, el 99% de los directivos consultados afirma obtener beneficios tangibles de sus políticas de datos, destacando especialmente la mejora en la eficiencia interna (96%) y la capacidad de innovar con mayor rapidez (94%). Sin embargo, esta voluntad inversora choca con una realidad operativa compleja: la disciplina del dato está bajo una presión extrema. Mientras las organizaciones aspiran a liderar en IA, solo el 11% de las empresas en España describe sus comités de gobernanza de IA como maduros o proactivos, lo que evidencia una brecha significativa entre la ambición estratégica y la capacidad de ejecución real.
Esta asimetría se manifiesta con especial crudeza en el acceso a la materia prima. El 43% de los responsables de tecnología en España reconoce serias dificultades para obtener datos de alta calidad que sean aptos para entrenar o alimentar modelos de IA. El problema no es la falta de información, sino su estado. La fragmentación, la falta de etiquetado adecuado —solo la mitad de las empresas a nivel global cuenta con sistemas de etiquetado exhaustivos— y las dudas sobre la protección de la propiedad intelectual (IP) actúan como cuellos de botella. Para el 77% de las organizaciones, la protección de la propiedad intelectual en los conjuntos de datos de IA se ha convertido en una de las principales preocupaciones de gobernanza, superando incluso a los riesgos tradicionales de ciberseguridad.
Un punto de fricción notable en el mercado español es la postura respecto a la localización de datos. Existe una aparente contradicción en las preferencias de los directivos: por un lado, un 84% de las empresas en España demanda una mayor localización de los datos, buscando quizá una sensación de seguridad o control geográfico. Sin embargo, el 82% admite que estas mismas exigencias de soberanía local añaden costes, complejidad y riesgos operativos a la prestación de servicios transfronterizos. Esta tensión sugiere que la percepción de que el dato almacenado localmente es intrínsecamente más seguro está perdiendo fuerza, cayendo del 90% al 86% en el último año a nivel global. De hecho, en España, esa confianza en lo local como refugio de seguridad desciende hasta el 73%, lo que indica una visión más pragmática y alineada con la necesidad de operar en una economía digital sin fronteras.
En este escenario, los proveedores globales de tecnología están ganando terreno como gestores de confianza. El 78% de las empresas españolas considera que los grandes proveedores con escala internacional están mejor posicionados para gestionar los flujos de datos transfronterizos de forma segura. Esta tendencia refleja una búsqueda de estándares armonizados que permitan a las empresas españolas escalar sus soluciones sin quedar atrapadas en un mosaico de regulaciones locales incompatibles. La idea de un flujo de datos con confianza gana adeptos como una vía para respetar la soberanía nacional sin sacrificar el crecimiento económico.
La transparencia se ha revelado como el factor determinante para la retención del cliente, por encima incluso del estricto cumplimiento legal. Según el informe, el 46% de las organizaciones identifica la comunicación clara sobre cómo se usan los datos como la acción más eficaz para construir confianza, superando con creces el simple hecho de demostrar que se cumplen las leyes de privacidad (18%) o evitar brechas de seguridad (14%). Los consumidores y socios comerciales ya no solo exigen que sus datos estén «seguros», sino saber exactamente qué papel juegan en los procesos de decisión automatizados de la IA.
A pesar de esta conciencia sobre la transparencia, el control sobre la cadena de suministro de IA sigue siendo un área gris. Aunque el 81% de las empresas confía en que sus proveedores de IA generativa son transparentes, solo el 55% de las organizaciones a nivel global exige términos contractuales claros que definan la propiedad de los datos y la responsabilidad legal. Esta falta de formalización contractual sugiere una vulnerabilidad latente: las empresas están delegando procesos críticos en terceros sin las salvaguardas legales necesarias para proteger su ventaja competitiva o su responsabilidad ante reguladores.
El cambio de paradigma es también cultural. Las organizaciones están abandonando las políticas de prohibición total —el uso de vetos a herramientas de IA generativa cayó del 28% al 7% en un año— para adoptar enfoques basados en el riesgo y la educación del empleado. La gobernanza ya no se entiende como un muro, sino como un sistema de guiado. Como señala Jen Yokoyama, vicepresidenta sénior en Cisco, el éxito no vendrá de la mano del cumplimiento reactivo, sino de entender la gobernanza como el motor necesario para escalar la innovación.
A medida que la IA evoluciona hacia modelos más autónomos y agenticos, la frontera entre la privacidad, la ciberseguridad y la ética de datos se difumina definitivamente. Las empresas que logren integrar estas disciplinas bajo un mando único y empoderado no solo mitigarán riesgos, sino que convertirán la confianza en un activo financiero medible. El desafío inmediato para el tejido empresarial español reside en transformar esos comités de gobernanza hoy incipientes en estructuras capaces de gestionar la complejidad de una economía donde el valor ya no reside solo en el dato, sino en la inteligencia que se deriva de él.
La incógnita que queda por resolver es si la regulación española y europea logrará encontrar ese equilibrio entre la protección del ciudadano y la flexibilidad necesaria para que sus empresas no queden rezagadas en una carrera donde la velocidad de acceso al dato determina, en última instancia, la precisión de la inteligencia artificial.
