La digitalización de los servicios públicos europeos ha dejado de ser una cuestión de eficiencia administrativa para convertirse en un asunto de fondo político e institucional. La forma en que los Estados adoptan tecnologías como la inteligencia artificial, la identidad digital o la automatización de procesos empieza a entrelazarse con debates más amplios sobre soberanía, confianza ciudadana y preservación de los valores democráticos. Esa es una de las ideas que atraviesa el informe Next Perspectives. Public Services , elaborado por Sopra Steria Next, la división de consultoría estratégica del grupo tecnológico europeo.
El documento, presentado en Madrid, analiza el estado y la evolución previsible de los servicios públicos en Europa a partir de datos, políticas comunitarias, casos reales y proyectos piloto en distintas administraciones. El enfoque no se limita a describir avances tecnológicos, sino que sitúa la transformación digital como una palanca estructural para reforzar la equidad en el acceso a los servicios, la resiliencia institucional y la legitimidad democrática en un entorno cada vez más digitalizado.
La tesis de partida es clara, aunque no exenta de matices. La modernización tecnológica resulta urgente, pero su impacto depende menos de la velocidad de adopción que de la forma en que se diseñan, regulan y gobiernan las soluciones. En ese punto, el informe identifica diez tendencias que, según sus autores, marcarán la agenda del sector público europeo en los próximos años.
Una de las más visibles es la consolidación de la identidad digital europea. El despliegue del marco eIDAS 2.0 y la futura European Digital Identity Wallet aspiran a permitir que los ciudadanos accedan a servicios públicos y privados en toda la Unión Europea con un único sistema de identificación. La promesa es una mayor interoperabilidad y simplicidad, aunque también abre interrogantes sobre gobernanza, protección de datos y adopción real por parte de la ciudadanía, especialmente en países con diferentes niveles de madurez digital.
La ciberseguridad aparece como otra de las piezas centrales del análisis. El informe subraya que la digitalización masiva de los servicios públicos amplía la superficie de exposición a amenazas, en un contexto geopolítico cada vez más inestable. Proteger infraestructuras críticas y datos ciudadanos deja de ser un asunto técnico para convertirse en un requisito básico de continuidad democrática. En este ámbito, Sopra Steria Next sitúa la necesidad de estrategias integrales que combinen gobernanza, cumplimiento normativo, gestión de riesgos y capacidades operativas de respuesta ante incidentes.
El documento también se detiene en la transformación de la fuerza laboral pública. La digitalización del empleado público no se plantea solo como un proceso de capacitación tecnológica, sino como un cambio profundo en la organización del trabajo. La irrupción de la inteligencia artificial generativa, aplicada a tareas administrativas repetitivas o de gestión de información, podría liberar recursos para funciones de mayor valor añadido. Sin embargo, el informe apunta a la necesidad de acompañar este proceso con políticas de talento, formación continua y adaptación cultural, evitando una brecha interna entre perfiles técnicos y no técnicos.
En el ámbito sanitario, el uso de datos de salud ocupa un lugar destacado. La posibilidad de compartir información entre entidades públicas y privadas, y entre distintos países europeos, abre la puerta a mejoras en la atención médica y en la planificación de políticas de salud. Al mismo tiempo, plantea desafíos relevantes en términos de privacidad, interoperabilidad y confianza social, especialmente en sistemas sanitarios muy descentralizados.
La resiliencia institucional frente a crisis, ya sean sanitarias, climáticas o cibernéticas, aparece como una tendencia transversal. El informe señala que la digitalización puede fortalecer la capacidad de respuesta de las administraciones, siempre que se diseñe con criterios de redundancia, seguridad y adaptación a escenarios extremos. La experiencia reciente de la pandemia sigue funcionando como referencia implícita en muchos de estos planteamientos.
La sostenibilidad es otro de los ejes destacados. Más allá del discurso, el informe apunta al papel de las tecnologías digitales para medir, reducir y gestionar las emisiones de CO₂ en Europa. Desde la consultoría, se mencionan iniciativas orientadas a cuantificar la huella de carbono de infraestructuras tecnológicas, como servidores, redes o dispositivos, bajo el paraguas del denominado Green IT. El reto, en este caso, pasa por equilibrar el crecimiento del consumo digital con los objetivos climáticos europeos.
La automatización de la toma de decisiones es, según el análisis, una de las áreas que concentrará mayor inversión pública. Desde sistemas básicos de tratamiento de información hasta plataformas que asisten en la aplicación de políticas, la automatización promete agilidad y coherencia. Sin embargo, también intensifica el debate sobre transparencia, explicabilidad y control democrático de los algoritmos. El informe cita como ejemplo plataformas desplegadas en modalidad PaaS para facilitar la automatización de procesos en distintos organismos públicos.
En paralelo, se identifica un impulso al ecosistema GovTech europeo. Reducir la dependencia de grandes proveedores tecnológicos globales se plantea como una cuestión estratégica, ligada tanto a la soberanía digital como a la capacidad de innovación local. Este movimiento, aún incipiente, requiere marcos de contratación pública más flexibles y una mayor apertura a startups y pymes tecnológicas.
El liderazgo digital ocupa un espacio propio entre las tendencias señaladas. El informe apunta que los responsables públicos que combinan conocimiento técnico, comprensión normativa y capacidad de colaboración transversal duplican las probabilidades de éxito de los proyectos digitales. No se trata solo de perfiles tecnológicos, sino de una nueva forma de dirección en entornos complejos y altamente regulados.
La última tendencia pone el foco en la confianza ciudadana. Según los datos recogidos, aproximadamente un tercio de los ciudadanos europeos expresa inquietud sobre la capacidad de las instituciones para regular adecuadamente las nuevas tecnologías. Esta percepción introduce una tensión evidente, ya que la adopción de soluciones digitales depende en gran medida de la aceptación social. Reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación aparece, así, como un pilar de la gobernanza digital.
“Los servicios públicos europeos están en un punto de inflexión”, señala Alicia Calvo, directora de Sopra Steria Next España, al presentar el informe. En su intervención, subrayó que la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad no solo inciden en la eficiencia, sino también en la cohesión social y en la solidez de los valores democráticos. La afirmación resume bien el tono del documento, que evita el optimismo acrítico y reconoce las fricciones inherentes al proceso.
El informe no cierra el debate, sino que lo abre. La hoja de ruta propuesta plantea recomendaciones para gobiernos y administraciones, desde la colaboración transfronteriza hasta la adaptación normativa y el desarrollo de talento digital. Queda por ver hasta qué punto las instituciones europeas serán capaces de traducir estas tendencias en políticas coherentes y sostenibles, en un contexto marcado por restricciones presupuestarias, presión regulatoria y expectativas ciudadanas crecientes. La transformación digital avanza, pero su dirección final sigue siendo una cuestión abierta.
