El Gobierno ha cancelado un contrato valorado en 10 millones de euros que preveía reforzar la red pública de fibra óptica con equipos de Huawei, destinados a instituciones como el Ministerio de Defensa y universidades. La decisión, confirmada por el Ministerio para la Transformación Digital, se justifica en razones de “estrategia digital y autonomía estratégica”, en línea con las crecientes reticencias europeas hacia la tecnología del fabricante chino.
Un contrato adjudicado y cancelado en 24 horas
El organismo público Red.es, adscrito al Ministerio que dirige Óscar López, había adjudicado este 25 de agosto a Telefónica el suministro e instalación de equipamiento de Huawei en la red RedIRIS, una infraestructura crítica de más de 16.000 kilómetros que conecta a unas 500 instituciones educativas y de investigación, además de a diversos organismos públicos. Entre sus usuarios se encuentran los 45 centros de formación militar del Ministerio de Defensa.
El contrato, según la documentación oficial, contemplaba la actualización de la capacidad de RedIRIS-NOVA100 de 100 a 400 Gbps para soportar nuevas demandas en supercomputación, ciberseguridad, docencia híbrida y transferencia masiva de datos. La licitación se había negociado de manera directa con Telefónica al tratarse de una ampliación de la adjudicación de 2020, también equipada con routers Huawei.
Sin embargo, apenas horas después de la adjudicación, el Ejecutivo decidió suspender la operación, alegando motivos estratégicos relacionados con la autonomía digital europea. Telefónica, según informó El País, aún no había recibido notificación oficial de la cancelación.
Huawei en el punto de mira internacional
La decisión del Gobierno se enmarca en un contexto de creciente presión internacional sobre Huawei. Estados Unidos mantiene desde 2019 un veto a la compañía alegando riesgos de espionaje por parte del Gobierno chino, una medida a la que se han sumado varios países europeos como Alemania, Suecia, Lituania o Rumanía, que han incluido al fabricante en listas de proveedores de alto riesgo.
España, en cambio, no cuenta con restricciones normativas específicas contra Huawei. Esto ha permitido que la compañía siga suministrando equipos tanto a la Administración como a grandes operadores de telecomunicaciones, como Telefónica, que renovó recientemente su contrato para el núcleo de la red 5G hasta 2030.
Aun así, la Comisión Europea ha instado en varias ocasiones a los Estados miembros a reducir su dependencia de proveedores considerados de riesgo, especialmente en infraestructuras críticas.
Seguridad y autonomía estratégica como eje de la decisión
Red.es justificaba la adjudicación alegando el fuerte incremento del tráfico en RedIRIS debido a proyectos de supercomputación y a la integración de nuevas instituciones, entre ellas academias militares. El contrato tenía como objetivo reforzar la capacidad y la seguridad de la infraestructura frente a crecientes amenazas cibernéticas.
Paradójicamente, son esos mismos argumentos de seguridad los que han llevado al Gobierno a frenar el contrato. La cancelación responde a la necesidad de alinear la política tecnológica española con la estrategia europea de autonomía digital, que busca reducir la dependencia de suministradores no comunitarios en áreas críticas como el 5G y la defensa.
Implicaciones para el sector tecnológico y empresarial
La cancelación abre un debate sobre la continuidad de Huawei en grandes contratos públicos y sobre el papel que desempeñarán operadores como Telefónica, que mantienen parte de sus redes con tecnología de la compañía china.
Para las empresas españolas, el movimiento subraya dos cuestiones clave:
- Riesgo regulatorio y geopolítico: la participación de proveedores chinos en proyectos de infraestructuras críticas está cada vez más condicionada por decisiones políticas.
- Reorientación hacia proveedores europeos: fabricantes como Ericsson o Nokia, ya presentes en el mercado español, pueden beneficiarse de esta nueva línea estratégica.
- Impacto en la autonomía digital: España se alinea con la tendencia europea de priorizar la soberanía tecnológica en sectores sensibles como defensa, ciencia y telecomunicaciones.
El desenlace también plantea un reto operativo: sustituir equipos Huawei en redes ya desplegadas supone un coste elevado y un proceso complejo, lo que genera incertidumbre tanto en el sector público como en los operadores.
