El sector legal en España atraviesa una fase de reconfiguración técnica que va más allá de la digitalización convencional de archivos. La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha dejado de ser una promesa de laboratorio para convertirse en el núcleo de la modernización judicial, especialmente tras los análisis presentados en el LLMthon Legal 2026.
En este foro, celebrado en la Facultat de Dret de la Universitat de València, se ha evidenciado que la integración de sistemas autónomos no solo busca agilizar la burocracia, sino blindar la integridad del sistema frente a nuevas amenazas digitales.
La adopción tecnológica en los despachos y departamentos jurídicos españoles muestra una aceleración sin precedentes en este ejercicio. Según datos expuestos por Minsait (Indra Group), cerca del 46 % de las firmas legales del país ya planean o ejecutan la integración de inteligencia artificial en sus operaciones cotidianas. Este movimiento viene respaldado por un incremento del 21 % en los presupuestos destinados a tecnología, lo que sugiere que la inversión ya no se percibe como un gasto accesorio, sino como un elemento de supervivencia competitiva. La realidad del mercado es tozuda: un 44 % de los departamentos legales ya emplea IA generativa en alguna de sus vertientes.
Resulta significativo cómo el foco de estas herramientas se ha desplazado desde la simple gestión documental hacia capacidades mucho más sofisticadas. No se trata solo de redactar borradores de contratos o identificar cláusulas de riesgo, tareas que ya forman parte del estándar operativo. El salto cualitativo reside en lo que se denomina IA agéntica.
Esta evolución permite que los sistemas no solo generen texto, sino que actúen como agentes capaces de verificar la autenticidad de pruebas en procesos judiciales. En un contexto donde la clonación de voz y los deepfakes amenazan la validez del testimonio, la capacidad de detectar manipulaciones mediante algoritmos de verificación de audio se vuelve crítica para la protección de derechos fundamentales.
Sin embargo, este despliegue tecnológico no sucede en un vacío regulatorio. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) actúa hoy como el gran marco que delimita qué es técnicamente posible y qué es legalmente admisible. Existe una tensión intrínseca entre la búsqueda de la eficiencia automatizada y la necesidad de una supervisión humana constante. La normativa europea es tajante respecto a los usos que impactan en los derechos fundamentales, obligando a las organizaciones a implementar marcos de gobernanza y trazabilidad que, en ocasiones, pueden ralentizar la implementación pero aseguran la validez jurídica de los resultados.
En las fases de discovery, donde el análisis masivo de información suele consumir miles de horas de profesionales cualificados, la IA generativa permite procesar volúmenes ingentes de datos en fracciones de tiempo mínimas. Pero la velocidad no debe confundirse con la infalibilidad. La aparición de asistentes normativos capaces de responder consultas complejas o contrastar novedades regulatorias exige una validación rigurosa. El riesgo de las «alucinaciones» de los modelos de lenguaje en contextos legales es una de las incógnitas que aún sobrevuela las implementaciones más ambiciosas.
La colaboración entre el ámbito académico y el tejido empresarial, representada por la Cátedra LegalTech & IA Minsait-UV, subraya que la transformación de la justicia requiere un talento multidisciplinar. No basta con ingenieros que entiendan de código ni con juristas que conozcan la ley; el mercado demanda profesionales capaces de navegar en la intersección de ambas disciplinas. El formato de competición del LLMthon, donde se resuelven desafíos reales a contrarreloj, refleja esa urgencia por encontrar soluciones tecnológicas que sean, ante todo, aplicables y seguras.
El impacto operativo de estas tecnologías en la Administración de Justicia plantea un escenario donde la transparencia del algoritmo es tan relevante como la sentencia misma. Si un sistema de IA ayuda a localizar una fuente documental o a priorizar un expediente, el rastro de esa decisión debe ser auditable. Esta trazabilidad es la que garantiza que la innovación refuerce la integridad del sistema en lugar de comprometerla por una búsqueda ciega de la productividad.
A medida que las firmas legales consolidan sus presupuestos tecnológicos, la pregunta ya no es si la IA transformará el derecho, sino cómo se gestionará la responsabilidad civil y penal derivada de las decisiones asistidas por máquinas. La gobernanza se ha convertido en el factor determinante. Aquellas organizaciones que logren equilibrar la audacia técnica con la prudencia regulatoria serán las que definan el estándar de la justicia en la próxima década.
El camino hacia una justicia plenamente modernizada sigue presentando fricciones, especialmente en lo que respecta a la interoperabilidad de sistemas entre diferentes órganos judiciales y la brecha digital en el acceso a estas herramientas. La incógnita reside ahora en ver si la Administración pública será capaz de absorber estas innovaciones al mismo ritmo que el sector privado, o si presenciaremos una justicia a dos velocidades marcada por la capacidad de computación.
