La pérdida de tracción de la economía europea frente a bloques como Estados Unidos o China ha dejado de ser una advertencia de los teóricos para convertirse en una urgencia de despacho. En este escenario de fragmentación normativa y dependencia exterior, AMETIC ha inaugurado en Madrid el I Foro Europeo de Innovación y Emprendimiento bajo el lema «Más allá de los 27».
La cita no solo pretende ser un punto de encuentro sectorial, sino un espacio donde diseccionar si las propuestas actuales, como el futuro Fondo Europeo de Competitividad o el denominado Régimen 28, son herramientas suficientes para revertir la inercia actual. La pregunta que sobrevuela el foro es si la arquitectura institucional europea es capaz de mutar a la velocidad que exige la disrupción tecnológica o si, por el contrario, la burocracia seguirá lastrando el escalado de sus compañías más prometedoras.
El dilema de la soberanía tecnológica en un mercado fragmentado
El diagnóstico compartido por los expertos reunidos por AMETIC apunta a una encrucijada estructural. Francisco Hortigüela, presidente de la asociación, ha definido el momento presente como un «punto de inflexión» donde la supervivencia del modelo económico del continente depende directamente de su capacidad para generar y, sobre todo, consolidar empresas tecnológicas. La dificultad en Europa no reside tanto en el nacimiento de proyectos innovadores como en su tránsito hacia la madurez. Mientras que en otras geografías el mercado es único desde el primer día, las empresas españolas y europeas chocan con una maraña de regulaciones nacionales que dificultan el crecimiento transfronterizo.
Esta fragmentación es el objetivo del Régimen 28, una de las propuestas centrales discutidas durante la jornada. Se trata de un marco jurídico común diseñado para que las startups operen bajo un estándar europeo único, evitando los costes y la complejidad de adaptarse a 27 legislaciones diferentes. La intención es clara, aunque su implementación técnica enfrenta retos de soberanía jurídica considerables. Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha vinculado esta necesidad de agilidad con la urgencia de alcanzar una soberanía tecnológica que se percibe cada vez más esquiva. Para Riesgo, España cuenta con ecosistemas vibrantes, pero estos requieren de un respaldo regulatorio y financiero que trascienda las fronteras estatales.
La apuesta financiera: 409.000 millones de euros sobre la mesa
El factor económico sigue siendo el principal cuello de botella. Daniel Calleja, representante de la Comisión Europea en España, ha puesto cifras a la ambición comunitaria al anunciar que el futuro Fondo Europeo de Competitividad contará con una propuesta de 409.000 millones de euros. Este capital está destinado a movilizar inversiones en sectores críticos como el liderazgo digital, la biotecnología y las tecnologías limpias. Sin embargo, la gestión de estos fondos plantea dudas recurrentes sobre la eficiencia y la velocidad de llegada al tejido productivo real. Calleja ha recordado que las pymes representan el 99% de las empresas en Europa, lo que convierte cualquier retraso en la ejecución de estas ayudas en un riesgo directo para la prosperidad del continente.
El análisis de la inversión no puede separarse de la tolerancia al riesgo, un concepto que Manuel Heitor, presidente del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre la evaluación intermedia de Horizonte Europa, considera fundamental. Según Heitor, el modelo europeo de investigación debe evolucionar hacia una gobernanza más eficiente que no penalice el fracaso en la innovación disruptiva. En su visión, la ciencia y la tecnología deben responder a necesidades sociales reales, pero para ello se requiere un cambio de mentalidad en las instituciones que permita atraer y retener el talento que hoy emigra hacia otros mercados más dinámicos y menos restrictivos.
El horizonte de la Ley de Innovación y las nuevas capacidades
El foro de AMETIC también ha servido para debatir las implicaciones de la futura Ley de Innovación. Este texto normativo pretende ser el paraguas bajo el cual se coordinen las políticas de investigación e industria, dos ámbitos que a menudo han caminado por sendas paralelas en Bruselas. La integración de estos planos es vista como la única vía para abordar desafíos como la transición ecológica y la seguridad de suministro en componentes críticos. En las mesas de trabajo, representantes de empresas privadas y entidades científicas han coincidido en que el éxito de esta ley dependerá de su capacidad para reducir la carga burocrática, un «impuesto invisible» que suele asfixiar a las empresas de base tecnológica antes de que logren su primer hito de rentabilidad.
La asimetría en el desarrollo tecnológico entre las distintas regiones de la Unión Europea es otro de los factores que tensionan este nuevo modelo. Mientras países como España han logrado articular ecosistemas de innovación potentes en sectores específicos, la falta de una infraestructura de financiación profunda, similar al capital riesgo estadounidense, sigue forzando a muchas empresas a buscar capital fuera de las fronteras europeas una vez superada la fase de semilla. Este drenaje de valor es el que las nuevas propuestas legislativas intentan taponar mediante incentivos fiscales y una mayor coordinación de los mercados de capitales.
Retos operativos y la sombra de la competencia global
A medida que la jornada avanzaba, el foco se ha desplazado hacia el impacto operativo de estas políticas. No se trata solo de inyectar dinero, sino de crear las condiciones para que las ideas lleguen al mercado con rapidez. La colaboración entre la industria y la ciencia, mencionada por Daniel Calleja como un pilar estratégico, sigue siendo en la práctica un proceso lento y a menudo desconectado de las necesidades del mercado. Las empresas tecnológicas exigen infraestructuras que les permitan probar y escalar soluciones de inteligencia artificial o computación cuántica sin enfrentarse a marcos legales que nazcan ya obsoletos por la propia velocidad del avance técnico.
La retórica de la «autonomía estratégica» suena con fuerza en los discursos institucionales, pero su ejecución real depende de compromisos financieros a largo plazo que deben negociarse en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFF 2028-2034). La incertidumbre sobre el compromiso real de los Estados miembros con estas cifras es una de las microtensiones informativas que han marcado el foro. Las empresas necesitan certidumbre para planificar sus ciclos de inversión, y cualquier señal de vacilación en el presupuesto comunitario podría desviar el interés de los inversores hacia mercados con reglas de juego más estables y horizontes de apoyo más claros.
Una incógnita abierta para la industria digital
El cierre de esta primera edición del Foro Europeo de Innovación y Emprendimiento deja una derivada clara sobre el futuro inmediato. Aunque el diagnóstico de los problemas estructurales de Europa es unánime entre los directivos de AMETIC y los representantes de la Comisión, el éxito de las medidas propuestas dependerá de una voluntad política que suele diluirse en las negociaciones de los consejos europeos. La implementación efectiva del Régimen 28 y la capacidad del Fondo de Competitividad para no convertirse en otra capa burocrática determinarán si este «punto de inflexión» se traduce en un renacimiento industrial o en una confirmación del estancamiento europeo. La incógnita ahora reside en cómo se articulará la letra pequeña de estas normativas en un año 2026 que promete ser decisivo para la configuración del poder tecnológico global.
