La unanimidad en la reelección de Federico Linares al frente de DigitalES trasciende el mero formalismo asociativo para convertirse en una señal política hacia el mercado. En un sector donde la fragmentación suele ser la norma, el respaldo del 100% de los votos emitidos consolida un bloque de más de 30 compañías que buscan, ante todo, estabilidad institucional en un momento de redefinición de las reglas de juego digitales en Bruselas y Madrid. La continuidad de Linares, junto a Luz Usamentiaga (MasOrange) y Arturo Sotillo (Ciena), sugiere que la patronal ha decidido redoblar su apuesta por un perfil de interlocución técnica y estratégica, alejándose de la confrontación para buscar una integración transversal con el resto del tejido industrial español.
La organización ha logrado en los últimos dos años un desplazamiento de su centro de gravedad. Ya no se percibe únicamente como un club de operadores de telecomunicaciones y grandes consultoras, sino como un nodo donde convergen intereses de sectores que, hasta hace poco, veían la digitalización como un elemento periférico.
El interés mostrado por grandes compañías y otras patronales de sectores tradicionales confirma que la digitalización ha dejado de ser una vertical para convertirse en la base sobre la que se asienta la competitividad del país. Sin embargo, esta expansión de influencia conlleva la responsabilidad de gestionar expectativas en un entorno regulatorio que las empresas perciben, a menudo, como rígido o desacompasado respecto a la velocidad de la innovación.
Uno de los pilares que definirá esta nueva etapa es la ambición de convertir a España en un referente europeo en digitalización avanzada. No se trata solo de liderar en despliegue de fibra óptica, un hito donde el país ya destaca, sino de trasladar esa ventaja en infraestructuras a la capa de servicios y tecnologías disruptivas.
El reto aquí es doble: mantener el ritmo de inversión mientras se navega por un marco regulatorio que el sector reclama que sea más flexible y alineado con la realidad del mercado. La patronal subraya la necesidad de incentivar la innovación mediante normas que no asfixien el capital, una tensión constante entre la protección del usuario y la libertad operativa que marcará los debates en las comisiones de trabajo durante los próximos 24 meses.
La brecha entre la oferta formativa y la demanda laboral es otro de los frentes donde la directiva renovada deberá profundizar. La apuesta por las microcredenciales y la reforma de los itinerarios formativos responde a una urgencia operativa: las empresas tecnológicas en España no encuentran los perfiles técnicos necesarios para sostener su crecimiento. Al promover una educación alineada con las necesidades reales, DigitalES asume un papel de puente entre la academia y la cuenta de resultados, aunque el éxito de esta medida depende de una agilidad administrativa que no siempre es fácil de conseguir. La intención es clara, pero la implementación requiere una coordinación con el sistema educativo que suele avanzar a ritmos distintos a los del sector privado.
En el ámbito de la sostenibilidad, la asociación introduce una variable cada vez más crítica: la digitalización como vector de eficiencia energética. La contradicción inherente entre el alto consumo de los centros de datos y la necesidad de reducir la huella de carbono obliga a las empresas a adoptar tecnologías limpias no solo por cumplimiento normativo, sino como una estrategia de viabilidad a largo plazo. Este punto se entrelaza con la visión de un humanismo tecnológico, un concepto que Linares ha defendido repetidamente y que busca mitigar las externalidades negativas de la transformación digital, desde la exclusión territorial hasta la deshumanización de los procesos productivos.
La proyección internacional de la patronal apunta directamente hacia la creación de un Mercado Digital Único en Europa. Existe una preocupación latente en el sector sobre la capacidad de las empresas europeas para competir con los gigantes de Estados Unidos y China si persiste la fragmentación normativa. La visión estratégica común que defiende la asociación busca que España no sea solo un receptor de tecnología, sino un polo de influencia que ayude a definir las políticas de soberanía tecnológica de la Unión Europea. Esta defensa de la autonomía estratégica es, quizá, el objetivo más complejo, dado que implica alinear intereses nacionales con una burocracia comunitaria que a menudo prioriza la regulación sobre el fomento industrial.
La nueva etapa que ahora comienza no solo pone a prueba la capacidad de gestión de la Junta Directiva, sino la resiliencia de un ecosistema que debe demostrar que la digitalización ética es compatible con la rentabilidad económica. El plan estratégico trazado ofrece una hoja de ruta ambiciosa que, si bien cuenta con el apoyo unánime de los socios, se enfrentará a una realidad macroeconómica volátil y a una competencia global que no da tregua. La pregunta que queda en el aire para los próximos dos años es si esta unidad de acción será suficiente para transformar las infraestructuras en valor añadido real para la economía española o si los obstáculos regulatorios y la falta de talento técnico limitarán el alcance de estas líneas maestras.
