La digitalización de las administraciones públicas afronta un momento clave en España. Así lo ha señalado Juan Jesús Torres, director de la Agencia Estatal de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, durante su intervención en la segunda jornada del 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC. Su reflexión ha girado en torno al papel de la administración como motor de innovación, los retos que abre el final del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la necesidad de avanzar hacia un nuevo marco estratégico para el periodo 2026-2030.
La administración, motor de innovación y transformación digital
Torres recordó que la administración pública ha sido históricamente una palanca de desarrollo para la sociedad y la economía, aunque también está sujeta a la presión de un entorno en constante evolución. En este sentido, destacó cómo la digitalización ha impulsado derechos y deberes de la ciudadanía y de las empresas, apoyándose en un marco jurídico iniciado con la Ley 11/2007 y reforzado en los últimos años con diferentes normativas que han permitido consolidar una infraestructura legal y técnica.
Ese marco normativo ha sido clave para dar coherencia a proyectos digitales de alcance nacional y ha permitido coordinar iniciativas conjuntas entre diferentes niveles de la administración. Según Torres, no se puede obviar la complejidad del modelo español, con 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas y una extensa red de entidades locales, todas ellas con un papel activo en la provisión de servicios públicos digitales.
El director de la Agencia recalcó que los logros alcanzados en digitalización no son exclusivos de las administraciones: también se deben a la colaboración de empresas tecnológicas y socios privados en proyectos de colaboración público-privada, así como a las aportaciones de la ciudadanía y el sector empresarial, que con sus demandas y críticas ayudan a mejorar los servicios.
Balance del Plan de Recuperación y visión a futuro
En el ámbito más concreto, Torres destacó la relevancia del PRTR como motor de inversión y transformación digital. Este plan, financiado con fondos europeos, ha permitido desarrollar proyectos en tres grandes ejes:
- Iniciativas de la Administración General del Estado (AGE). Proyectos propios de los servicios centrales, muchos de ellos vinculados a la digitalización de procedimientos y plataformas transversales.
- Transformación de ministerios estratégicos. Departamentos clave han hecho un esfuerzo inversor notable para modernizar infraestructuras y servicios de alto impacto.
- Impulso en comunidades autónomas y entidades locales. Estos niveles administrativos han asumido proyectos para cumplir con los hitos y objetivos exigidos por el PRTR, cuya mayoría debe alcanzarse antes de junio de 2026.
De cara a este horizonte temporal, Torres subrayó que es necesario diseñar un nuevo marco estratégico que recoja las prioridades más allá del PRTR, con una visión europea y de largo plazo.
El marco europeo: hacia un espacio administrativo común
La reflexión de Torres se enmarca dentro de la estrategia europea de construir un “espacio administrativo europeo”, un proyecto que persigue homogeneizar y reforzar los estándares de gobernanza digital en los Estados miembros. Según explicó, este plan se sostiene sobre tres líneas fundamentales:
- Organizativa, centrada en estructuras de coordinación y gestión.
- Estratégica, para definir objetivos comunes y compartidos.
- Normativa, que dote de seguridad jurídica y coherencia a los procesos de transformación.
Este enfoque europeo, afirmó, refuerza la idea de que España no puede avanzar sola, sino que debe integrarse en un marco comunitario que facilite la interoperabilidad, la cooperación transfronteriza y el intercambio de datos.
Cuatro ejes para una administración abierta y digital
El documento Por una administración abierta, publicado por el ministerio, sintetiza los principios que guiarán la próxima etapa de digitalización en España. Sus cuatro ejes principales son:
- Inversión en capacidades del sector público. Desde infraestructura digital hasta formación de empleados públicos en competencias digitales.
- Políticas públicas basadas en la evidencia. Uso de datos y análisis rigurosos para fundamentar decisiones.
- Servicios accesibles y humanistas. Diseñados desde la perspectiva de la ciudadanía, con foco en inclusión y usabilidad.
- Transparencia, participación y rendición de cuentas. Mecanismos claros para asegurar confianza y legitimidad.
Dentro de estos ámbitos, uno de los proyectos más relevantes es la aplicación de la inteligencia artificial generativa y el desarrollo de espacios de datos, donde la Agencia Estatal de Administración Digital será responsable de ejecutar los proyectos, en coordinación con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
Estrategia 2026-2030: gobernanza, digitalización y medición
Torres adelantó que la futura estrategia de digitalización de las administraciones para 2026-2030 descansará en tres principios fundamentales:
- Gobernanza interadministrativa. Será imprescindible reforzar la cooperación con otros departamentos ministeriales, comunidades autónomas y entidades locales, siguiendo lo previsto en el Real Decreto que regula los órganos colegiados de coordinación digital.
- Digitalización desde el inicio de los proyectos. Cualquier iniciativa administrativa debe concebirse desde su diseño con una perspectiva digital, evitando que la transformación sea un añadido posterior.
- Medición del servicio. La Agencia pretende establecer una metodología rigurosa para evaluar la calidad de los servicios, el impacto en la sociedad y la satisfacción de usuarios institucionales, ciudadanos y empresas.
Estos tres principios se desplegarán dentro de un marco más amplio que incluye estrategia, normativa, definición de prioridades, infraestructura digital y planes de cooperación tanto a nivel nacional como internacional.
Retos internos de la Agencia Estatal de Administración Digital
El director reconoció que la Agencia está aún en fase de consolidación. Creada recientemente a partir de la transformación de la antigua Secretaría General, se encuentra en un proceso de transición marcado por dos grandes desafíos:
- Reestructuración organizativa. Con un modelo heredado, la Agencia necesita ajustar su funcionamiento para responder a nuevas responsabilidades.
- Autonomía jurídica y operativa. Actualmente depende de los servicios comunes de la Subsecretaría, pero la meta es disponer de capacidades autónomas que permitan mayor agilidad y eficacia.
Un elemento clave de esta etapa será la definición del catálogo de servicios, un documento que quedará recogido en el contrato de gestión y que fijará de manera precisa los compromisos de la Agencia: qué servicios se prestan, con qué estándares de calidad, en qué plazos y bajo qué condiciones.
“Estamos construyendo todo a la vez, pero cuando finalice este año de transición esperamos poder prestar servicios más ágiles y de mayor calidad tanto a la ciudadanía como a las empresas y otras administraciones”, concluyó Torres.
