Meta ha invertido más de seis millones de dólares en una campaña televisiva dirigida a legisladores estatales y federales en Estados Unidos. El objetivo: modificar la percepción pública sobre los centros de datos, en un momento en que su proliferación alimenta tensiones políticas por el consumo energético y el uso de recursos hídricos.
La campaña, lanzada entre noviembre y diciembre de 2025, se ha emitido en mercados televisivos de ocho capitales de Estados Unidos—entre ellas Sacramento, Salt Lake City y Tallahassee— así como en Washington D. C., según datos de la firma de análisis AdImpact. Los anuncios, con una estética costumbrista, muestran escenas de comunidades locales como Altoona (Iowa), donde Meta ha construido uno de sus centros de datos, y destacan su supuesto impacto positivo en el empleo y la economía local.
La elección de estos enclaves no parece casual. En palabras de Michael Beach, director ejecutivo de Cross Screen Media, la estrategia apunta a influir en decisiones políticas y alcanzar directamente a legisladores. Aunque los anuncios no mencionan directamente a Meta, la narrativa gira en torno a los beneficios económicos de unas infraestructuras que, en paralelo, están en el centro del debate sobre el coste ambiental del desarrollo de la inteligencia artificial.
Desde 2023, empresas como Meta, OpenAI, Google, Microsoft y Amazon han acelerado la construcción de centros de datos para sostener sus modelos de IA generativa. La escala de inversión —cientos de miles de millones de dólares— ha desatado una carrera por asegurar capacidad computacional, pero también ha intensificado el escrutinio sobre el impacto de estas instalaciones en redes eléctricas locales y acuíferos regionales.
En Estados Unidos, el debate ha escalado hasta el plano federal. El expresidente Trump y varios legisladores han criticado abiertamente el crecimiento de estos centros, acusándolos de elevar los costes energéticos y tensionar los recursos naturales. En ese contexto, la campaña de Meta se presenta como un intento de contrarrestar esa narrativa, poniendo el foco en el empleo y el desarrollo económico.
Sin embargo, el argumento del empleo no siempre resiste el contraste con los datos. Aunque los centros de datos requieren inversiones iniciales elevadas y generan actividad durante su construcción, su operación suele estar altamente automatizada. El número de empleos permanentes que generan es limitado en comparación con otras infraestructuras industriales. En Altoona, por ejemplo, el centro de Meta ocupa más de 200 hectáreas, pero emplea a menos de 300 personas a tiempo completo.
La tensión entre el relato de dinamización económica y la realidad de bajo impacto laboral no es nueva. En otros estados como Georgia o Texas, comunidades locales han expresado preocupación por los incentivos fiscales otorgados a estas empresas, que a menudo incluyen exenciones millonarias en impuestos sobre la propiedad o la energía. A cambio, los beneficios tangibles para la población local resultan difíciles de cuantificar.
Además, el consumo energético de estos centros no es trivial. Un solo campus de centros de datos puede requerir cientos de megavatios de potencia, lo que obliga a reforzar infraestructuras eléctricas y, en algunos casos, a priorizar su suministro frente a otras demandas. En zonas con estrés hídrico, como partes del oeste de Estados Unidos, el uso de agua para refrigeración añade otra capa de complejidad.
Meta no ha detallado públicamente el contenido completo de sus anuncios ni los criterios de selección de las ubicaciones donde se han emitido. Tampoco ha respondido a preguntas sobre si planea extender la campaña a otros estados o adaptar el mensaje a contextos regulatorios específicos. Lo que sí parece claro es que el relato en torno a los centros de datos ha dejado de ser exclusivamente técnico o económico: se ha convertido en un campo de disputa política y simbólica.
En Europa, donde las normativas medioambientales y de protección de datos son más estrictas, las grandes tecnológicas han adoptado estrategias distintas. En lugar de campañas televisivas, han optado por acuerdos con gobiernos regionales o compromisos públicos de sostenibilidad. Aun así, el debate sobre el impacto real de los centros de datos también ha comenzado a aflorar en países como Irlanda, Países Bajos o España, donde la presión sobre la red eléctrica y la disponibilidad de suelo industrial genera fricciones con otros sectores.
El movimiento de Meta puede interpretarse como una señal de que las grandes tecnológicas anticipan una regulación más estricta o una mayor resistencia social a sus infraestructuras físicas. Al trasladar el foco del debate desde el consumo de recursos hacia el empleo y el desarrollo local, buscan reequilibrar la narrativa. Pero esa operación simbólica no elimina las preguntas de fondo: cuántos recursos consumen, qué retornos generan y quién toma las decisiones sobre su implantación.
Por ahora, la campaña sigue activa en algunos mercados estadounidenses. Su eficacia, sin embargo, dependerá menos del número de anuncios emitidos que de la capacidad de los legisladores para contrastar el relato con datos verificables. Y de si la ciudadanía percibe que los beneficios prometidos se materializan más allá de los planos publicitarios.
