El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, presentado a finales de julio como un entendimiento de gran alcance para redefinir las relaciones transatlánticas, sigue sin ser ratificado en un documento conjunto.
Tres semanas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaran públicamente un pacto sobre aranceles en Escocia, Bruselas y Washington no han logrado consensuar la declaración oficial que debería dar validez al acuerdo.
El retraso se explica en gran parte por el desacuerdo en torno a las denominadas barreras no arancelarias, término que Estados Unidos utiliza para englobar ciertas normativas comunitarias, incluidas las digitales.
En concreto, Washington reclama que la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), pieza central de la estrategia regulatoria de Bruselas, se considere dentro de estas barreras. La Comisión Europea ha calificado como inaceptable cualquier flexibilización de esta normativa, que obliga a las grandes plataformas tecnológicas a reforzar el control de los contenidos publicados en sus servicios.
La regulación digital en el centro del conflicto
La tensión sobre las reglas digitales se ha visto reforzada por la publicación de la hoja informativa oficial de la Casa Blanca, que detalla compromisos concretos de la Unión Europea en este ámbito. Según este documento, Bruselas ha aceptado no establecer tasas de uso de red (network usage fees) y mantener arancel cero sobre las transmisiones electrónicas. Estos puntos constituyen concesiones explícitas a las demandas de Washington, que considera las regulaciones europeas un obstáculo para sus grandes compañías tecnológicas.
El texto estadounidense, presentado como un hito bajo el lema de un acuerdo que hace historia, subraya que ambas partes se han comprometido a abordar las barreras digitales injustificadas. Esta formulación refuerza la percepción de que la Unión Europea ha moderado sus aspiraciones regulatorias para asegurar el pacto arancelario. En círculos europeos, la renuncia a introducir nuevas tasas digitales se interpreta como una cesión significativa en una materia en la que la Comisión pretendía fijar estándares internacionales de referencia.
Aranceles: concesiones cruzadas y desequilibrios
Más allá de la cuestión digital, el acuerdo establece un nuevo régimen arancelario. Se fija un máximo del 15 % para la mayoría de las exportaciones europeas hacia Estados Unidos, lo que representa un aumento respecto a algunos gravámenes anteriores. En paralelo, Washington se compromete a reducir del 27,5 % al 15 % el arancel sobre los automóviles europeos, aunque esta medida todavía depende de la formalización del texto conjunto.
Algunos productos comunitarios han quedado excluidos de la subida de tasas, como componentes aeronáuticos, determinados medicamentos y minerales críticos, sectores donde Europa mantiene una posición de proveedor clave para la industria estadounidense. En el extremo opuesto, bienes como el acero, el aluminio y el cobre seguirán gravados con un 50 %, reflejo de la estrategia de Washington de mantener un alto nivel de protección en industrias consideradas sensibles para la seguridad nacional.
Agricultura y productos procesados
Otro de los capítulos abiertos en la negociación es el acceso de productos agrícolas y alimentarios estadounidenses al mercado europeo. El Gobierno de Estados Unidos exige mayor claridad sobre los plazos en los que Bruselas reducirá sus aranceles y eliminará trabas burocráticas para la importación de carne de cerdo, lácteos, aceites vegetales y alimentos procesados como ketchup o galletas. La Comisión, sin embargo, argumenta que no puede fijar un calendario preciso hasta que se resuelva el complejo proceso interno de aprobación legal en los 27 Estados miembros.
Washington insiste en que estas medidas forman parte esencial del acuerdo y condiciona su aplicación a la existencia de compromisos firmes y verificables. Bruselas, por su parte, sostiene que solo cumplirá sus promesas en la secuencia previamente acordada: primero, el levantamiento de aranceles por parte de Estados Unidos; después, los ajustes regulatorios europeos.
Energía e inversiones: cifras de gran magnitud
El preacuerdo transatlántico incluye compromisos económicos de gran escala que afectan directamente a los sectores energético e industrial. La Unión Europea se ha comprometido a comprar 750.000 millones de dólares en energía estadounidense hasta 2028, principalmente gas natural licuado y petróleo. Este volumen consolida a Estados Unidos como suministrador prioritario de Europa, reforzando su papel de “superpotencia energética”, tal y como recoge la comunicación oficial de la Casa Blanca.
Además, el bloque europeo se compromete a realizar inversiones en territorio estadounidense por valor de 600.000 millones de dólares durante el actual mandato presidencial. Washington destaca que estas cifras se suman a los más de 100.000 millones de inversión anual que ya realizan empresas europeas en Estados Unidos. Este compromiso fortalece la visión de la Casa Blanca de que el acuerdo sirve para “reindustrializar” y atraer capital productivo al país.
Perspectivas industriales y militares
Entre los sectores beneficiados por el acuerdo se incluyen, además de la energía, las manufacturas avanzadas y los semiconductores. El texto también contempla adquisiciones europeas de equipamiento militar estadounidense, lo que se alinea con la estrategia de Estados Unidos de expandir su base industrial de defensa en el mercado europeo.
Por otro lado, el pacto introduce reglas de origen estrictas para evitar que terceros países se beneficien indirectamente de las ventajas acordadas. Este punto pretende impedir que productores externos utilicen Europa como plataforma de entrada al mercado estadounidense sin cumplir con los nuevos criterios arancelarios.
Críticas y percepción en Europa
Aunque la Comisión Europea presentó inicialmente el acuerdo como una victoria frente a las presiones de la guerra comercial, la percepción dentro de la Unión es diferente. Varios gobiernos y analistas consideran que el bloque ha tenido que aceptar condiciones desfavorables: mayores aranceles en sectores industriales, compromisos masivos de compra de energía estadounidense y la renuncia a reforzar su normativa digital en ámbitos clave.
En Francia e Italia, las críticas se centran en la ausencia de excepciones arancelarias para vinos y licores, sectores que habían solicitado una defensa activa. Alemania, por su parte, mantiene la preocupación sobre el impacto del acuerdo en su industria automovilística, que sigue pendiente de que Washington cumpla la promesa de reducción de aranceles.
El reto de la formalización
La última fase del proceso sigue abierta. Los borradores del texto circulan entre Bruselas y Washington sin consenso definitivo. El portavoz comunitario Olof Gill reconoció que la declaración conjunta ha sido devuelta para revisión y subrayó que “la última milla siempre es la más difícil”. Hasta que no se cierre el documento, la orden ejecutiva estadounidense sobre automóviles seguirá en suspenso, al igual que la aplicación efectiva de muchas de las medidas anunciadas.
Mientras tanto, la Casa Blanca ya ha consolidado el relato político de un pacto que, según su propia narrativa, “moderniza de manera generacional” la relación económica entre ambas orillas del Atlántico. Para Europa, en cambio, el acuerdo plantea interrogantes sobre el equilibrio real de concesiones y sobre el alcance de su capacidad regulatoria en el ámbito digital, uno de los frentes donde aspiraba a liderar la agenda internacional.
