La aparente calma diplomática que los cuarteles generales de Mountain View y Cupertino han intentado mantener frente al regreso de la administración Trump ha encontrado una grieta profunda. Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y figura de peso en Greylock Partners, ha decidido que el pragmatismo corporativo basado en la contención ya no es una opción viable. Su mensaje es directo y desprovisto de la ambigüedad que suele caracterizar a los consejos de administración: los líderes tecnológicos deben dejar de contemporizar con unas políticas que, bajo su diagnóstico, no solo amenazan los derechos civiles, sino que erosionan los cimientos mismos del ecosistema empresarial estadounidense.
Esta sacudida al «statu quo» de Silicon Valley no surge en el vacío. Se produce en un contexto de alta sensibilidad social tras incidentes mortales protagonizados por agentes de la Patrulla Fronteriza, un hecho que ha servido a Hoffman para elevar el tono. En un momento donde la mayoría de los directivos del sector han optado por el silencio o por comunicados internos de tono humanista pero políticamente asépticos, el inversor sostiene que esta neutralidad no es más que una invitación al atropello de los propios intereses de seguridad y negocio de las tecnológicas. La pregunta que subyace en los pasillos de las grandes firmas de capital riesgo es si el sector puede permitirse realmente una confrontación abierta con Washington o si, por el contrario, el coste de la pasividad será, a largo plazo, mucho más oneroso.
Uno de los ejes más críticos de esta tensión es la gestión del talento, un activo que Hoffman vincula directamente con la competitividad nacional. Según lo expuesto por el inversor en una entrevista con Fast Company, una parte sustancial de la hegemonía tecnológica de EE. UU. se ha cimentado históricamente sobre la llegada de profesionales de India y China. El endurecimiento de las políticas migratorias no es, por tanto, una cuestión estrictamente fronteriza; es un movimiento que está desviando ese flujo intelectual hacia Canadá o Europa. Hoffman define esta tendencia como un sabotaje a la propia ventaja competitiva del país. Para un sector que depende de la innovación constante, el cierre de fronteras actúa como un estrangulamiento lento pero constante de su capacidad operativa.
Sin embargo, el equilibrio es precario. Muchas de las compañías señaladas por Hoffman, desde los gigantes del cloud hasta las firmas punteras en inteligencia artificial, operan bajo el paraguas de contratos federales multimillonarios. El caso de OpenAI es ilustrativo: la necesidad de garantías gubernamentales para asegurar financiación e infraestructura choca frontalmente con la retórica de resistencia política. Aunque figuras como Sam Altman o Tim Cook han expresado preocupación por el clima social, lo han hecho evitando el choque frontal con la figura presidencial. Esta dualidad permite a las empresas proteger sus licitaciones actuales mientras intentan gestionar el descontento de unas plantillas que exigen la cancelación de contratos con agencias como el ICE.
En contraste con la postura combativa de Hoffman, emerge un bloque minoritario pero influyente que ha decidido abrazar la nueva dirección política. Elon Musk y Keith Rabois, sin olvidarnos de Peter Thiel y Alex Karp, representan el otro extremo del espectro, alineándose con la administración Trump y evidenciando que la élite de Silicon Valley está lejos de ser un bloque monolítico. Esta fragmentación interna dificulta cualquier respuesta sectorial coordinada, dejando a Hoffman en una posición de liderazgo moral que muchos otros directivos observan con recelo, temiendo que la exposición política afecte a sus cotizaciones o a su acceso regulatorio.
La tensión se manifiesta también en las contradicciones de la vida pública. Mientras Tim Cook enviaba mensajes internos de condolencia por la violencia en las fronteras, su asistencia a eventos sociales vinculados al entorno presidencial apenas unas horas después enviaba una señal de pragmatismo radical. Es este comportamiento el que Hoffman califica de complicidad implícita. Para el inversor, no se trata solo de una condena moral; es una advertencia estratégica. La pasividad ante políticas que generan inestabilidad social termina por contaminar el entorno de mercado, dificultando la previsibilidad económica necesaria para la inversión a largo plazo.
En el contexto español y europeo, este debate se observa con una mezcla de interés y cautela. Mientras España intenta posicionarse como un polo de atracción de talento mediante marcos como la Ley de Startups, el espejo estadounidense muestra las dificultades de integrar una política migratoria restrictiva con una ambición tecnológica expansiva. Las barreras administrativas que Hoffman denuncia en EE. UU. tienen su eco en las trabas que aún persisten en Europa para la movilidad de profesionales de alta cualificación, lo que sugiere que el problema de la competitividad es, en esencia, un problema de apertura sistémica.
La intervención de Hoffman también apunta a una falta de visión estratégica en los discursos populistas que, a ambos lados del espectro político, sugieren que el desarrollo tecnológico puede desvincularse de la realidad global. Al criticar propuestas que sugieren alejar infraestructuras clave como los centros de datos del suelo nacional, el inversor subraya que el aislamiento es el preludio de la irrelevancia industrial. La prosperidad futura, argumenta, no se asegura con cierres abruptos, sino con un reequilibrio que no sacrifique el motor del crecimiento.
El dilema para los directivos es hoy más agudo que hace una década. El silencio ya no se interpreta como una zona segura de neutralidad, sino como una toma de posición en sí misma. La presión no solo llega desde figuras como Hoffman, sino desde una base de empleados cada vez más politizada que ve en sus empresas a actores con capacidad de influencia real. La respuesta de Silicon Valley en los próximos meses determinará si el poder tecnológico sigue aspirando a ser un contrapeso institucional o si acabará supeditado a las fluctuaciones del poder político de turno.
Lo que queda claro es que la era de la tecnología como un reducto ajeno a las tensiones estructurales de la sociedad ha terminado. Las decisiones sobre inmigración, seguridad fronteriza y derechos civiles se han integrado plenamente en el análisis de riesgos de cualquier gran tecnológica. La incógnita no es si estos factores impactarán en el balance de resultados, sino cuánto tiempo podrán las juntas directivas seguir ignorando que su voz es uno de sus activos más valiosos, y también uno de los más peligrosos de gestionar.
