La soberanía digital ha dejado de ser una aspiración teórica en los despachos de Bruselas para convertirse en un requisito operativo con impacto directo en la cuenta de resultados de las empresas tecnológicas en España. El despliegue del Marco de Soberanía en la Nube de la UE para 2025 introduce una capa de complejidad regulatoria que, hasta ahora, carecía de mecanismos ágiles de auditoría técnica. En este escenario, la capacidad de las organizaciones para gestionar sus datos sin dependencias externas se mide no solo en términos de seguridad, sino de elegibilidad contractual. La pregunta que queda en el aire para muchos directivos de TI no es si deben cumplir con la norma, sino cómo pueden demostrar que ya lo están haciendo o qué distancia les separa de los estándares exigidos para operar en sectores críticos.
La respuesta técnica a esta incertidumbre llega desde el código abierto. La compañía SUSE ha presentado una herramienta de autoevaluación diseñada específicamente para desglosar los objetivos del Marco de Soberanía en la Nube de la UE 2025. Esta plataforma permite a las organizaciones obtener una puntuación automatizada y objetiva, denominada SEAL (Sovereignty Effective Assurance Levels), que sitúa la infraestructura de la empresa en una escala del 0 al 4. El proceso, que se completa en menos de veinte minutos, busca eliminar la opacidad de lo que algunos analistas denominan el problema de la caja negra en la soberanía digital: la desconexión entre la política de cumplimiento sobre el papel y la realidad técnica de los servidores.
El contexto en el que aparece esta herramienta no es casual. Según estimaciones de Forrester, la convergencia entre la soberanía de datos y el desarrollo de la inteligencia artificial está provocando un retorno hacia modelos de nube privada, con una previsión de crecimiento anual de doble dígito para el año 2026. Este renacimiento responde a una necesidad de control que las infraestructuras de nube pública hiper-escalables, predominantemente estadounidenses, no siempre pueden garantizar bajo las nuevas exigencias europeas. La autonomía operativa se ha convertido en una ventaja competitiva, especialmente cuando el riesgo de no ser elegible para contratos públicos o proyectos transnacionales se vuelve una posibilidad real para quienes no certifiquen su independencia tecnológica.
Andreas Prins, responsable de Global Sovereign Solutions en SUSE, señala que existe un desfase crítico entre los requisitos regulatorios y la infraestructura técnica necesaria para corregir vulnerabilidades identificadas. Sin una métrica clara, los responsables de tecnología se encuentran con dificultades para justificar las inversiones necesarias en autonomía digital ante sus consejos de administración. La herramienta presentada no solo arroja una cifra, sino que pondera las brechas de seguridad según su relevancia estratégica. Por ejemplo, el análisis otorga un peso del 20% a la cadena de suministro y un 15% a la autonomía operativa, áreas donde suelen esconderse las dependencias más profundas de proveedores externos.
Para los ingenieros y arquitectos de sistemas, la utilidad de estos diagnósticos rápidos trasciende el mero cumplimiento legal. Markus Scherer, especialista en infraestructura en la Universidad de Luxemburgo, sostiene que la claridad inmediata sobre el nivel de soberanía actual permite transformar una discusión técnica abstracta en una hoja de ruta con recomendaciones tangibles. Al responder al cuestionario, las organizaciones reciben un análisis de riesgos ponderado que identifica dónde se encuentran las vulnerabilidades más críticas, permitiendo priorizar el gasto en TI en función de las necesidades de soberanía (SEAL-3 o SEAL-4) que exijan sus contratos específicos.
Un aspecto diferencial de este sistema de evaluación es su enfoque en la privacidad desde el diseño. A diferencia de las soluciones de software como servicio (SaaS) tradicionales, donde los datos del diagnóstico podrían quedar alojados en servidores de terceros, esta plataforma procesa la información de manera que los resultados se almacenan exclusivamente en el navegador del usuario. Este detalle técnico reduce significativamente las barreras de entrada para organismos gubernamentales o empresas de sectores altamente regulados, como el financiero o el sanitario, que suelen ser reticentes a compartir detalles sobre su arquitectura interna en herramientas externas.
La soberanía digital en el mercado español se enfrenta, sin embargo, a retos estructurales que una herramienta de diagnóstico por sí sola no puede resolver. Aunque el autodiagnóstico facilita la visibilidad, la implementación de soluciones que garanticen la autonomía total requiere un ecosistema de socios locales y regionales robusto. La dependencia de componentes críticos en la cadena de suministro de hardware y software sigue siendo un nudo difícil de desatar, a pesar de que la normativa europea presiona hacia la diversificación y el control local. El Marco de 2025 actúa como un catalizador, pero la ejecución técnica depende de una transformación más profunda en la arquitectura de datos de las compañías.
La herramienta de SUSE también introduce un lenguaje común para el sector. Al establecer niveles estandarizados, las empresas pueden comunicar su posición de riesgo de forma clara: «somos SEAL-1, pero el mercado nos exige SEAL-3». Esta simplificación del discurso permite que la soberanía digital deje de ser un concepto etéreo para convertirse en un KPI (Key Performance Indicator) medible y comparable. En un entorno donde la agilidad es fundamental, automatizar un proceso que tradicionalmente requería semanas de consultoría intensiva en recursos humanos supone un cambio de paradigma en la gestión de la gobernanza tecnológica.
El análisis de riesgo que realiza la plataforma no trata todas las deficiencias por igual. Al priorizar elementos como la propiedad intelectual del código y la capacidad de migración sin bloqueos (lock-in), el sistema obliga a las empresas a mirar más allá de la ciberseguridad tradicional. La soberanía no es solo protegerse de ataques externos, sino asegurar que la infraestructura puede seguir funcionando si el proveedor decide cambiar sus condiciones o si el contexto geopolítico altera las relaciones comerciales. Es, en esencia, una estrategia de resiliencia empresarial frente a la incertidumbre global.
Pese a los avances que supone esta automatización, queda por ver cómo integrarán las empresas españolas estas hojas de ruta en sus ciclos de inversión a medio plazo. El paso de un diagnóstico SEAL-1 a un SEAL-4 no es una transición sencilla ni barata, y requerirá una apuesta decidida por soluciones de código abierto y arquitecturas distribuidas que no siempre encajan con los sistemas heredados de las grandes corporaciones. La herramienta proporciona el mapa, pero el recorrido hacia la autonomía digital plena sigue siendo una tarea pendiente que exigirá algo más que diagnósticos rápidos.
La evolución de este marco regulatorio en los próximos meses determinará si la soberanía digital se consolida como el estándar de facto en Europa o si las excepciones por falta de capacidad técnica terminan por diluir la ambición de la Comisión. Mientras tanto, las organizaciones que ya han empezado a medir su nivel de cumplimiento cuentan con una ventaja temporal: la capacidad de anticiparse a una regulación que, a partir de 2026, podría cerrar las puertas de los mercados más lucrativos a quienes no puedan demostrar que son dueños reales de su propia tecnología.
