El incremento sostenido de los ciberdelitos entre menores de edad ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una preocupación estructural del ecosistema digital español. La generalización del acceso temprano al smartphone, la exposición continuada a redes sociales y el uso cotidiano de herramientas basadas en inteligencia artificial han ampliado el perímetro de riesgo.
En ese contexto se inscribe la segunda edición de Juntos por tu seguridad digital, una campaña impulsada por la Guardia Civil y Telefónica, con el respaldo institucional del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), orientada de forma explícita a un público joven de entre 8 y 23 años.
La iniciativa parte de una constatación compartida por las fuerzas de seguridad y los organismos especializados: la frontera entre actividad digital cotidiana y exposición a delitos es cada vez más difusa. El acceso al primer dispositivo móvil se produce, de media, antes de los diez años, mientras que la alfabetización en riesgos digitales avanza a un ritmo sensiblemente inferior. Aunque las campañas institucionales de concienciación no son nuevas, el enfoque elegido en esta ocasión introduce un matiz relevante: trasladar el mensaje preventivo a los mismos canales y códigos que articulan la vida digital de los menores.
Según datos de la Guardia Civil, durante el último año se ha detectado un aumento de los delitos de suplantación de identidad y del robo y uso no autorizado de credenciales de acceso en niños y adolescentes. No se trata solo de un crecimiento cuantitativo, sino de una mayor sofisticación de los métodos, impulsada en parte por el uso fraudulento de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar imágenes, audios o mensajes verosímiles. A ello se suma la presión social propia de las plataformas digitales, donde la viralidad y el anonimato funcionan como amplificadores del daño.
El INCIBE aporta otra capa de contexto. Su balance anual del servicio telefónico 017 refleja que en 2025 más de 3.000 menores contactaron para denunciar situaciones de ciberacoso y extorsión sexual. Son cifras que, aun sin representar la totalidad del problema, dibujan un escenario en el que la prevención temprana adquiere un peso estratégico. La campaña se apoya precisamente en esa idea: intervenir antes de que el incidente se produzca, no solo reaccionar cuando el daño ya está hecho.
La primera edición de «Juntos por tu seguridad digital», lanzada en 2023, optó por un formato más tradicional. Diez vídeos fueron distribuidos a través de circuitos físicos de alta visibilidad, como cines y estaciones de transporte. Aquella fase permitió medir alcance y notoriedad, pero también evidenció las limitaciones de un mensaje unidireccional dirigido a una audiencia acostumbrada a interactuar, comentar y compartir. La nueva edición introduce un giro táctico al integrar de forma directa a creadores de contenido con comunidades consolidadas en redes sociales.
En esta primera etapa participan trece influencers vinculados a la comunidad online Team Dux, que elaboran y difunden piezas desde sus propios perfiles en plataformas como Instagram, TikTok, Twitch y YouTube. La elección no es casual. Son entornos donde se concentra buena parte del tiempo de consumo digital de adolescentes y jóvenes, y donde la autoridad del mensaje no siempre viene dada por la institución, sino por la cercanía percibida del emisor.
Los contenidos, que se publicarán entre enero y marzo, abordan cuestiones como la detección de noticias falsas, correos electrónicos fraudulentos o portavoces inexistentes; la prevención del ciberbullying y la usurpación de identidad; la identificación de usos indebidos de la inteligencia artificial; y la alerta sobre retos virales con potencial impacto en la integridad física o mental. El planteamiento combina consejos prácticos con ejemplos extraídos del propio ecosistema digital, un enfoque que busca reducir la distancia entre el discurso preventivo y la experiencia real del usuario.
Sin embargo, este modelo no está exento de interrogantes. La utilización de influencers como intermediarios plantea preguntas sobre la durabilidad del impacto y la capacidad de trasladar mensajes complejos sin simplificarlos en exceso. Aunque los creadores participantes colaboran de forma gratuita, el formato exige equilibrar autenticidad y rigor, un desafío habitual cuando la comunicación institucional se adapta a lenguajes informales. Aun así, los impulsores de la campaña confían en que la familiaridad y el tono cercano faciliten la identificación del riesgo y la adopción de conductas más seguras.
El papel de Telefónica en la iniciativa se inscribe en una línea más amplia de programas de educación digital y responsabilidad corporativa. Para la operadora, la prevención de delitos en la red no se limita a la infraestructura, sino que se extiende al uso que hacen de ella los colectivos más vulnerables. La colaboración con la Guardia Civil introduce, además, un componente de legitimidad y acceso a información operativa que difícilmente podría lograrse desde el ámbito privado en solitario.
Por su parte, la Guardia Civil refuerza con esta campaña una estrategia que combina persecución del delito y pedagogía. La experiencia acumulada en investigaciones de ciberdelitos muestra que muchos incidentes podrían evitarse con medidas básicas de autoprotección, desde la gestión de contraseñas hasta la verificación de identidades. El reto consiste en trasladar esas pautas a edades tempranas sin recurrir a un discurso alarmista que, en ocasiones, resulta contraproducente.
La campaña incorpora también una llamada a la acción dirigida a los menores para que compartan cualquier situación de riesgo con un adulto de confianza y utilicen el 017, la línea de ayuda en ciberseguridad del INCIBE, un servicio gratuito y confidencial. Este elemento conecta la concienciación con un recurso operativo, cerrando el círculo entre información y apoyo. No obstante, su efectividad dependerá de la capacidad de los mensajes para generar confianza y reducir el estigma asociado a pedir ayuda.
A medio plazo, la iniciativa plantea una cuestión más amplia sobre el papel de las políticas públicas y las empresas tecnológicas en la protección de los menores. Mientras las plataformas avanzan en herramientas de control y moderación, los delitos evolucionan con rapidez, impulsados por tecnologías que también tienen usos legítimos. La educación digital aparece así como un terreno compartido, donde la coordinación entre instituciones, sector privado y comunidad online se vuelve imprescindible.
La segunda edición de «Juntos por tu seguridad digital» no resolverá por sí sola un problema complejo y en constante mutación. Sí introduce, sin embargo, una aproximación que reconoce la centralidad de los canales digitales y la necesidad de hablar el lenguaje de quienes los habitan. Queda por ver hasta qué punto este enfoque logrará traducirse en cambios de comportamiento sostenidos y en una reducción tangible de los delitos. La respuesta, como ocurre con buena parte de la seguridad en la red, no será inmediata.
