La entrada en vigor del sistema Verifactu, previsto como parte del proceso de digitalización fiscal en España, ha sido pospuesta tras la publicación del Real Decreto 1007/2023. La medida, que retrasa la obligatoriedad de los sistemas de emisión de facturas verificables, ha generado inquietud entre los actores del sector tecnológico.
AMETIC, la patronal que agrupa a las principales empresas del ecosistema digital, ha expresado su preocupación por la falta de previsibilidad normativa y sus efectos sobre la planificación estratégica de las compañías.
El sistema Verifactu, diseñado para reforzar la trazabilidad y autenticidad de las facturas emitidas por empresas y autónomos, forma parte del marco de digitalización impulsado por la Agencia Tributaria. Aunque la norma mantiene la posibilidad de adopción voluntaria, el aplazamiento de su obligatoriedad introduce un grado de incertidumbre que, según AMETIC, puede comprometer el ritmo de transformación tecnológica iniciado por muchas organizaciones.
“Los retrasos en la entrada en vigor de este tipo de medidas generan inseguridad jurídica y dificultan la toma de decisiones estratégicas”, señalan desde la asociación. El Real Decreto establece que los desarrolladores de software tendrán nueve meses para adaptarse a los nuevos requisitos técnicos desde la publicación de la orden ministerial correspondiente, mientras que las empresas dispondrán de doce meses adicionales. Sin embargo, la ausencia de un calendario definitivo impide a muchas compañías dimensionar con claridad sus inversiones y recursos.
Según datos de la Agencia Tributaria, el sistema Verifactu busca reducir la economía sumergida mediante la transmisión automática de registros de facturación. El modelo se inspira en experiencias previas como la del SII (Suministro Inmediato de Información), implantado en 2017 para grandes empresas, pero con un alcance más amplio y orientado a pymes y autónomos. La diferencia, en este caso, radica en la arquitectura técnica: Verifactu exige que los sistemas de facturación generen un registro inalterable y lo remitan a Hacienda en tiempo real o casi real.
Para el sector tecnológico, el proyecto representa una oportunidad de consolidar soluciones avanzadas de gestión documental y cumplimiento fiscal. No obstante, la falta de una hoja de ruta clara y la sucesión de cambios regulatorios han dificultado su despliegue. “Es fundamental preservar la coherencia del proceso y evitar que los retrasos comprometan el impulso transformador ya iniciado”, subraya AMETIC.
El debate no es nuevo. Desde 2021, cuando se aprobó la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, el sector ha reclamado mayor diálogo institucional y certidumbre normativa. La ley introdujo la obligación de que los sistemas informáticos impidan la manipulación de datos contables y de facturación, pero su desarrollo reglamentario ha sido lento y fragmentado. El Real Decreto publicado en diciembre de 2023 concreta algunos aspectos técnicos, pero no resuelve del todo las dudas operativas.
En contraste con otros países europeos que han avanzado en modelos de facturación electrónica obligatoria, como Italia o Francia, España ha optado por una implementación gradual. Esta estrategia, aunque busca minimizar el impacto sobre las pymes, también ha generado una sensación de indefinición prolongada. “El sector ha demostrado su compromiso con la transparencia y la modernización fiscal. Lo que pedimos es que las decisiones regulatorias se adopten con la debida anticipación y diálogo”, insisten desde la patronal.
La voluntariedad, en este contexto, es un arma de doble filo. Por un lado, permite a las empresas más preparadas avanzar en la adopción de Verifactu sin esperar a la obligatoriedad. Por otro, deja en suspenso una parte del mercado que podría posponer indefinidamente su adaptación, generando una brecha tecnológica entre quienes invierten en cumplimiento y quienes esperan a que la norma sea exigible.
AMETIC ha reiterado su disposición a colaborar con las Administraciones para asegurar una implementación eficaz y consensuada. El objetivo, explican, no es solo cumplir con una obligación legal, sino aprovechar la digitalización para mejorar procesos internos, reducir costes operativos y aumentar la competitividad. “Es fundamental poner en valor todos los beneficios derivados de la tecnología y su adopción, y no solo el cumplimiento normativo”, concluyen.
Mientras tanto, los proveedores de software de facturación se enfrentan a un escenario ambiguo. Algunos han comenzado a desarrollar soluciones compatibles con Verifactu, anticipando una demanda creciente. Otros, sin embargo, prefieren esperar a que se publique la orden ministerial que defina los requisitos técnicos definitivos. En ambos casos, el retraso en la entrada en vigor del sistema obliga a replantear calendarios y estrategias comerciales.
La cuestión de fondo, más allá del calendario, es si España logrará consolidar un modelo de digitalización fiscal que combine eficacia, seguridad jurídica y adopción masiva. El precedente del SII muestra que es posible, pero también que requiere una planificación sostenida y una interlocución constante entre el sector público y el privado. La ventana de oportunidad sigue abierta, aunque el tiempo para aprovecharla no es indefinido.
