En 1865, veinte países europeos se reunieron en París para firmar el primer Convenio Telegráfico Internacional y fundar lo que hoy conocemos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El objetivo era resolver un problema técnico urgente: los telegramas internacionales estaban sometidos a reglamentos distintos en cada frontera, lo que hacía el sistema lento, caro e incompatible entre naciones. La solución fue un acuerdo entre estados soberanos para coordinar una infraestructura de interés común.
Ciento sesenta y un años después, la ITU celebra ese aniversario bajo el lema «Líneas de vida digitales para un mundo resiliente y conectado». El lenguaje ha cambiado. El problema de fondo, no.
Lo que aquella conferencia de 1865 no pudo resolver, y lo que el lema de 2026 tampoco resolverá, es la contradicción estructural que acompaña a cada gran infraestructura de comunicación desde el telégrafo hasta la nube: la tendencia irreversible hacia la concentración del control en manos privadas, combinada con la socialización del riesgo cuando esa infraestructura falla. La resiliencia no es un problema técnico que se resuelve con más inversión o con mejores protocolos. Es un problema político que requiere decisiones sobre quién controla qué, con qué obligaciones y bajo qué supervisión.
El patrón que se repite
El telégrafo fue, en su origen, una infraestructura estatal en la mayor parte de Europa continental. Francia, Alemania, España, todos los grandes estados europeos operaban sus redes telegráficas como servicio público. La excepción fue el Reino Unido, cuyas redes pertenecían a empresas privadas. En 1865, el gobierno británico quedó fuera del Convenio: sus redes telegráficas eran privadas y no podía comprometerse en nombre de ellas. Los organizadores de la conferencia asumieron que, en la práctica, las empresas privadas se ajustarían a los términos del acuerdo. Fue la primera vez que un tratado sobre infraestructura crítica de comunicaciones dependió de la buena voluntad corporativa para funcionar.
El cable telegráfico transatlántico siguió el mismo esquema. El proyecto que conectó Europa con América del Norte en 1866 no fue una iniciativa de los estados. Fue impulsado por Cyrus Field, un empresario privado que fundó la Atlantic Telegraph Company tras varios intentos fallidos. El cable que por fin funcionó era propiedad privada, operado con criterios comerciales, financiado por inversores que esperaban rentabilidad. El hecho de que esa infraestructura conectara dos continentes no cambiaba su naturaleza: era un activo privado con una función pública de facto.
El teléfono reprodujo el patrón con algunas variaciones nacionales. En Europa, las redes telefónicas acabaron mayoritariamente en manos públicas, nacionalizaciones mediante, durante el siglo XX. En Estados Unidos, AT&T construyó un monopolio privado regulado que duró décadas. La regulación intentaba simular las condiciones del servicio público sin cambiar la titularidad. El resultado fue siempre el mismo: cuando el operador privado y el interés público divergían, el regulador llegaba tarde o llegaba con los instrumentos equivocados.
Internet repitió el ciclo con velocidad acelerada. La red nació de un proyecto militar y académico, creció bajo financiación pública y se privatizó en los años noventa en nombre de la eficiencia y la innovación. La arquitectura original, distribuida, sin un punto central de fallo, resistente por diseño, se fue erosionando a medida que la lógica económica concentraba el tráfico en pocos nodos. Hoy, la infraestructura física de internet no es el sistema distribuido de los libros de texto. Es una red altamente centralizada en la que tres proveedores de nube, un puñado de fabricantes de equipos y unas decenas de cables submarinos sostienen el grueso del tráfico global.
Los números que cambian el argumento
La cifra que define mejor el momento actual es esta: Google, Meta, Microsoft y Amazon controlan aproximadamente la mitad del ancho de banda submarino mundial. En 2012, esas mismas empresas representaban menos del 10% de la infraestructura de cables submarinos transcontinentales. En menos de quince años, han pasado de ser clientes de la infraestructura a ser sus propietarios.
Los datos de TeleGeography son contundentes: existen más de 530 sistemas de cables submarinos activos en el mundo, con una longitud total superior a 1,4 millones de kilómetros. Esos cables transportan más del 95% del tráfico internacional de internet y sostienen aproximadamente diez billones de dólares en transacciones financieras diarias. Y más del 80% pertenece a empresas privadas.
Google posee íntegramente cables como Curie (Estados Unidos-Chile), Dunant (Estados Unidos-Francia), Grace Hopper (Estados Unidos-Reino Unido-España) y Equiano (Portugal-Nigeria-Sudáfrica). Meta ha anunciado el proyecto Waterworth: más de 50.000 kilómetros de cables nuevos valorados en 10.000 millones de dólares, con puntos de amarre en cinco continentes. El objetivo explícito no es garantizar conectividad universal: es asegurar capacidad para sus propios servicios de inteligencia artificial.
El argumento que suele hacerse en defensa de esta concentración es que la inversión privada es más eficiente y más rápida que la pública. Es un argumento con datos que lo sostienen en parte: la expansión de la infraestructura submarina en los últimos años ha sido sin precedentes, impulsada precisamente por esa inversión privada. Pero el argumento ignora lo que la resiliencia exige saber: quién decide qué rutas se priorizan, qué datos se transmiten primero, qué regiones quedan conectadas y cuáles no, cuando hay escasez de capacidad o cuando hay una crisis.
La vulnerabilidad que nadie quería ver
La respuesta llegó antes de que nadie la pidiera. En febrero de 2024, varios cables de fibra óptica en el Mar Rojo quedaron inutilizados. Esos cables gestionaban cerca del 90% del tráfico de internet entre Europa y Asia. La interrupción provocó degradaciones severas en la conectividad de África oriental y Oriente Medio. Las operadoras tuvieron que redirigir tráfico por rutas alternativas que aumentaban la latencia y reducían el ancho de banda disponible.
En noviembre de 2024, dos cables en el Mar Báltico fueron cortados casi simultáneamente. Uno conectaba Lituania con la isla sueca de Gotland. El otro, el C-Lion1, era crítico para la conexión entre Finlandia y Alemania. Las sospechas recayeron sobre un buque de bandera china que se encontraba en la zona en el momento de los cortes. En enero de 2025, la OTAN lanzó la misión Baltic Sentry, fragatas, drones navales, aviones de patrulla, para proteger una infraestructura submarina que, formalmente, pertenece en gran medida a empresas privadas.
En lo que llevamos de 2025, se han registrado ya doce cortes de cables submarinos en el mundo. En 2024 fueron una veintena. La mayoría de los daños (un 31%) son de causa desconocida. Un 25% se atribuye a arrastre de anclas. La distinción entre accidente y sabotaje resulta difícil de sostener cuando los patrones geográficos y temporales son tan consistentes.
El dato que resume mejor la situación: no existe ningún tratado global vinculante para la protección de cables submarinos. La Unión Europea trabaja en una red de vigilancia con drones y sensores. La ITU creó un organismo asesor de 40 miembros. Son respuestas institucionales a un problema de gobernanza que lleva décadas sin resolverse. La protección de la infraestructura más crítica del planeta depende, en última instancia, de la coordinación voluntaria entre estados con intereses divergentes y de la buena voluntad de empresas privadas con obligaciones principalmente hacia sus accionistas.
La resiliencia como problema de diseño político
El lema de la ITU para 2026 habla de construir sistemas «más robustos, seguros y preparados para responder rápidamente ante cualquier interrupción». Es una formulación técnica para un problema que no tiene solución técnica.
La resiliencia de una infraestructura crítica depende de tres condiciones que ningún estándar técnico puede garantizar por sí solo:
- diversidad de control, que no haya un único actor con capacidad de decisión sobre el acceso,
- obligaciones de servicio vinculantes, no declaraciones de intención y
- mecanismos de coordinación con autoridad real en situaciones de crisis.
Las tres condiciones exigen decisiones políticas sobre la titularidad, la regulación y la gobernanza de la infraestructura.
El problema no es nuevo. En 1865, el Reino Unido no pudo comprometer sus redes telegráficas porque eran privadas. En 2026, la Unión Europea no puede garantizar la continuidad de sus comunicaciones transoceánicas porque los cables que las sostienen pertenecen a empresas norteamericanas con sede en jurisdicciones distintas y sujetas a legislaciones que incluyen, por ejemplo, la posibilidad de requerir acceso a los datos que por ellos circulan.
La diferencia con 1865 no es el tamaño del problema. Es que hoy sabemos exactamente cómo llegamos aquí, y seguimos celebrando efemérides con el mismo vocabulario de buenas intenciones.
