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Más del 80 por ciento de los países europeos han hecho ya obligatorio el uso de la factura electrónica

Más del 80 por ciento de los países europeos han hecho ya obligatorio el uso de la factura electrónica

  • SERES ha publicado en su estudio “La Factura Electrónica en Europa” un análisis de la evolución y el uso de la factura electrónica en los distintos países de Europa, que ha cobrado en 2020 un impulso decisivo en el conjunto del continente.
  • En la actualidad, todos los países europeos hacen uso de la e-factura en sus transacciones comerciales, siendo obligatorio el uso de la facturación electrónica para el 80,43% de los países y opcional en el resto.
  • El uso de la factura electrónica se ha incrementado igualmente en las contrataciones entre empresas, con Italia y España como principales referentes en la introducción de la factura electrónica en el ámbito B2B.
  • Las múltiples ventajas de la e-factura a la hora de apostar por la sostenibilidad y la eficiencia, reducir costes y eliminar todos los procesos mecánicos relacionados con el uso del papel ha conducido a muchos otros países a promover la factura electrónica como un mecanismo voluntario.
Seres Factura Electrónica en Europa

ha publicado en su estudio  La en Europa  un análisis de la evolución y el uso de la factura electrónica en los distintos países de Europa, con datos actualizados a un año clave, 2020, para el impulso de esta solución tecnológica en el continente europeo.

En Europa, la factura electrónica está ampliamente extendida en todos los países que conforman el continente. En la actualidad, el 100% de los países europeos hacen uso de la en sus transacciones comerciales, siendo obligatorio el uso de la facturación electrónica para el 80,43%, mientras que el 19,57% de los países la utilizan de manera voluntaria.

Sus importantes ventajas en un contexto de de las relaciones comerciales, impulsado a su vez por el estallido de la pandemia, ha reforzado su masificación a nivel internacional impulsando su uso a través de leyes y decretos gubernamentales, en unos casos, o por iniciativa propia del mercado en otros países.

La Comisión Europea lleva muchos años actuando como agente dinamizador de la factura electrónica, lo que ha convertido a la Unión Europea (UE) en un referente en el ámbito de la implantación y el uso de la e-factura. De hecho, la factura electrónica está posicionada dentro de la Agenda Digital Europea como un elemento tractor y facilitador de las relaciones internas en el mercado común y de la competitividad de las empresas de la zona.

La aprobación en 2014 de la Directiva 2014/55/UE sobre facturación electrónica en la contratación pública dio lugar a su normalización en un formato común estándar europeo de factura electrónica CEN-TC/434, también conocido como EN 16931, el cual ha sido adoptado por todos los poderes adjudicadores y entidades contratantes de la UE.

2020: un año decisivo para la Factura Electrónica en la Unión Europea

El 2020 ha sido un año fundamental en lo que respecta a la masificación de la factura electrónica en la Unión Europea debido a que, desde abril de 2020, todas las Administraciones Públicas de la Unión, tanto centrales como regionales y locales, están obligadas a recibir y procesar facturas en formato electrónico.

Los buenos resultados y múltiples beneficios que ha tenido en las contrataciones públicas de la Unión Europea en el ámbito B2G ha hecho que algunos países, entre los que destacan Italia y España, hayan avanzado en su masificación de uso implantando la factura electrónica también en las contrataciones entre empresas; es decir, en la relación .

Italia y España, principales referentes en la introducción de la Factura Electrónica en el ámbito B2B

Italia y España se han convertido en los principales referentes a nivel europeo, siendo ambos países pioneros en apostar por la introducción de la factura electrónica en el ámbito B2B. Así, en España, Desde el 1 de julio de 2018, las empresas subcontratadas que trabajan para proveedores de las Administraciones Públicas están obligadas a facturar electrónicamente a los contratistas cuando el importe de los trabajos o servicios supera los 5.000 euros.

Para ayudar a los subcontratistas en esta nueva obligación y facilitar el intercambio de las facturas electrónicas, la AEAT ha puesto a disposición de los operadores económicos y particulares un Registro Electrónico Único, también conocido como FACeB2B.

Italia, por su parte, ha sido el primer país europeo en establecer como obligatoria la facturación electrónica en el entorno B2B, tan solo cuatro años después de hacerla obligatoria para el B2G.  Así, desde el 1 de enero de 2018, los subcontratistas de los proveedores de suministros y servicios a la Administración Pública tienen que facturar electrónicamente y, a partir del 1 de enero de 2019 la obligatoriedad de factura electrónica se extendió a todas las compañías del país, utilizando como estándar el formato FatturaPa o cualquier otro formato aprobado por la UE.

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Fuera de la UE, otros países europeos como Noruega, Moldavia, Ucrania, Bilorrusia, Suiza, Turquía, Albania, Reino Unido, Liechenstein, Islandia, han apostado también por hacer obligatorio el uso de la factura electrónica.

Una cuestión de eficiencia y sostenibilidad

La factura electrónica cobra una especial relevancia a la hora de optimizar procesos, reducir costes y aumentar la sostenibilidad de las administraciones y la competitividad de las empresas, aportando una gran cantidad de ventajas relacionadas con la eliminación de todos los procesos mecánicos relacionados con el uso del papel.

Por ello, y aunque en Europa son muchos los países que han decidido impulsar la facturación electrónica a través de la obligatoriedad de su uso, existen otros países en los que se ha promovido el uso de la e-factura como un mecanismo voluntario a utilizar.

Así, Mónaco, San Marino, Andorra, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Rusia y Macedonia son algunos de los países en los que la factura electrónica es utilizada de forma voluntaria tanto en las relaciones entre empresas como en las contrataciones públicas entre empresas y gobierno.

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