España quiere situar la movilidad inteligente en el centro de su estrategia industrial, tecnológica y urbana. El país movilizará más de 12.250 millones de euros hasta 2027 a través del PERTE Chip para reforzar un ecosistema de semiconductores clave en la automoción conectada, la conducción automatizada y los servicios basados en inteligencia artificial. La cuestión ya no se limita a desplegar sensores, redes 5G o pilotos urbanos. El salto relevante pasa por convertir esas capacidades en una plataforma exportable, interoperable y segura.
El whitepaper Tecnologías para la movilidad en España , elaborado por la Comisión de Vehículo Conectado y Movilidad Sostenible de AMETIC, sitúa esa oportunidad en un momento de maduración regulatoria e industrial. La reciente Ley de Movilidad Sostenible, Ley 9/2025, ofrece un marco para ordenar la digitalización del transporte y articular el intercambio de datos entre administraciones, operadores y empresas tecnológicas. Sin embargo, el informe introduce una advertencia menos cómoda: España dispone de activos relevantes, pero todavía necesita escala, gobernanza del dato y una capa de ciberseguridad capaz de acompañar el crecimiento del sistema.
«La movilidad del futuro será, esencialmente, digital. La creación de valor ya se está desplazando hacia el software, los datos y las plataformas, y quien no esté en condiciones de competir en ese terreno quedará relegado», señala Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC. La frase sintetiza un cambio de fondo: el vehículo deja de ser solo un producto manufacturado y se integra en una arquitectura de datos, comunicaciones e infraestructuras inteligentes.
La movilidad inteligente ya tiene proyectos en carretera
España no parte de una hoja en blanco. Madrid, Barcelona, Valencia, Santander, Vizcaya o Vitoria-Gasteiz han desplegado iniciativas que combinan gestión del tráfico, datos abiertos, transporte público conectado y servicios urbanos digitales. En algunos casos, los proyectos todavía operan como pilotos; en otros, empiezan a conectarse con plataformas europeas y estándares de interoperabilidad.
En Galicia, el corredor ITS SISCOGA prueba en condiciones reales servicios cooperativos de vehículo conectado y maniobras autónomas. El País Vasco ha articulado el Basque Connected Corridor como entorno de validación para conducción autónoma y percepción colaborativa. En Donostia-San Sebastián, DBUS ha diseñado un piloto de transmisión de vídeo en tiempo real desde flota urbana mediante conectividad 5G, una aplicación orientada a la gestión operativa y la supervisión remota del transporte colectivo.
Vizcaya aporta otro ángulo. El sistema Satelise, desarrollado por Cintra con GMV como socio tecnológico, aplica posicionamiento satelital y reconocimiento de matrículas para eliminar pórticos físicos en un modelo de peaje en flujo libre e interoperable. La infraestructura viaria empieza a incorporar lógica digital sin exigir necesariamente más infraestructura visible en carretera.
El plano urbano completa el mapa. Madrid integra en su estrategia Madrid 360 herramientas de predicción de tráfico mediante IA, mientras Las Rozas participa en el proyecto europeo DUET, basado en gemelos digitales para modelar y anticipar infraestructuras urbanas. Barcelona, a través de la Autoridad del Transporte Metropolitano, impulsa deployEMDS, un ecosistema de gobernanza de datos multioperador que integra autobús y transporte bajo demanda con estándares europeos. La dispersión de estos casos amplía la base de experimentación, aunque también obliga a evitar una suma de proyectos aislados.
Microchips, IA y datos: la capa industrial de la movilidad inteligente
El vehículo conectado depende de una cadena tecnológica más profunda que la instalación de dispositivos en carretera. Sensores, procesadores, conectividad, software embarcado, plataformas cloud, inteligencia artificial y sistemas de seguridad forman una misma arquitectura. Ahí encaja el PERTE Chip, con más de 12.250 millones de euros hasta 2027 para fortalecer el ecosistema español de microelectrónica y semiconductores.
El movimiento tiene implicaciones para la automoción española, uno de los sectores industriales con mayor peso exportador. La electrificación y el vehículo conectado están desplazando parte del valor hacia componentes electrónicos, algoritmos y servicios digitales. La planta de semiconductores fotónicos SPARC Foundry en Vigo o la nueva fábrica avanzada de Diamond Foundry y SETT en Cáceres aparecen como piezas de una cadena que ya no se mide solo en ensamblaje, sino en control tecnológico.
Los centros de investigación y validación completan esa capa. CTAG, con actividad en estandarización de gemelos digitales para automoción, e IDIADA conectan desarrollos industriales con entornos virtuales de prueba. La validación digital reduce riesgos antes de los despliegues reales y acorta ciclos de desarrollo, un factor relevante para fabricantes, administraciones y operadores de transporte.
Gobernanza del dato y ciberseguridad marcan el escalado
La movilidad conectada produce una cantidad de información que altera la lógica tradicional del transporte. Según AMETIC, los vehículos conectados generan ya hasta 25 GB de datos por hora. Ese volumen permite optimizar rutas, anticipar congestiones, mejorar mantenimiento, rediseñar servicios públicos y alimentar modelos de IA. También abre una disputa sobre propiedad, acceso, interoperabilidad y uso comercial de los datos.
La Ley de Movilidad Sostenible introduce el Espacio de Datos Integrado de Movilidad, EDIM, como plataforma unificada para el intercambio de datos de transporte. Su desarrollo puede reducir la fragmentación entre administraciones, operadores y proveedores tecnológicos. Pero la gobernanza no se resuelve con una plataforma nominal. Necesita reglas claras de acceso, calidad, responsabilidad, anonimización y continuidad financiera.
El calendario añade presión. Los proyectos de espacios de datos cofinanciados por NextGenerationEU alcanzan un hito crítico de financiación a mediados de junio de 2026. La continuidad público-privada será decisiva para que las pruebas financiadas con fondos europeos no pierdan capacidad justo cuando deberían transformarse en servicios estables.
La ciberseguridad introduce otra barrera. De acuerdo con ENISA, la movilidad es ya el segundo sector más ciberatacado en Europa, con un 7,5% de los ataques, tres puntos por encima del financiero. La conectividad de vehículos, semáforos, centros de control, peajes, aplicaciones y plataformas de datos amplía la superficie de exposición. El riesgo no afecta solo a la privacidad. También puede comprometer continuidad operativa, seguridad física y confianza ciudadana.
España afronta una ventana europea con exigencias operativas
La movilidad inteligente se ha convertido en un terreno donde confluyen política industrial, transición energética, soberanía tecnológica y gestión urbana. España dispone de fabricantes, operadores, ingenierías, centros de prueba, ciudades activas y financiación pública. También cuenta con un marco regulatorio más definido. Esa combinación le permite aspirar a una posición relevante en Europa, aunque la ventana no permanecerá abierta de forma indefinida.
«El sector digital español tiene aquí un papel estructural. Podemos y debemos ser el puente entre industria y administraciones, impulsar los proyectos tractores y contribuir a definir los estándares que marcarán la movilidad europea», afirma Hortigüela. La ambición pasa por convertir los pilotos en proyectos tractores, y estos en capacidades industriales reutilizables.
El punto delicado está en la ejecución. La movilidad inteligente exige coordinación entre ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, fabricantes, operadores de transporte, tecnológicas, centros de investigación y proveedores de ciberseguridad. Cada actor maneja incentivos, plazos y presupuestos distintos. La regulación puede ordenar el terreno, pero no sustituye la disciplina de gestión.
Para empresas y administraciones, la derivada inmediata es operativa. Los próximos despliegues tendrán que justificar inversiones no solo por eficiencia o sostenibilidad, sino por interoperabilidad, resiliencia y capacidad de integración con espacios de datos europeos. En ese cruce entre microchips, IA, infraestructuras y seguridad se jugará buena parte de la posición española en la movilidad conectada de la próxima década.
