Pedro Sánchez ha reunido en La Moncloa a Adigital, EsTech y una representación de scaleups españolas en un momento en el que el debate sobre las startups en España ha dejado de girar solo alrededor de la creación de empresas. La cuestión que empieza a pesar más es cómo conseguir que las compañías tecnológicas con potencial crezcan desde España, accedan a capital suficiente y compitan en sectores donde la escala decide la posición industrial de un país.
El encuentro reunió al presidente del Gobierno con la presidenta de la Asociación Española de Economía Digital, Susana Voces; el presidente de EsTech, Alister Moreno, y directivos de empresas tecnológicas de alto crecimiento como Alinia, Matteco, Monei, Neuroelectrics, Sateliot, Shakers y Theker. También participaron el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha. La agenda mezcló regulación, financiación, inteligencia artificial, crecimiento empresarial y mercado europeo de capitales, una combinación que explica por qué la reunión supera el marco habitual de una convocatoria sectorial.
Startups en España: del crecimiento al problema de escala
Los datos disponibles permiten situar el punto de partida. España cerró 2025 con unas 8.500 empresas tecnológicas, un 21,5% más que el año anterior, y cerca de 5.000 startups, alrededor de un 40% más respecto a 2024. La facturación agregada de las startups tecnológicas se acercó a los 15.000 millones de euros. El Ministerio para la Transformación Digital añade otro indicador relevante: el empleo en startups ha aumentado un 46% desde 2022 y la vida media de estas compañías se sitúa ya en 3,5 años, una señal de mayor resistencia en un segmento tradicionalmente expuesto a la mortalidad temprana.
La lectura cambia cuando se observa la siguiente fase. Crear más startups no resuelve por sí solo la necesidad de construir empresas medianas y grandes en sectores intensivos en tecnología. El informe Spain Ecosystem Report 2026, elaborado por Endeavor España, sitúa el valor del ecosistema tecnológico español en 125.000 millones de euros, 2,3 veces más que en 2020. También recoge que las startups españolas captaron 3.100 millones de euros en venture capital en 2025, el tercer mejor año de la serie histórica, solo por detrás de 2021 y 2022. Sin embargo, el capital late stage sigue por debajo de los máximos registrados durante el ciclo de liquidez posterior a la pandemia.
Ese matiz es importante para directivos e inversores. Un ecosistema puede crecer en número de empresas, operaciones y talento, aunque siga teniendo dificultades para financiar fases de expansión internacional, adquisiciones, industrialización de producto o despliegues comerciales largos. En sectores como espacio, robótica, fintech, neurotecnología, inteligencia artificial o transición ecológica, representados en la reunión, el salto desde una empresa innovadora a una compañía de referencia exige plazos más largos, más capital y clientes de mayor tamaño.
Scaleups, capital público y el papel de España Crece
La presencia de EsTech en la reunión desplaza el foco hacia las scaleups. Esta plataforma, impulsada por Adigital, agrupa y representa a empresas españolas de alto crecimiento y base tecnológica, con el objetivo de reforzar su visibilidad institucional, su marco regulatorio y los espacios de diálogo con administraciones públicas. Entre sus empresas fundadoras figuran compañías como Wallbox, Redpoints, Neuroelectrics, Jobandtalent, Holaluz, Factorial, Filmin, Glovo y Cabify, lo que conecta la conversación actual con la primera generación de compañías digitales españolas que alcanzaron dimensión internacional.
Sánchez situó en ese terreno instrumentos como CDTI, Cofides, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y el fondo España Crece. Este último no es un vehículo exclusivamente tecnológico, pero su diseño tiene implicaciones para el sector. El Gobierno lo presentó en febrero como un mecanismo para movilizar capital público y privado en sectores considerados estratégicos, entre ellos digitalización, inteligencia artificial, computación cuántica, reindustrialización, energía, infraestructuras y economía circular. Además, contempla préstamos, avales e instrumentos de capital, con participación minoritaria pública y coinversión privada.
Alister Moreno, presidente de EsTech, ha destacado que: «Las scaleups españolas representan una nueva generación empresarial que genera empleo cualificado, desarrolla propiedad intelectual, atrae inversión internacional y fortalece la autonomía tecnológica de Europa. Amplificar su impacto desde España requiere colaboración entre instituciones, continuidad en las políticas públicas y un marco de inversión pública y privada que acompañe su crecimiento.»
Para las startups en España, el punto operativo no reside solo en la existencia de más fondos, sino en su capacidad para cubrir huecos concretos. La financiación pública puede sostener proyectos de alta incertidumbre tecnológica o atraer inversores privados cuando el riesgo inicial resulta elevado. Aunque también introduce una tensión conocida: los procedimientos, los plazos de aprobación y la coordinación entre organismos pueden condicionar la utilidad real de estos instrumentos para compañías que compiten en ciclos de mercado rápidos.
La reunión incorporó además la Ley de Startups y la Ley Crea y Crece como parte del marco regulatorio. La primera, aprobada a finales de 2022, creó un régimen específico para empresas emergentes e introdujo criterios legales de certificación, incentivos fiscales y medidas para atraer talento e inversión. Según la evaluación del Foro Nacional de Empresas Emergentes, entre 2023 y marzo de 2026 se certificaron 2.100 empresas emergentes, con un plazo medio de 45 días, por debajo del límite legal de tres meses.
La aplicación práctica de estas normas ya ofrece señales medibles, aunque no agota la agenda. El crecimiento de empresas certificadas y la mayor vida media del ecosistema apuntan a una formalización del sector. Pese a ello, los desafíos de las scaleups se desplazan hacia asuntos menos visibles en la fase inicial: contratación internacional, regulación sectorial, compras públicas, acceso a grandes clientes, protección de propiedad intelectual, salida a mercados bursátiles o capacidad de cerrar rondas de crecimiento sin trasladar centros de decisión fuera de España.
Inteligencia artificial y soberanía tecnológica
El Gobierno conectó el papel de las scaleups con la soberanía tecnológica, una expresión que ha ganado peso en Europa a medida que la inteligencia artificial, los semiconductores, la computación cuántica y las infraestructuras cloud se han convertido en activos estratégicos. La referencia a la futura gigafactoría de IA española introduce una capa adicional: la escala ya no se mide solo por facturación o empleo, sino por la capacidad de acceder a infraestructuras críticas.
Un día antes de la reunión con Adigital y EsTech, Sánchez recibió a representantes del consorcio público-privado que desarrollará la primera gigafactoría avanzada de inteligencia artificial española. El proyecto aspira a competir en la convocatoria europea con una candidatura multisede en Móra la Nova, Tarragona, y San Fernando de Henares, Madrid. La estructura accionarial prevista incluye a SETT, Telefónica, ACS, Banco Santander, Multiverse Computing y la Generalitat de Catalunya, y el Gobierno ha anunciado una inversión pública de 720 millones de euros a través de SETT, además de una contribución voluntaria de 300 millones a EuroHPC.
Para el ecosistema emprendedor, la gigafactoría puede funcionar como infraestructura de país si facilita acceso a capacidad de cómputo, entrenamiento de modelos y servicios avanzados para empresas que no pueden asumir por sí solas inversiones de esa magnitud. La oportunidad convive con una pregunta de ejecución: qué condiciones de acceso tendrán las startups, cómo se priorizarán los usos empresariales y científicos, y de qué manera se evitará que la infraestructura quede reservada en la práctica a grandes corporaciones o proyectos institucionales.
La inteligencia artificial ya se ha convertido en uno de los motores del ecosistema tecnológico español. Endeavor estima que casi una de cada cinco startups fundadas en España desde 2021 opera en IA, el doble de la proporción registrada en la década anterior. Desde 2020, estas compañías han captado 3.300 millones de euros, lo que sitúa a España en el sexto puesto europeo por volumen de inversión en IA y en el cuarto por número de rondas.
El marco europeo condiciona el margen nacional
La reunión también miró hacia Bruselas. Sánchez mencionó la necesidad de completar la Unión del Mercado de Capitales y avanzar hacia la Unión de Ahorro e Inversiones, dos piezas relevantes para startups y scaleups porque la fragmentación financiera europea sigue limitando el tamaño de las rondas, la liquidez de las salidas y la profundidad de los mercados públicos. La Comisión Europea ha vinculado su estrategia de startups y scaleups con la Unión de Ahorro e Inversiones, el mercado único y la agenda de competitividad.
Bruselas adoptó en mayo de 2025 la estrategia europea para startups y scaleups, con 26 acciones en áreas como regulación favorable a la innovación, financiación, expansión de mercado, talento e infraestructuras. En 2026, la Comisión ya había avanzado en medidas como el llamado «régimen 28» y una recomendación sobre definiciones comunes de empresas innovadoras, startups y scaleups, pasos dirigidos a reducir la fragmentación normativa entre Estados miembros.
Por su parte, Susana Voces, presidenta de Adigital, ha señalado que: «No hay campeones tecnológicos sin un mercado donde escalar, ni escalado posible sin la confianza que aporta una tecnología responsable. España tiene la oportunidad de liderar en Europa un modelo que combine innovación, competitividad y confianza.»
Ese plano europeo es decisivo para España. Un mercado nacional puede ser suficiente para validar producto, captar talento y construir primeras ventas, pero resulta limitado cuando una compañía tecnológica compite contra rivales estadounidenses o asiáticos con acceso a mercados de capitales más profundos y homogéneos. La escala europea, en teoría, debería compensar ese déficit. En la práctica, las diferencias fiscales, laborales, mercantiles y regulatorias siguen elevando el coste de crecer país a país.
La pieza común que deja la reunión no es una medida aislada. Es una agenda de coordinación entre regulación, financiación, infraestructuras y política industrial. España cuenta con más empresas tecnológicas, más startups, más inversión acumulada y una generación de scaleups que reclama interlocución directa. El reto pasa ahora por convertir esa densidad en compañías con capacidad de permanecer, contratar, invertir y decidir desde España mientras compiten en mercados donde el tamaño se alcanza antes de que el producto madure del todo.
