El Gobierno de España ha aprobado este lunes una inversión de 1.157 millones de euros para ampliar las capacidades nacionales en ciberseguridad y ciberdefensa. La medida complementa las actuaciones previstas en el Plan Nacional de Ciberseguridad de 2022 y se articula también dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, anunciado por el presidente del Ejecutivo el pasado 24 de abril.
La decisión se adopta tras un año en el que se han contabilizado más de 100.000 ciberataques en territorio nacional, con una frecuencia de incidentes considerados muy graves cada tres días, según datos oficiales difundidos tras la reunión del Consejo de Ministros. El incremento sostenido de estos ataques —que se han triplicado desde 2015— ha motivado la necesidad de actualizar y adaptar la estrategia nacional a un contexto digital cada vez más complejo.
El nuevo paquete de actuaciones contempla medidas dirigidas a reforzar desde la prevención y la detección hasta la respuesta y recuperación frente a ciberamenazas. Además, se integran tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial para mejorar la detección y reacción ante intrusiones, así como sistemas automatizados de auditoría de servicios digitales públicos.
Aumento de amenazas y sofisticación tecnológica
La extensión de las infraestructuras digitales, el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial o la computación cuántica, y la creciente sofisticación de los métodos empleados por actores maliciosos han sido elementos determinantes en la revisión del marco estratégico nacional en materia de ciberseguridad.
Estas circunstancias han llevado a las autoridades a priorizar la protección de infraestructuras críticas y servicios esenciales, al tiempo que se refuerzan las capacidades del Estado para hacer frente a amenazas que afectan tanto a entidades públicas como a operadores privados.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, destacó el posicionamiento de España en este ámbito, según el informe de 2024 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que sitúa al país entre los primeros en número de centros de ciberseguridad a nivel global.
Distribución del presupuesto y organismos implicados
La ejecución del presupuesto estará repartida entre varios ministerios y organismos públicos. El Ministerio de Defensa gestionará el 60,4% de los fondos a través del Centro Nacional de Inteligencia – Centro Criptológico Nacional (CNI-CCN), el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) y el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE).
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ejecutará el 22% del presupuesto a través de entidades como la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD), Red.es, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Por su parte, el Ministerio del Interior asumirá el 16,34% del gasto previsto, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, gestionará un 1,2% de la inversión total.
Proyectos destacados: SOC 5G y auditorías automatizadas
Entre las acciones más relevantes, se encuentra el impulso al Centro de Operaciones de Seguridad 5G (SOC 5G), que supervisa el cumplimiento de la normativa de ciberseguridad en redes 5G y presta apoyo técnico a operadores, fabricantes y administraciones. Asimismo, se reforzará la ciberresiliencia de los servicios transversales de la administración digital mediante plataformas que permiten realizar auditorías automáticas sobre servicios expuestos en Internet.
También se ampliará el sistema de alertas tempranas para ciberdefensa, se fortalecerá la coordinación entre centros de operaciones públicos y privados, y se fomentará la colaboración con universidades y centros de investigación en proyectos relacionados con tecnologías defensivas.
Adaptación estructural a nuevas amenazas
Con estas medidas, el Gobierno pretende dotar al país de capacidades sostenidas frente a un panorama de amenazas en constante evolución. La aparición de nuevas herramientas tecnológicas en manos tanto de agentes estatales como de organizaciones criminales ha elevado la exigencia sobre los sistemas de protección digital. Esta respuesta institucional se concibe, por tanto, como una acción estructural destinada a garantizar la continuidad operativa de infraestructuras esenciales y servicios digitales estratégicos.
La ciberseguridad se consolida así como una prioridad transversal en las políticas públicas de seguridad nacional, con una aproximación integral que abarca tanto la defensa estatal como la protección de los derechos digitales de la ciudadanía y la estabilidad del tejido económico.
