La Comisión Europea presentó en febrero el paquete legislativo conocido como Omnibus, con el objetivo de reducir las cargas administrativas sobre las empresas europeas y reforzar la competitividad industrial. Sin embargo, esta iniciativa ha generado un intenso debate político e institucional al confrontar los objetivos medioambientales del bloque con sus ambiciones económicas.
Durante un reciente debate en Bruselas organizado por Euractiv, representantes de instituciones comunitarias, asociaciones empresariales y organizaciones civiles expusieron posturas divergentes respecto a cómo reformar normativas clave sin debilitar los compromisos climáticos ni aumentar la complejidad regulatoria.
Cambios propuestos: CSRD, CSDDD y Taxonomía
El paquete propone modificaciones sustanciales a directivas fundamentales como la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), la Directiva sobre Diligencia Debida Empresarial en Sostenibilidad (CSDDD) y el marco de taxonomía sostenible. Estas reformas buscan simplificar procedimientos pero han suscitado críticas por su posible impacto negativo en materia de transparencia corporativa.
Divergencias parlamentarias
Kira Marie Peter-Hansen, eurodiputada verde danesa, advirtió que una simplificación mal diseñada podría traducirse en desregulación encubierta. Criticó además el procedimiento acelerado del proceso legislativo: “Nunca he visto algo tan caótico… otra vez sin evaluación previa”. Por su parte, Lukas Mandl (PPE) respaldó parcialmente el enfoque actual aunque pidió mayor libertad normativa para las industrias europeas.
Pausa temporal valorada por sectores industriales
Desde VDMA —la asociación europea del sector maquinaria— Bertram Kawlath celebró lo que denominó un enfoque stop-the-clock, es decir, una suspensión temporal parcial mientras se revisan obligaciones informativas vigentes. Según datos compartidos por Kawlath, los costes burocráticos representan hasta un 6% del volumen total facturado por estas empresas manufactureras —superior incluso al margen habitual de beneficios— lo cual refuerza su demanda urgente de alivio administrativo.
Simplificación proporcional para pymes
Sophia Zakari (SME United) subrayó que muchas pequeñas empresas quedan fuera formalmente del ámbito directo normativo pero sufren efectos indirectos debido a exigencias impuestas desde grandes clientes dentro sus cadenas productivas. Reclamó claridad legal adaptada al tamaño empresarial: “No se trata solo de excluirlas; siguen estando afectadas porque forman parte esencial del suministro”.
Tanto Dionisie desde DG JUST como otros participantes coincidieron parcialmente señalando salvaguardias previstas contra esa transferencia descendente excesiva dentro las cadenas globales; no obstante persisten dudas prácticas sobre su eficacia real.
