La posible eliminación del programa Energy Star, anunciado internamente por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo la Administración de Donald Trump, ha provocado una respuesta inmediata por parte de asociaciones industriales, fabricantes y organizaciones no gubernamentales, que alertan del perjuicio económico que supondría para empresas y consumidores.
Desde su creación en 1992, Energy Star ha certificado más de 75 tipos de productos y edificios, generando un ahorro estimado de más de 500.000 millones de dólares en costes energéticos, según datos federales.
Fuentes consultadas como Inside Climate News, The Washington Post y The Verge coinciden en que la decisión fue comunicada durante una reunión interna del personal de la EPA, en la que se detalló la disolución de la Oficina de Protección Atmosférica y otras divisiones relacionadas con el clima. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial confirmando la desaparición de Energy Star, la reestructuración afectaría directamente a su operatividad, ya que el programa está gestionado conjuntamente por la EPA y el Departamento de Energía.
Impacto económico y respaldo empresarial
El coste operativo del programa, estimado en 32 millones de dólares anuales, contrasta con los más de 40.000 millones de dólares que ahorra cada año a familias y empresas estadounidenses, según la Alliance to Save Energy. Estas cifras han sido esgrimidas por sectores empresariales como la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos y la Cámara de Comercio de EE. UU., que firmaron el pasado 20 de marzo una carta dirigida al administrador de la EPA, Lee Zeldin, solicitando mantener la iniciativa.
Los firmantes calificaron el programa como un “ejemplo de colaboración público-privada no regulatoria”, destacando su valor como herramienta de diferenciación en el mercado para los fabricantes que invierten en eficiencia energética. Para estos actores, la posible desaparición de Energy Star supondría no solo una pérdida de competitividad, sino también un retroceso en la transparencia para los consumidores.
Raíces políticas y trayectoria legislativa
Lanzado bajo la presidencia de George H. W. Bush como parte de un enfoque voluntario hacia la reducción de emisiones contaminantes, Energy Star ha gozado históricamente de apoyo bipartidista. En 2005, el Congreso —controlado entonces por el Partido Republicano— lo incorporó a la legislación mediante una disposición de la Ley de Política Energética, lo que ha generado dudas legales sobre la capacidad del Ejecutivo para eliminarlo sin una nueva votación parlamentaria.
Durante su mandato, Trump ya propuso sin éxito trasladar el programa al sector privado o al Departamento de Energía. Su nuevo plan presupuestario incluye recortes significativos a la Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables del Departamento de Energía, pero no menciona específicamente el destino de Energy Star. No obstante, la eliminación de las divisiones que tradicionalmente lo han albergado en la EPA indica una intención de cierre o traspaso.
Efectos sobre los consumidores y la confianza en el etiquetado
Según datos de una encuesta realizada en 2022, el 90 % de los hogares estadounidenses reconocen y comprenden el distintivo Energy Star. Este nivel de familiaridad ha sido clave para su efectividad como sello de confianza en productos como electrodomésticos, ventanas, sistemas de calefacción y refrigeración, e incluso viviendas completas.
Steven Nadel, director ejecutivo del American Council for an Energy-Efficient Economy, sostiene que la supresión del programa perjudicaría tanto a empresas como a consumidores. “Es una medida miope que ignora el retorno económico que representa cada dólar invertido en el programa”, afirmó. Según sus cálculos, por cada dólar que destina el Gobierno federal, los consumidores ahorran 350 dólares en costes energéticos.
Consecuencias fiscales y regulatorias
Además del ahorro directo, Energy Star sirve de base para deducciones fiscales y subvenciones en EE. UU., como los créditos de hasta 2.500 dólares para constructores de viviendas que cumplen con los estándares del programa o incentivos de hasta 600 dólares por instalar ventanas y puertas certificadas. La posible eliminación del programa genera incertidumbre respecto al futuro de estas ayudas, especialmente en un contexto de revisión legislativa por parte de congresistas republicanos.
Ben Evans, director legislativo de la organización US Green Building Council, advirtió que esta decisión pone en riesgo herramientas fiscales utilizadas por hogares y promotores inmobiliarios. A su juicio, eliminar Energy Star “socava los esfuerzos del propio gobierno para mejorar la eficiencia y reducir el gasto público”.
Posibles alternativas y futuro incierto
Desde la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos se ha sugerido transferir la gestión del programa al Departamento de Energía como fórmula para mantenerlo operativo sin que dependa de divisiones climáticas de la EPA. Sin embargo, no hay garantías de que este traslado se materialice ni de que mantenga el mismo nivel de reconocimiento o confianza entre los consumidores.
Joseph Goffman, ex alto cargo de la EPA bajo las administraciones de Obama y Biden, considera que la medida responde más a un enfoque ideológico que presupuestario. “El programa se sostiene gracias a la participación voluntaria de las empresas y la confianza de los ciudadanos. Destruir ese vínculo perjudica la relación entre el gobierno y la sociedad”, explicó.
Organizaciones conservadoras como Heritage Foundation han abogado en el pasado por desligar iniciativas como Energy Star del control estatal, proponiendo su gestión por entidades privadas. No obstante, expertos como Nadel subrayan que la credibilidad y el reconocimiento de una marca pública difícilmente podrían replicarse en un entorno gestionado por actores privados.
Reacción política y perspectivas en el Congreso
Aunque varios senadores republicanos moderados han defendido Energy Star en el pasado, no se ha registrado aún una respuesta institucional firme frente al anuncio de la EPA. La senadora Lisa Murkowski, habitual defensora de políticas de eficiencia energética, declinó hacer comentarios al respecto.
En todo caso, se espera que la posible eliminación del programa suscite resistencia en el Congreso, donde el respaldo a Energy Star ha sido históricamente transversal. Las implicaciones económicas, tanto para consumidores como para fabricantes, podrían reactivar un debate legislativo sobre la permanencia de este tipo de programas voluntarios.
El posible fin de una etiqueta energética con tres décadas de historia
A lo largo de 33 años, Energy Star ha conseguido posicionarse como un referente de información técnica para consumidores y empresas. Su desaparición, impulsada por una reorganización interna de la EPA y respaldada por argumentos ideológicos más que financieros, plantea un escenario de incertidumbre sobre la política de eficiencia energética en EE. UU. En un contexto de creciente tensión política y de revisión de normativas medioambientales, el desenlace de este proceso podría marcar un precedente para otros programas de cooperación público-privada.
