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La nube soberana europea podría perder su nivel máximo

La nube soberana europea podría perder su nivel máximo

  • La UE sopesa eliminar el nivel más exigente de nube soberana europea y añadir referencias al sabotaje físico de centros de datos en su futura regulación.
Nube soberana - Datos

La futura regulación de la nube soberana europea afronta dos posibles cambios que pueden alterar los requisitos de seguridad y autonomía tecnológica aplicables a las infraestructuras digitales de la Unión Europea. Uno de los responsables parlamentarios de la iniciativa estudia eliminar el nivel más exigente de soberanía cloud, mientras los Estados miembros plantean incorporar referencias específicas al riesgo de sabotaje físico de los centros de datos.

Las modificaciones afectan a la Cloud and AI Development Act (CADA), propuesta por la Comisión Europea el 3 de junio de 2026 para ampliar la capacidad de computación del continente y reducir su dependencia de proveedores extranjeros. Su diseño determinará qué garantías deberán acreditar los operadores cloud para prestar determinados servicios públicos y cómo se evaluarán los riesgos asociados a sus infraestructuras.

Ambas cuestiones han adquirido relevancia en las negociaciones de noviembre. La posible eliminación del nivel máximo de soberanía forma parte de las opciones examinadas en el Parlamento Europeo, según ha publicado Rapporteur, mientras que los riesgos de sabotaje sobre los centros de datos han entrado en las conversaciones entre gobiernos nacionales. Ninguna de las dos modificaciones constituye todavía una decisión legislativa definitiva.

El nivel 4, la máxima garantía de soberanía cloud

La propuesta original de la Comisión Europea establece cuatro niveles de garantía que permiten clasificar los servicios cloud según su independencia tecnológica, las condiciones de control del proveedor y su exposición a jurisdicciones extranjeras.

El primer nivel exige que los datos se procesen y almacenen en infraestructuras situadas en territorio comunitario. Esta condición permite que grandes proveedores internacionales ofrezcan servicios reconocidos dentro del sistema europeo, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

El segundo incorpora mayores garantías frente al acceso o la interferencia de terceros países y exige transparencia sobre las dependencias de software. Las empresas deben demostrar que disponen de medidas para impedir accesos no autorizados a los datos y reducir el riesgo de interrupciones provocadas por decisiones externas.

A partir del tercer nivel aparecen requisitos de propiedad y control europeos, junto con condiciones sobre el personal encargado de operar los servicios. La propuesta contempla, sin embargo, mecanismos para reconocer proveedores controlados desde determinados terceros países cuando existan garantías equivalentes.

El cuarto representa la exigencia máxima. Obliga a acreditar un control efectivo sobre los componentes de software, su mantenimiento y evolución, además de impedir que entidades de terceros países puedan ejercer influencia sobre la prestación del servicio. También establece mayores requisitos de certificación de ciberseguridad y de independencia operativa.

La descripción oficial de los cuatro niveles muestra que la clasificación pretende adaptar las condiciones de soberanía al riesgo de cada actividad pública. El objetivo es evitar que todos los servicios deban cumplir las mismas restricciones, independientemente de la sensibilidad de la información o de su importancia para el funcionamiento de las administraciones.

La dificultad de acreditar una autonomía tecnológica completa

La eventual supresión del cuarto nivel modificaría el alcance de ese sistema. Las administraciones perderían una categoría europea específica para identificar servicios con las garantías más estrictas de independencia sobre el software y su cadena de suministro.

El problema está relacionado con la capacidad real de los proveedores para cumplir estas condiciones. Aunque existen operadores europeos de infraestructuras y servicios cloud, buena parte del ecosistema continúa dependiendo de tecnologías desarrolladas o controladas por compañías de terceros países.

Los requisitos de autonomía pueden alcanzar a componentes de software, herramientas de administración, sistemas de actualización, mecanismos de soporte y relaciones con subcontratistas. Acreditar que ninguna dependencia externa permite interferir en el servicio requiere controles técnicos y jurídicos que pueden resultar complejos de implementar.

Diego Solier, eurodiputado español del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos y coponente de la CADA, ya había advertido sobre estas limitaciones. En una entrevista publicada por EU Perspectives el 14 de noviembre, señaló que imponer exclusivamente el nivel más elevado de garantías dejaría al mercado sin empresas capaces de proporcionar toda la capacidad informática necesaria.

La cuestión afecta también a la competencia. Unos requisitos demasiado restrictivos podrían reducir el número de proveedores admisibles para determinados contratos públicos. Su flexibilización ampliaría las opciones disponibles, aunque exigiría comprobar si las medidas restantes ofrecen una protección suficiente para los servicios más sensibles.

El resultado dependerá de cómo se formule cualquier modificación. Eliminar una categoría completa tendría consecuencias diferentes a redistribuir sus obligaciones entre los niveles restantes o establecer requisitos adicionales para determinadas actividades críticas.

El sabotaje físico entra en el debate sobre los centros de datos

De forma paralela, los Estados miembros están examinando la incorporación de referencias más explícitas a la protección física de las infraestructuras.

La preocupación se extiende a posibles ataques deliberados contra centros de datos y otros elementos necesarios para mantener su funcionamiento. Las instalaciones dependen de suministro eléctrico, comunicaciones, refrigeración y sistemas de seguridad cuya interrupción puede provocar indisponibilidades que afecten a numerosos clientes simultáneamente.

Los riesgos físicos ya aparecen en distintas disposiciones europeas. El Reglamento de Ejecución 2024/2690, vinculado a la Directiva NIS2, contempla medidas de protección frente a amenazas ambientales y físicas, incluidos accesos no autorizados, daños intencionados y sabotajes.

También la Directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas establece un marco de prevención y respuesta frente a amenazas naturales y provocadas por personas. Su aplicación comprende determinados operadores de infraestructuras digitales, incluidos centros de datos.

La propuesta inicial de la CADA ya incorpora referencias a ataques dirigidos y a la mejora de la resistencia física y tecnológica de estas instalaciones. La novedad que se está negociando consiste en reforzar la presencia de estos riesgos dentro de las disposiciones específicas sobre el desarrollo y la protección de capacidad informática.

Todavía queda por determinar si las referencias al sabotaje se traducirán en nuevas obligaciones exigibles o funcionarán principalmente como criterios para evaluar proyectos y riesgos.

El debate también afecta a la ubicación de las instalaciones. Entre las propuestas examinadas por los gobiernos figura modificar el tratamiento de la conservación de la naturaleza en las decisiones de emplazamiento, con la posibilidad de convertirla en una prioridad no vinculante. La cuestión introduce otra variable en una regulación que pretende acelerar la construcción de centros de datos sin desvincularla de los requisitos ambientales.

Qué cambia para los proveedores cloud europeos

Las negociaciones llegan en un mercado caracterizado por una elevada concentración. La Comisión Europea calcula que tres grandes proveedores de fuera de la UE controlan más del 70% del mercado europeo de servicios cloud.

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Esta posición explica parte de la dificultad para impulsar alternativas regionales. Los grandes operadores internacionales disponen de infraestructuras distribuidas, herramientas de desarrollo, servicios de inteligencia artificial y capacidad de inversión que condicionan las decisiones tecnológicas de empresas y administraciones.

La CADA pretende intervenir sobre este escenario mediante dos mecanismos complementarios: facilitar el desarrollo de capacidad informática en Europa y utilizar la contratación pública para favorecer la demanda de servicios que cumplan determinados requisitos de soberanía.

La propuesta contempla que las entidades públicas evalúen los riesgos de sus actividades antes de determinar el nivel de garantía exigible. Para los usos vinculados a la preservación del orden público y a determinados sectores críticos, podrían establecerse condiciones superiores a las requeridas para servicios ordinarios.

La clasificación resultante influirá directamente en las licitaciones. Los proveedores tendrán que acreditar requisitos relacionados con la localización de datos, su estructura de control, la cadena de suministro y las garantías de continuidad operativa.

Para los operadores europeos, el reconocimiento de niveles elevados puede convertirse en una ventaja competitiva en contratos sensibles. Las empresas internacionales, mientras tanto, podrían adaptar sus estructuras societarias, operaciones y mecanismos técnicos para acceder a las categorías que permitan su participación.

En España, estas condiciones serán relevantes para las administraciones que contraten servicios cloud y para los proveedores que desarrollen infraestructuras destinadas al sector público. La planificación de migraciones y nuevas plataformas deberá incorporar los criterios europeos cuando queden definidos, además de las obligaciones nacionales de seguridad ya aplicables.

Una negociación que continuará durante 2027

El estado de tramitación de la CADA confirma que la iniciativa continúa pendiente de aprobación. El Parlamento Europeo trabaja sobre las propuestas de sus coponentes, Diego Solier y Reinier van Lanschot, mientras el Consejo desarrolla sus textos de compromiso bajo la presidencia irlandesa.

El informe de progreso del Consejo de noviembre recoge que los gobiernos examinaron el primer texto de compromiso sobre autonomía tecnológica el 10 de noviembre. La negociación sobre capacidad de centros de datos tiene prevista una nueva discusión el 24 de noviembre, y los trabajos continuarán durante diciembre.

El calendario institucional sitúa la adopción de la legislación como objetivo para el último trimestre de 2027, aunque las posiciones del Parlamento y del Consejo todavía deberán converger.

Hasta entonces, la posible eliminación del nivel 4 y la incorporación de criterios específicos frente al sabotaje permanecerán sujetas a negociación. La redacción definitiva determinará cuánto control tecnológico debe acreditar un proveedor, qué medidas de protección física se exigirán y cómo se verificará su cumplimiento.

Para los operadores que preparan inversiones en infraestructuras cloud europeas, estas decisiones tendrán efectos sobre el diseño de los servicios, la selección de socios tecnológicos, las auditorías y las posibilidades de acceso a contratos públicos de mayor sensibilidad.

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