Bit2Me ha constituido Bit2Shield, una sociedad especializada en investigación, peritaje, incautación y custodia de criptoactivos para organismos públicos y entidades financieras. La operación amplía el negocio institucional del grupo hacia un área en la que el análisis de transacciones en blockchain debe convertirse en evidencia válida para investigaciones judiciales, actuaciones policiales y procesos de cumplimiento bancario.
La nueva empresa, cuya razón social es CRYPTOSHIELD, S.L., tiene personalidad jurídica propia dentro del grupo. Su actividad reúne capacidades técnicas y procesales que una institución puede necesitar durante todo el recorrido de un activo investigado: desde su localización y transferencia segura hasta la elaboración de informes periciales, la conservación de la cadena de custodia y, cuando lo ordene la autoridad competente, su liquidación.
Bit2Shield dirigirá sus servicios a la Administración de Justicia, las fuerzas de seguridad, las administraciones tributarias, los organismos públicos encargados de recuperar activos y el sector financiero. La propuesta combina encargos para el sector público con servicios empresariales relacionados con el origen de fondos, la exposición al riesgo y la detección de redes de fraude.
Del rastreo en blockchain a la prueba judicial
Una de las dificultades de las investigaciones con activos digitales reside en trasladar los movimientos registrados en una red pública al marco documental y procesal exigido por un tribunal. La trazabilidad permite reconstruir operaciones, pero su utilidad jurídica depende de cómo se identifiquen los activos, se documenten las actuaciones y se preserve el material criptográfico intervenido.
Durante registros e incautaciones, Bit2Shield prevé prestar asistencia presencial y remota, realizar el volcado seguro de carteras y custodiar el material criptográfico. También localizará activos, descartará aquellos que no guarden relación con la investigación y elaborará informes periciales firmados digitalmente. Estos trabajos podrán completarse con la ratificación del peritaje en sede judicial.
La gestión posterior contempla la custodia en frío mediante wallets multifirma aisladas propiedad de Bit2Me. Si existe una resolución para realizar o liquidar los criptoactivos intervenidos, los fondos resultantes se transferirán en moneda fiduciaria a las cuentas oficiales de la entidad pública correspondiente. De este modo, la filial pretende cubrir la continuidad operativa entre la intervención inicial y la ejecución de la decisión adoptada por el órgano competente.
Para dirigir las investigaciones, la empresa ha incorporado a Adrián Maroño, exmiembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y con experiencia en investigaciones sobre crimen organizado y delitos tecnológicos. Maroño explica el problema que la nueva sociedad quiere abordar: «Durante años he visto de primera mano lo compleja que resulta la investigación de activos digitales cuando no se dispone de las herramientas ni del conocimiento técnico adecuados. En Bit2Shield ponemos a disposición del sector público y del privado una capacidad especializada que hasta ahora era difícil de encontrar reunida en un solo equipo: rigor operativo, trazabilidad on-chain y garantías procesales desde el primer minuto de una intervención».
Servicios para cumplimiento y riesgo financiero
El segundo frente de actividad se dirige a bancos, inversores institucionales y clientes de operaciones extrabursátiles. Bit2Shield ofrecerá certificación reforzada del origen de fondos, análisis de exposición al riesgo, auditoría y consultoría especializada en criptoactivos. También realizará labores de búsqueda de amenazas para detectar vínculos con estructuras de fraude.
Estos servicios pueden ayudar a los departamentos de cumplimiento a evaluar fondos cuyo historial se distribuye entre distintas direcciones y transacciones en blockchain. La aportación de la filial consistirá en analizar esa trazabilidad y documentar sus conclusiones, mientras que la entidad financiera conservará sus propios procesos de evaluación, control y toma de decisiones.
La oferta se completa con formación sobre intervención de criptoactivos, trazabilidad avanzada y el régimen regulatorio europeo. Los programas estarán dirigidos a cuerpos policiales, miembros de la judicatura y profesionales del sector bancario, tres colectivos que se aproximan a los mismos activos desde responsabilidades operativas y legales diferentes.
Una actividad separada de la conversión a euros
Bit2Shield se define como empresa de inteligencia blockchain, peritaje forense y soporte para la incautación y custodia, pero no como proveedor de servicios de criptoactivos. La sociedad sostiene que sus actividades de análisis, peritaje, asistencia operativa, certificación del origen de fondos y formación quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento europeo MiCA.
La conversión de criptoactivos a euros queda separada de ese perímetro. Cuando una actuación requiera liquidar los activos incautados, la operación será ejecutada por BITCOINFORME, S.L., sociedad del grupo que figura como proveedor de servicios de criptoactivos autorizado y regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta división delimita qué entidad realiza el análisis y la custodia técnica y cuál interviene cuando es necesario prestar un servicio regulado de conversión.
João Augusto C. Teixeira, fundador y Chief Compliance Officer del Grupo Bit2Me, vincula esta estructura con la necesidad de documentar todo el recorrido de los fondos: «Bit2Shield nace como el brazo técnico al servicio de jueces, fiscales, cuerpos policiales e instituciones financieras. Con el desarrollo de marcos normativos como MiCA y las exigencias de transparencia asociadas, hacía falta un puente riguroso que no solo rastree operaciones, sino que documente la cadena de custodia desde la incautación hasta la liquidación de los fondos. Con Bit2Shield aportamos capacidad técnica y trazabilidad procesal».
La creación de la filial sitúa a Bit2Me más allá de la compraventa y custodia convencional de activos digitales y le abre encargos vinculados a investigaciones financieras, procedimientos judiciales y controles bancarios. Para sus clientes institucionales, el efecto operativo será disponer de un único interlocutor técnico para rastrear un activo, asistir en su intervención, conservarlo y documentar las evidencias hasta que una autoridad decida su destino.
